Laura Filippini, médica contratada, igual que los despedidos, debería conocer cuales son los "derechos" adquiridos de los empleados porque sencillamente tiene una esposo que se desempeña en el fuero laboral.
Locales06/01/2024
leonardo fernández acosta
Desde el ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa desmintieron enfáticamente que haya despidos ni cesantías en el organismo sanitario y mucho menos “persecución y hostigamiento a empleados” tal como lo expresó públicamente una diputada provincial que, una vez más, busca generar confusión entre la ciudadanía con denuncias que no se ajustan a la realidad.
Fue la doctora Laura Filippini, directora de Coordinación de Establecimientos del MDH, quien salió a “poner la cara” por el Ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez y el gobernador de la provincia quien dio la orden, específicamente por una persecución ideológica a personas que apoyaron la candidatura del presidente, Javier Milei.
Lo curioso es que la doctora Filippini, también está contratada desde hace años y no es planta permanente por lo cual también podría correr la suerte de aquellos a los que hoy despiden y desvaloriza, como si fuera una situación de rutina, “En el caso de los agentes que salieron a expresar su malestar, podemos decir que se trata de personal con contratos o jornalizaciones por tiempo determinado que fenecieron el 31 de diciembre del año 2023 por lo que no se despidió a nadie ni se cesanteó a personal alguno”. Ella está exactamente en la misma situación.
Pero claro, hay una situación que hace que esta profesional médica tenga cierta confianza en la continuidad de su cargo, aún si es desplazado el Ministro Gómez. El esposo es el Juez Presidente de la Sala I del Tribunal del Trabajo ya que se trata del abogado, Víctor Ramón Portales. Como suele ocurrir cuando los cargos son puestos la dedos, todo queda en familia.
Juez polémico
El juez laboral Víctor Ramón Portales , fue suspendido por diez días sin goce de haberes por haber presentado un escrito otorgándose la representación de los otros dos jueces cuando el hecho era mentira en él año 2018. Pudo saberse que quiso “arreglar” la situación al ser descubierto y los jueces del Superior Tribunal de Justicia -en sus considerandos de la resolución 199/18 del 8 de noviembre- utilizaron duros términos contra el proceder del magistrado.
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Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
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