Insfrán y su Constitución chavista: venganza contra la oposición bajo el ropaje de la ley

En la política formoseña, la ley no siempre es un límite: muchas veces es un arma. La Constitución provincial establece que un legislador que no asista a las sesiones puede ser sancionado con multas, suspensiones, exclusión e incluso destitución. Y si presenta la renuncia pero sus pares no la aceptan, seguirá siendo legislador, con todas las obligaciones y riesgos de sanción que eso implica. Lo mismo ocurre con los convencionales constituyentes: su funcionamiento se rige por las normas de la Cámara de Diputados, por lo que las herramientas disciplinarias están al alcance de la mayoría oficialista.

Este detalle técnico se vuelve clave ahora, porque el gildismo tiene en sus manos una oportunidad perfecta para cobrarse las afrentas políticas recientes. No sería extraño que se utilice este andamiaje normativo para ejecutar un operativo disciplinario contra los convencionales de La Libertad Avanza que renunciaron y abandonaron la convención, denunciando censura, violación al reglamento y un sinfín de arbitrariedades. El libreto sería simple: aplicar la letra fría de la ley para disfrazar de institucionalidad lo que en realidad sería una venganza política.

No es un invento ni una exageración. La convención constituyente no funciona como un órgano deliberativo autónomo: es, en los hechos, una escribanía del Poder Ejecutivo. La mayoría oficialista, disciplinada hasta el servilismo, no debate, no enmienda, no objeta. Solo aprueba lo que ya llegó cocinado desde Casa de Gobierno. Y lo aprobado hasta el momento es de una gravedad institucional que trasciende lo local: varios de los artículos votados violan la Constitución Nacional, en especial en lo que respecta a los derechos de propiedad.

Uno de esos cambios —con un tufo ideológico que recuerda más a Caracas que a la República Argentina— declara la propiedad privada como “de interés social” y, por lo tanto, sujeta a expropiación (algo varias veces practicado por Insfrán y sus obedientes legisladores). En manos de un poder político tan concentrado como el de Gildo Insfrán, esta cláusula no es una simple declaración: es una amenaza. Abre la puerta a que cualquier bien, desde una parcela hasta una empresa, pueda ser arrebatado bajo el argumento de que “el interés social” lo requiere. Es la consagración, por vía constitucional, de un mecanismo de control y castigo económico a discreción del poder.

En este contexto, la posible persecución a los convencionales opositores cobra otro sentido: no sería solo un castigo por haberse levantado de la mesa, sino una advertencia para todo aquel que intente cuestionar el proyecto de reforma. Un mensaje claro: “El que se va, paga. El que se queda, obedece”.

Y en medio de este juego de presiones, chantajes y venganzas, están los convencionales radicales, que deambulan como turco en la neblina. No saben —o no quieren saber— si van a plantarse frente a la embestida oficialista o si van a seguir cumpliendo el papel de oposición testimonial que tanto le gusta al gildismo. Su indecisión es funcional al poder: cada día que pasa sin que definan una postura, el oficialismo avanza un metro más sobre la Constitución y sobre los derechos de los formoseños.

La pregunta es inevitable: ¿se sumará otro capítulo bochornoso a esta convención que ya nació bajo sospecha y hoy opera como laboratorio de una reforma prearmada, violatoria de la Constitución Nacional y con espíritu de normativa chavista? Todo indica que sí. Porque cuando el reglamento, las mayorías y el relato están en manos del gildismo, el final ya está escrito: propiedad privada relativizada, instituciones domesticadas, oposición disciplinada y un gobernador más fuerte que nunca.