La Legislatura tratará este martes, la emergencia económica, la Ley de Tierras Fiscales, la desregulación de empresas del estado y convertirá en Administración Tributaria la Dirección General de Rentas de la provincia.
Locales25/12/2023
leonardo fernández acosta
Este martes a las 10 horas, el presidente nato de la Legislatura Provincial, Eber Solís, convocó a los diputados provinciales por encargo del gobernador, Gildo Insfrán, para tratar y aprobar cuatro proyectos de Ley.
El primer expediente, el N° 145, trata de la prórroga de la emergencia económica , una norma que va en contrasentido antes el discurso del superávit de más de 20 años sin embargo el gobernador Insfrán utiliza la emergencia económica para tener superpoderes. Ante la situación catastrófica que ha dejado el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández podría estar justificada pero en realidad se usa para blindar al gobierno provincial ante el reclamo judicial de sus acreedores o terceros afectados.
Son miles los juicios que le han ganado al estado y que tienen carácter alimentario pero entran en un callejón sin salida ya que por esta ley el estado no paga, lo mismo pasa con los proveedores. Los amigos están todos al día y aquellos menos simpáticos llevan meses y hasta más de un año de atraso en los pagos.
Tratarán también el expediente 146 que modifica el art. 26 de la Ley 113 del régimen de Colonización y Tierras Fiscales, el cual busca autorizar que personas jurídicas o de existencia ideal puedan adquirir terrenos fiscales para la producción de energías renovables.
En principio la iniciativa parecería bien intencionada pero tiene como contracara la desigualdad y la discriminación ya que hay miles de productores que pelean por sus títulos y lejos de regularizarles la situación terminan siendo perseguidos.
La normativa, más que beneficiar futuros emprendimientos productivos, serviría además para favorecer a empresarios amigos, entregándoles los títulos de propiedad, antes de que en la provincia se realice una auditoría nacional respecto del tema.
En el expediente N° 147 modificarán los artículos 11 y 123 de la Ley 1180 de Administración Financiera para permitir que las empresas que están comprendidas en regulaciones de compras y contrataciones, empresas del estado, de economía mixta o fondos fiduciarios donde el gobierno tenga participación no tengan control de las contrataciones. Esto aniquila la transparencia, la economía, la eficiencia del gasto público entre otras cuestiones que se suprimirán buscando la contratación directa sin ningún tipo de control con la excusa de darle agilidad o mejor dinámica de las empresas, en síntesis poder contratar como quieran sin transparencia o publicidad de los actos.
El último expediente, de número 148, modificarán la Dirección General de Rentas de la provincia para convertirla en una Administración Tributaria de la Provincia de Formosa con cuatro directores. Van a ampliar la cantidad de personal con un claro objetivo persecutorio y recaudatorio en un momento donde los comerciantes y empresarios caen en las ventas, estacionales como diarias.
La Administración aparece, ampliando el gasto público provincial, en un momento en donde todas las provincias están achicando el estado. Entre muchas atribuciones desproporcionadas, tendrá facultades para decidir una clausura como medida inmediata y va a pasar lo que pasó en la pandemia con el gobierno persiguiendo a los comerciantes opositores.
Insfrán apura a sus obedientes diputados para recaudar más, contratar de manera directa sin controles, darle títulos a sus empresarios amigos y volver a blindarse contra sus deudas, como desde hace 20 años.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Mayans descansa en una playa de la costa bonaerense a la que la inmensa mayoría de los formoseños nunca podrá acceder: no por falta de ganas, sino por salarios que no alcanzan, distancias imposibles y un modelo de poder que condena a muchos a no conocer jamás el mismo descanso que disfrutan quienes dicen representarlos.
Gildo Insfrán, de vacaciones bajo secreto, se pierde el anuncio de un subsidio energético que Formosa necesita hace décadas y que nunca gestionó con sus aliados. Lo logró Milei. La ironía política perfecta: el "monstruo" libera, el "protector" desaparece.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
La muerte de Cristian Robles expuso la falla estructural del sistema de seguridad en Formosa: la prevención es una promesa incumplida. Una pelea de una hora, en la tarde noche, en una avenida transitada, terminó en homicidio sin que la policía interviniera a tiempo. La detención posterior , por entrega voluntaria, no corrige la ausencia inicial. Mientras el Estado llega tarde y sólo actúa cuando el daño es irreversible, los formoseños pagan por una fuerza que no los protege.
