La Legislatura tratará este martes, la emergencia económica, la Ley de Tierras Fiscales, la desregulación de empresas del estado y convertirá en Administración Tributaria la Dirección General de Rentas de la provincia.
Locales25/12/2023
leonardo fernández acosta
Este martes a las 10 horas, el presidente nato de la Legislatura Provincial, Eber Solís, convocó a los diputados provinciales por encargo del gobernador, Gildo Insfrán, para tratar y aprobar cuatro proyectos de Ley.
El primer expediente, el N° 145, trata de la prórroga de la emergencia económica , una norma que va en contrasentido antes el discurso del superávit de más de 20 años sin embargo el gobernador Insfrán utiliza la emergencia económica para tener superpoderes. Ante la situación catastrófica que ha dejado el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández podría estar justificada pero en realidad se usa para blindar al gobierno provincial ante el reclamo judicial de sus acreedores o terceros afectados.
Son miles los juicios que le han ganado al estado y que tienen carácter alimentario pero entran en un callejón sin salida ya que por esta ley el estado no paga, lo mismo pasa con los proveedores. Los amigos están todos al día y aquellos menos simpáticos llevan meses y hasta más de un año de atraso en los pagos.
Tratarán también el expediente 146 que modifica el art. 26 de la Ley 113 del régimen de Colonización y Tierras Fiscales, el cual busca autorizar que personas jurídicas o de existencia ideal puedan adquirir terrenos fiscales para la producción de energías renovables.
En principio la iniciativa parecería bien intencionada pero tiene como contracara la desigualdad y la discriminación ya que hay miles de productores que pelean por sus títulos y lejos de regularizarles la situación terminan siendo perseguidos.
La normativa, más que beneficiar futuros emprendimientos productivos, serviría además para favorecer a empresarios amigos, entregándoles los títulos de propiedad, antes de que en la provincia se realice una auditoría nacional respecto del tema.
En el expediente N° 147 modificarán los artículos 11 y 123 de la Ley 1180 de Administración Financiera para permitir que las empresas que están comprendidas en regulaciones de compras y contrataciones, empresas del estado, de economía mixta o fondos fiduciarios donde el gobierno tenga participación no tengan control de las contrataciones. Esto aniquila la transparencia, la economía, la eficiencia del gasto público entre otras cuestiones que se suprimirán buscando la contratación directa sin ningún tipo de control con la excusa de darle agilidad o mejor dinámica de las empresas, en síntesis poder contratar como quieran sin transparencia o publicidad de los actos.
El último expediente, de número 148, modificarán la Dirección General de Rentas de la provincia para convertirla en una Administración Tributaria de la Provincia de Formosa con cuatro directores. Van a ampliar la cantidad de personal con un claro objetivo persecutorio y recaudatorio en un momento donde los comerciantes y empresarios caen en las ventas, estacionales como diarias.
La Administración aparece, ampliando el gasto público provincial, en un momento en donde todas las provincias están achicando el estado. Entre muchas atribuciones desproporcionadas, tendrá facultades para decidir una clausura como medida inmediata y va a pasar lo que pasó en la pandemia con el gobierno persiguiendo a los comerciantes opositores.
Insfrán apura a sus obedientes diputados para recaudar más, contratar de manera directa sin controles, darle títulos a sus empresarios amigos y volver a blindarse contra sus deudas, como desde hace 20 años.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
José Mayans es el retrato de la decadencia política formoseña: un senador que pasó más de dos décadas vegetando en el Congreso, incapaz de articular un discurso serio y que, como presidente del bloque kirchnerista, solo sabe regalar papelones. Su última hazaña: una agresión verbal cargada de violencia de género contra la candidata Virginia Gallardo, a quien calificó de “tonta” y “estúpida”, confirmando que el feudo de Insfrán produce legisladores mediocres, vulgares y violentos.
El fallo de Corrientes que desnuda cómo Insfrán usa la ley provincial para blindarse, mientras habla de superávit y avanza sobre la propiedad privada sin todavía haber modificado la Constitución Provincial. Le recordaron a los jueces militantes que la Corte Suprema ya había establecido que los tribunales provinciales no deben revisar el fondo de los fallos de otras jurisdicciones, sino simplemente garantizar su ejecución.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
