Fentanilo contaminado en Formosa: la otra pandemia que se esconde bajo el silencio oficial

En la Argentina ya no sorprende que una tragedia sanitaria se convierta en un rompecabezas burocrático, pero el caso del fentanilo contaminado rompe todos los límites. No hablamos de un virus desconocido o de una catástrofe imprevisible. Hablamos de un medicamento fabricado por un laboratorio argentino, HLB, que terminó siendo un veneno mortal para decenas de pacientes. Y mientras los peritos del Instituto Malbrán confirman lo que la evidencia clínica grita a voces, el conteo macabro sigue en aumento.

La última actualización es escalofriante: once nuevos fallecimientos identificados, tres en un hospital de la ciudad de Formosa, uno en Córdoba y siete en Santa Fe. Y a esto se suman otros nueve decesos en Bahía Blanca catalogados como “dudosos” solo porque aún no hay confirmación pericial. El total oficial asciende a 76 muertos, pero los investigadores ya admiten que en los próximos días la cifra podría superar el centenar. Es decir, lo peor todavía no pasó.

Lo más grave no es solo la magnitud de la tragedia, sino el patrón de encubrimiento y dilación que la acompaña. El hermetismo del gobierno de Formosa sobre las muertes locales es un ejemplo de libro: información mínima, declaraciones tibias y cero transparencia. Como si el ocultar fuera una forma de administrar la crisis. Pero el silencio no salva vidas; apenas protege carreras políticas y evita titulares incómodos.

El retiro del lote contaminado y la suspensión de actividades del laboratorio son medidas que llegaron tarde, demasiado tarde, cuando la droga mortal ya había sido inyectada a pacientes en estado crítico. La mayoría de ellos estaba en Unidades de Cuidados Intensivos, vulnerables y confiados en un sistema que debía curarlos, no matarlos. El relato oficial habla de paros cardiorrespiratorios como causa final, pero el trasfondo es otro: negligencia en la producción, fallas en el control, y un Estado que mira para otro lado hasta que los cadáveres se apilan lo suficiente como para que el escándalo sea inocultable.

La Justicia, que ahora intenta determinar el grado de responsabilidad de empleados y directivos de HLB, debería también poner la lupa sobre los organismos de control, porque ningún lote contaminado llega al mercado sin que antes alguien, en un escritorio estatal, lo habilite. Y si lo hizo sin saber, es incompetencia. Si lo hizo sabiendo, es complicidad.

En este contexto, el dolor de las familias se ve agravado por la opacidad oficial. No hay cadena nacional para explicar qué pasó. No hay conferencia de prensa con funcionarios asumiendo responsabilidades. Hay apenas comunicados secos, datos sueltos y un desfile de tecnicismos que buscan diluir lo esencial: se distribuyó y aplicó un medicamento mortal bajo la supuesta vigilancia de un Estado presente.

Si, como admiten los investigadores, la lista de víctimas mortales supera la barrera de las 100 personas, estaremos frente a uno de los crímenes sanitarios más graves de las últimas décadas. No será un accidente trágico: será la prueba de que en Argentina la impunidad también se receta, se inyecta y se tapa. Y que la muerte, cuando llega por negligencia, no es un hecho fortuito, sino la consecuencia directa de un sistema donde la salud pública y el control farmacéutico se subordinan a la desidia, la corrupción y la cobardía política.