Con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones, se aprobó el proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
Locales23/08/2023
leonardo fernández acosta
En la primera sesión tras las elecciones PASO, la oposición unida en la Cámara de Diputados, excepto la izquierda y los tres libertarios Javier Milei , Victoria Villarruel y Carolina Píparo que querían la derogación total, logró conseguir la media sanción de una reforma a la Ley de Alquileres, tras una votación que resultó con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones. El proyecto pasa ahora al Senado, que no se reúne para tratar iniciativas desde hace cuatro meses.
En primer lugar, este miércoles fracasaron una docena de proyectos que proponían la derogación total de la actual 27.551 al no reunir los dos tercios necesarios, ya que no contaban con dictamen. La idea era fuertemente avalada por buena parte de Juntos por el Cambio y los libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Pero desde el principio se sabía que no habría chance.
Luego comenzó el debate, que tuvo una corta lista de oradores, sobre los dictámenes que se firmaron el año pasado, y que nunca habían llegado al recinto hasta hoy.
En la primera votación, JxC, los libertarios y los bloques provinciales consiguieron su segundo objetivo -el primero fue el quórum- de rechazar el dictamen de mayoría del Frente de Todos. El oficialismo tuvo varios ausentes, pero igualmente no hubiera llegado con el número para imponerse, ni siquiera con el Frente de Izquierda a favor. El resultado fue por 109 votos afirmativos y 131 negativos.
A continuación, se sometió a votación el dictamen de minoría, el cual tuvo modificaciones que fueron producto de varias negociaciones previas. Plantados en esa postura, los legisladores de La Libertad Avanza terminaron votando en contra del dictamen de minoría, al igual que el oficialismo.
Los dos cambios centrales al texto original -que salió de comisiones el 22 de junio de 2022- se refieren al período de tiempo para los ajustes y al mecanismo que podrán utilizar las partes para la actualización del precio.
De esta manera, la iniciativa aprobada establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”.
En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Además, el proyecto vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos e incorpora una serie de incentivos para promover la oferta de viviendas en el mercado.
En relación a los beneficios fiscales, se contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”. Parlamentario.
Gildo Insfrán y su gabinete juran fidelidad a una Constitución presentada como moderna, mientras acumulan décadas en el poder. Ministros eternos, fiscal obediente y un Poder Judicial ausente consolidan una provincia donde los ciudadanos viven reducidos a un estatus de súbditos y la alternancia democrática es un espejismo.
La reforma constitucional en Formosa no solo exhibió la habilidad de Insfrán para eternizarse en el poder, sino también la fragilidad de una oposición que se vende al mejor postor. El caso Servín desnuda la obscena compraventa de conciencias y la miseria de una política que se alimenta de la necesidad.
Con la Cláusula Transitoria Cuarta, la Convención Constituyente formoseña abrió la puerta para que Gildo Insfrán busque un noveno mandato y Eber Solís un tercero. Una reforma hecha a medida, que desconoce el fallo de la Corte Suprema y dinamita la alternancia republicana: la Constitución convertida en espejo para perpetuar al caudillo
El radicalismo formoseño, entre el canibalismo y la improvisación: en vez de concentrarse en frenar la reelección eterna de Insfrán ante la Corte Suprema, se devora a sí mismo. Ahora incluso le quitaron el poder al Dr. Juan Montoya —el abogado que motorizó la inhabilitación del gobernador antes de la reforma—, en la presentación de una nueva medida judidial y en medio en una interna avalada por su propio hermano, el diputado Miguel Montoya
El gobernador formoseño acusa a Javier Milei de autoritario, pero lo hace con el republicanismo atrofiado tras tres décadas de feudalismo. Señala al otro por concentrar el poder mientras en su provincia la división de poderes es un decorado, la alternancia es imposible y la democracia se reduce a la obediencia al jefe.
El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
El radicalismo formoseño, entre el canibalismo y la improvisación: en vez de concentrarse en frenar la reelección eterna de Insfrán ante la Corte Suprema, se devora a sí mismo. Ahora incluso le quitaron el poder al Dr. Juan Montoya —el abogado que motorizó la inhabilitación del gobernador antes de la reforma—, en la presentación de una nueva medida judidial y en medio en una interna avalada por su propio hermano, el diputado Miguel Montoya
Con la Cláusula Transitoria Cuarta, la Convención Constituyente formoseña abrió la puerta para que Gildo Insfrán busque un noveno mandato y Eber Solís un tercero. Una reforma hecha a medida, que desconoce el fallo de la Corte Suprema y dinamita la alternancia republicana: la Constitución convertida en espejo para perpetuar al caudillo
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Gildo Insfrán y su gabinete juran fidelidad a una Constitución presentada como moderna, mientras acumulan décadas en el poder. Ministros eternos, fiscal obediente y un Poder Judicial ausente consolidan una provincia donde los ciudadanos viven reducidos a un estatus de súbditos y la alternancia democrática es un espejismo.
