Una causa emblemática en donde se dieron todas las características enumeradas claramente en un abuso o acoso laboral relacionado a un profesional médico, al inicio de la feria judicial, ya habría tenido una potencial resolución de "falta de mérito".
Locales23/01/2023
leonardo fernández acosta
El acoso sexual denunciado se dio en varias oportunidades cuando se desempeñaba en la Asociación de Prestadores de la Salud, APS (según la denunciante) y más allá de las situaciones puntuales de cada una de ellas, los hechos forman parte del "manual del acosador" quien valiendose de ser un superior jerárquico, jefe o empresario, condiciona a la víctima a situaciones de abuso sexual, acompañadas de posteriores repercusiones negativas o positivas, si esta cede o no ante los chantajes explícitos del jefe.
Las repercusiones negativas si la víctima no accede a la extorsión, en general tiene como consecuencia que el abusador, debido a su poder de decisión en la Asociación, afecte las condiciones laborales de la víctima.
Inmediatamente de la negativa a los "avances del jefe", lo que continúa es el "mobbing" que es el conjunto de acciones continuadas de violencia psicológica injustificada (insultos, humillaciones, menosprecios, aislamiento, difusión de rumores, etc.) para que la víctima se sienta realmente mal en su ambiente de trabajo.
Cuando procede la denuncia en la justicia ante lo insostenible de la situación y la víctima ha pasado por todas las etapas, haber sido chantajeada con contenido sexual, soportar las insinuaciones, ser tratada de manera denigrante u obscena, haber sido sexualizada en perjuicio de su actividad o capacidad laboral y sin su consentimiento (inclusive con bromas o comentarios de sus compañeros de trabajo que hasta la responsabilizan por la situación) viene la segunda parte de la historia de terror, la revictimización. No recibe ayuda de sus compañeros de trabajo por presiones respecto de la estabilidad laboral, salvo contadas excepciones y finalmente la terminan echando perdiendo también su fuente de ingresos
El acusado por presunto abuso sexual, sigue ocupando cargos en la mutual y se trata del médico Celedonio Martínez quien aparte goza de los favores en la mediación de nada menos que el Ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, quien intentó frenar el escándalo mediante su hermano ofreciendole tres meses de sueldo para que no hiciera ninguna denuncia.
El potencial tráfico de influencias se extiende ahora a la justicia en donde no ha se ha movido un papel y ya habrían adelantado para tranquilidad de Celedonio Martínez , que al iniciar la feria judicial a fines del año pasado, la "falta de mérito" se anticipaba como un regalo para el de navidad.
El Ministro Gómez que no pasa por un buen momento, estaría decidido a no soltarle la mano al compañero Martínez, (no está por demás aclararlo, era el único que frente a APS, le prestaba atenciones a los afiliados del IASEP, mientras FEMEFOR Y ACLISA pedían actualización de honorarios), por lo que la víctima no solo sufrío lo denunciado sino que ahora tiene que defenderse en absoluta desventaja contra el Poder Ejecutivo, además del Poder Judicial.
La Secretaría de la Mujer, aclaró que nunca fue participada del hecho pero si hay algo que certifica que no participará aún tratándose de un caso testigo, es el involucramiento de funcionarios del gobierno de Insfrán. Y a pesar de los hechos denunciados, el Dr. Celedonio Martínez tendría ínfulas, no solo de seguir manejando los fondos de APS sino además de ser favorecido con un cargo jerárquico en el MDH.
"Sé qué desde arriba están protegiendo a este infeliz"
El caso volverá a activarse en el mes de febrero cuando finalice la feria y la aparición de un nuevo abogado en la causa (no relacionado al poder) promete romper con la grosera censura del hecho en la primera persona de la víctima.
Un caso que por lejos derrumba estrepitosamente la hipocresía del gobierno de la provincia acerca de los derechos de género, tapando con relato, discursos y miles de millones gastados en cursos de actualización, un supuesto abuso sexual, porque el aparente responsable es de las huestes del oficialismo.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
La UCR formoseña se hunde en su peor crisis histórica. Con el 3,66% de los votos, Miguel Montoya y Agostina Villaggi niegan la realidad, protegen el aparato vacío y planean candidaturas de fantasía mientras el partido se desintegra.
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