Este martes por la tarde en el Barrio Itatí de la ciudad de Formosa y con la orden de un juez provincial, realizaron un operativo como para capturar a un narcotraficante pero se trataba de una persona con COVID 19.
Locales11/05/2021
leonardo fernández acosta
Este martes cerca de las 17 horas, el juez subrogante de instrucción del juzgado Nº 3 de la justicia provincial, Marcelo Picabea, libró una orden irregular de allanamiento para el domicilio de una persona con la participación de el grupo antimotines, el grupo de intervenciones especiales (GIE), vehículos de transporte de tropa y varios patrulleros de la policía de Formosa.
En principio quien había intervenido con anterioridad, fue el juez Enrique Guillen pero a medida que los allanamientos en casa de familia donde las personas llevaban aislamiento domiciliario fueron considerados como una violación al Articulo 205 del CP al poner en riesgo la salud pública, el funcionario decidió pedir licencia para no intervenir en una imposición del gobierno de Insfrán.
Picabea, funcionario conocido por ser funcional al gobierno, ordenó el allanamiento con intervención de un grupo de elite de la fuerza, como si se tratara de un operativo contra una banda narco. Estos cuerpos especiales del GIE tienen el triste récord de haberse hecho conocidos por la brutal represión del día 5 de marzo cuando dispararon salvajemente postas de gomas sobre los civiles en una marcha en contra de la Fase 1.
Ahora, un oficial principal de este cuerpo, utilizó un ariete para romper la puerta de la vivienda y los vecinos se manifestaron frente a la casa, mientras otro grupo de policías hacia un cordón para evitar que los abogados que asistían a la familia pudieran interiorizarse de los pormenores del trámite judicial.
Otra de las circunstancias irregulares del procedimiento es que el Comisario, Hugo Norberto Jeréz, no estaba autorizado en la orden de allanamiento y también se encuentra denunciado por abuso de la autoridad por la brutal represión del 5 de marzo.
Una agente femenina grababa abiertamente con un celular a todos los que estaban presenciando los abusos en el procedimiento, tanto vecinos como los abogados que se acercaron ante la situación pero que como en otras oportunidades fueron impedidos de actuar, aún cuando los profesionales del derecho tienen la jerarquía de los magistrados de la justicia.
Picabea estuvo mirando a más de 60 metros y se fue antes de terminar el procedimiento, luego terminaron trasladando como si fuera un delincuente a la persona que se encontraba en el domicilio y lo llevaron a un Centro de Aislamiento de la provincia.
Las imágenes se replicaron en los medios nacionales y nuevamente la provincia de Formosa fue noticias por los abusos del gobierno con la excusa de la pandemia.
El gobernador formoseño acusa a Javier Milei de autoritario, pero lo hace con el republicanismo atrofiado tras tres décadas de feudalismo. Señala al otro por concentrar el poder mientras en su provincia la división de poderes es un decorado, la alternancia es imposible y la democracia se reduce a la obediencia al jefe.
El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
Hasta en la reforma de la Constitución Provincial, Insfrán convierte la campaña en un ejercicio de miedo: introduce cláusulas para blindarse ante una eventual intervención y agita la amenaza del congelamiento de fondos como sinónimo de cesación de pagos. Un objetivo tan miserable como perverso: poner en primera fila del temor a los empleados públicos, sabiendo que dependen del salario estatal para sobrevivir.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
Hasta en la reforma de la Constitución Provincial, Insfrán convierte la campaña en un ejercicio de miedo: introduce cláusulas para blindarse ante una eventual intervención y agita la amenaza del congelamiento de fondos como sinónimo de cesación de pagos. Un objetivo tan miserable como perverso: poner en primera fila del temor a los empleados públicos, sabiendo que dependen del salario estatal para sobrevivir.
El Presidente insiste en culpar al periodismo por las filtraciones que comprometen a Karina Milei, mientras la Justicia le recuerda que las fuentes y el acceso a la información son pilares democráticos.
El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
El gobernador formoseño acusa a Javier Milei de autoritario, pero lo hace con el republicanismo atrofiado tras tres décadas de feudalismo. Señala al otro por concentrar el poder mientras en su provincia la división de poderes es un decorado, la alternancia es imposible y la democracia se reduce a la obediencia al jefe.
