La Legislatura tratará este martes, la emergencia económica, la Ley de Tierras Fiscales, la desregulación de empresas del estado y convertirá en Administración Tributaria la Dirección General de Rentas de la provincia.
Locales25/12/2023
leonardo fernández acosta
Este martes a las 10 horas, el presidente nato de la Legislatura Provincial, Eber Solís, convocó a los diputados provinciales por encargo del gobernador, Gildo Insfrán, para tratar y aprobar cuatro proyectos de Ley.
El primer expediente, el N° 145, trata de la prórroga de la emergencia económica , una norma que va en contrasentido antes el discurso del superávit de más de 20 años sin embargo el gobernador Insfrán utiliza la emergencia económica para tener superpoderes. Ante la situación catastrófica que ha dejado el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández podría estar justificada pero en realidad se usa para blindar al gobierno provincial ante el reclamo judicial de sus acreedores o terceros afectados.
Son miles los juicios que le han ganado al estado y que tienen carácter alimentario pero entran en un callejón sin salida ya que por esta ley el estado no paga, lo mismo pasa con los proveedores. Los amigos están todos al día y aquellos menos simpáticos llevan meses y hasta más de un año de atraso en los pagos.
Tratarán también el expediente 146 que modifica el art. 26 de la Ley 113 del régimen de Colonización y Tierras Fiscales, el cual busca autorizar que personas jurídicas o de existencia ideal puedan adquirir terrenos fiscales para la producción de energías renovables.
En principio la iniciativa parecería bien intencionada pero tiene como contracara la desigualdad y la discriminación ya que hay miles de productores que pelean por sus títulos y lejos de regularizarles la situación terminan siendo perseguidos.
La normativa, más que beneficiar futuros emprendimientos productivos, serviría además para favorecer a empresarios amigos, entregándoles los títulos de propiedad, antes de que en la provincia se realice una auditoría nacional respecto del tema.
En el expediente N° 147 modificarán los artículos 11 y 123 de la Ley 1180 de Administración Financiera para permitir que las empresas que están comprendidas en regulaciones de compras y contrataciones, empresas del estado, de economía mixta o fondos fiduciarios donde el gobierno tenga participación no tengan control de las contrataciones. Esto aniquila la transparencia, la economía, la eficiencia del gasto público entre otras cuestiones que se suprimirán buscando la contratación directa sin ningún tipo de control con la excusa de darle agilidad o mejor dinámica de las empresas, en síntesis poder contratar como quieran sin transparencia o publicidad de los actos.
El último expediente, de número 148, modificarán la Dirección General de Rentas de la provincia para convertirla en una Administración Tributaria de la Provincia de Formosa con cuatro directores. Van a ampliar la cantidad de personal con un claro objetivo persecutorio y recaudatorio en un momento donde los comerciantes y empresarios caen en las ventas, estacionales como diarias.
La Administración aparece, ampliando el gasto público provincial, en un momento en donde todas las provincias están achicando el estado. Entre muchas atribuciones desproporcionadas, tendrá facultades para decidir una clausura como medida inmediata y va a pasar lo que pasó en la pandemia con el gobierno persiguiendo a los comerciantes opositores.
Insfrán apura a sus obedientes diputados para recaudar más, contratar de manera directa sin controles, darle títulos a sus empresarios amigos y volver a blindarse contra sus deudas, como desde hace 20 años.
Mientras los productores evacúan animales y pierden su capital bajo el agua, el Gobierno llega tarde con la ayuda pero rápido con el censo tributario: antes que asistencia, pretende registrarlos para seguir cobrándoles impuestos en plena emergencia.
El gobierno de Formosa repudia desde el PJ la situación en Venezuela, pero contrata a médicos que huyeron del chavismo y hoy callan por miedo. Víctimas del exilio, repiten en Formosa el mismo silencio aprendido bajo Maduro, ante un poder que tampoco tolera la crítica.
La homilía de Conejero expresó una realidad que la sociedad reconoce en su vida cotidiana y que el discurso oficial ya no logra tapar. Las respuestas de Jorge González y Graciela Parola, lejos de desacreditar al Obispo, expusieron el desgaste del relato y el rechazo creciente hacia quienes intentan sostenerlo desde los actos militantes y no desde la calle.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
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Mientras los productores evacúan animales y pierden su capital bajo el agua, el Gobierno llega tarde con la ayuda pero rápido con el censo tributario: antes que asistencia, pretende registrarlos para seguir cobrándoles impuestos en plena emergencia.
