La Legislatura tratará este martes, la emergencia económica, la Ley de Tierras Fiscales, la desregulación de empresas del estado y convertirá en Administración Tributaria la Dirección General de Rentas de la provincia.
Locales25/12/2023
leonardo fernández acosta
Este martes a las 10 horas, el presidente nato de la Legislatura Provincial, Eber Solís, convocó a los diputados provinciales por encargo del gobernador, Gildo Insfrán, para tratar y aprobar cuatro proyectos de Ley.
El primer expediente, el N° 145, trata de la prórroga de la emergencia económica , una norma que va en contrasentido antes el discurso del superávit de más de 20 años sin embargo el gobernador Insfrán utiliza la emergencia económica para tener superpoderes. Ante la situación catastrófica que ha dejado el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández podría estar justificada pero en realidad se usa para blindar al gobierno provincial ante el reclamo judicial de sus acreedores o terceros afectados.
Son miles los juicios que le han ganado al estado y que tienen carácter alimentario pero entran en un callejón sin salida ya que por esta ley el estado no paga, lo mismo pasa con los proveedores. Los amigos están todos al día y aquellos menos simpáticos llevan meses y hasta más de un año de atraso en los pagos.
Tratarán también el expediente 146 que modifica el art. 26 de la Ley 113 del régimen de Colonización y Tierras Fiscales, el cual busca autorizar que personas jurídicas o de existencia ideal puedan adquirir terrenos fiscales para la producción de energías renovables.
En principio la iniciativa parecería bien intencionada pero tiene como contracara la desigualdad y la discriminación ya que hay miles de productores que pelean por sus títulos y lejos de regularizarles la situación terminan siendo perseguidos.
La normativa, más que beneficiar futuros emprendimientos productivos, serviría además para favorecer a empresarios amigos, entregándoles los títulos de propiedad, antes de que en la provincia se realice una auditoría nacional respecto del tema.
En el expediente N° 147 modificarán los artículos 11 y 123 de la Ley 1180 de Administración Financiera para permitir que las empresas que están comprendidas en regulaciones de compras y contrataciones, empresas del estado, de economía mixta o fondos fiduciarios donde el gobierno tenga participación no tengan control de las contrataciones. Esto aniquila la transparencia, la economía, la eficiencia del gasto público entre otras cuestiones que se suprimirán buscando la contratación directa sin ningún tipo de control con la excusa de darle agilidad o mejor dinámica de las empresas, en síntesis poder contratar como quieran sin transparencia o publicidad de los actos.
El último expediente, de número 148, modificarán la Dirección General de Rentas de la provincia para convertirla en una Administración Tributaria de la Provincia de Formosa con cuatro directores. Van a ampliar la cantidad de personal con un claro objetivo persecutorio y recaudatorio en un momento donde los comerciantes y empresarios caen en las ventas, estacionales como diarias.
La Administración aparece, ampliando el gasto público provincial, en un momento en donde todas las provincias están achicando el estado. Entre muchas atribuciones desproporcionadas, tendrá facultades para decidir una clausura como medida inmediata y va a pasar lo que pasó en la pandemia con el gobierno persiguiendo a los comerciantes opositores.
Insfrán apura a sus obedientes diputados para recaudar más, contratar de manera directa sin controles, darle títulos a sus empresarios amigos y volver a blindarse contra sus deudas, como desde hace 20 años.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
