Además, desde el 1 de enero al 29 de junio de este año, se registraron 272 intentos de femicidios. Los datos fueron aportados hoy por el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá)
Locales01/07/2023
leonardo fernández acosta
Un total de 136 femicidios directos, vinculados y transtravesticidios fueron cometidos en distintos puntos del país durante el primer semestre de 2023, a raíz de los cuales, 134 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre, informó hoy el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá) «Mujeres, Disidencias, Derechos»
Además hay 40 muertes violentas de mujeres y travestis trans en proceso de investigación; 32 muertes asociadas al género, relacionadas a economías delictivas y 5 suicidios femicidas.
Del total de 136 femicidios, 114 fueron femicidios directos, 11 vinculados de niños/varones, 9 vinculados de niñas/mujeres y 2 trans travesticidios.
Además, desde el 1 de enero al 29 de junio de este año, se registraron 272 intentos de femicidios.
El 30% de los casos se consumó con un arma blanca; el 25% con arma de fuego, 15% por asfixia; 14% a golpes; 9% con quemaduras; 5% sin datos y un 4% por caída en altura.
El 57% de los femicidios fue cometido por la pareja o expareja de la víctima; el 70% de los casos fue en la casa de la víctima; un 11% en la vía pública; el 9% en la casa del victimario y el resto en descampados, propiedades privadas o el lugar de trabajo de la víctima.
El informe reveló que la edad promedio de la víctima fue de 37 años; el 48% de las víctimas tenían hijos; el 18% había denunciado a su agresor y un 14% estuvo desaparecida.
A su vez, el 78% de las víctimas que habían denunciado a su agresor tenía restricción de acercamiento y un 22% botón antipánico.
En el 18% de los casos, el femicida, cuya edad promedio fue de 39 años, asesinó a una tercera persona (femicidio vinculado por interposición) o para ocasionar un daño irreparable a estas mujeres (femicidio vinculado); un 22% se suicidó tras el hecho; un 9 % tenía antecedentes penales; y el 6% abusó sexualmente de sus víctimas.
En tanto, las provincias con tasas más altas de femicidios fueron Chaco, Neuquén, Santiago del Estero y Formosa; al tiempo que la tasa nacional fue de 0,5 femicidios cada 100.000 mujeres.
Según MumaLá, un total de 134 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre a raíz de estos hechos.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
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La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
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