En ese sentido, los primeros distritos en los que se puso en marcha esta modalidad fueron Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones y Salta, a las que luego se le sumaron algunas mesas bonaerenses.
Locales06/08/2023
leonardo fernández acosta
Por tercera vez, la Justicia Electoral Nacional realizará una prueba piloto de votación por huellas dactilares en mesas de 12 provincias. Esta modalidad será voluntaria y podrá utilizarse tanto en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como en las generales del 22 de octubre.
Los distritos elegidos para probar este formato son Salta, Misiones, Mendoza, Jujuy, Formosa, Corrientes, Chaco, La Rioja, Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Santa Fe, por lo que algunas mesas contarán con unos dispositivos, parecidos a un teléfono celular, para que quienes quieran participar del ensayo puedan hacerlo.
De esta manera, la Cámara Nacional Electoral (CNE) pretende retomar las pruebas piloto de registro biométrico que comenzó en 2017 por medio de la acordada 50/17, en la que dispuso realizarlas en las provincias de la frontera norte con “utilización de herramientas de identificación biométrica para la comprobación de la identidad de electores en mesas de votación”.
En ese sentido, los primeros distritos en los que se puso en marcha esta modalidad fueron Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones y Salta, a las que luego se le sumaron algunas mesas bonaerenses.
En la segunda oportunidad, se eligieron las mismas provincias, pero también se implementó en Mendoza. Sin embargo, la prueba debió pausarse en 2021 debido a los estrictos protocolos que regían en ese momento debido a la pandemia por el coronavirus.
Ahora, la CNE busca agregar más provincias para poder así continuar con estas pruebas que tienen el objetivo de aplicar “nuevos controles que robustezcan y agilicen los procedimientos registrales”, puesto que se consideró “conveniente” continuar con el proyecto de utilización de herramientas informáticas de identificación biométrica durante las elecciones nacionales, según precisaron a Télam desde el organismo electoral.
En este marco, el vocero de la Justicia Electoral mencionó que, en las últimas elecciones en las que se llevó a cabo este ensayo, el sistema de votación por huella dactilar “tuvo muy buena respuesta por parte de los electores y también de las agrupaciones políticas”.
Con respecto a la seguridad del sistema, desde la CNE alegaron que los datos “están encriptados” y mencionaron que la verificación de la certidumbre de esta modalidad quedó en manos del área de seguridad del Consejo de la Magistratura.
El procedimiento es similar a la forma de votación habitual, solo que la persona deberá colocar su dedo en un lector que permite validar su identidad. En cada mesa que cuente con uno de estos dispositivos digitales en las elecciones del próximo 13 de agosto, se le consultará al elector si desea optar por este sistema luego de que presente el DNI. Lo mismo sucederá en las generales, ya que consideran que este formato “favorece los tiempos acelerando el sufragio”, pero no se aplicará en un balotaje, si es que se llega a esa instancia.
Los dispositivos de huellas dactilares se distribuirán de la siguiente manera: en Salta, habrá disponibles 76; 488 en Misiones; 22 en Mendoza; 51 en el territorio jujeño; 209 en las mesas de Formosa; 89 en Corrientes; 45 en Chaco; 30 en La Rioja; 150 en el territorio bonaerense; 30 en La Pampa; 30 de San Luis; y 85 en Santa Fe.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
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En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
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Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
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