El juez federal de Comodo Py, acumula un sinfin de denuncias por corrupción y fue quien le "regaló" el expediente por coimas a The Old Fund a Insfrán, enviandola a la justicia federal "funcional" de Formosa que de manera inmediata se la pasó a la provincial para que sobresean a todos los involucrados.
Locales21/03/2024
leonardo fernández acosta
El juez federal Ariel Lijo es un actor central de los tribunales de Comodoro Py, con mucha influencia en el fuero federal porteño y un historial de causas de alto voltaje político, desde el caso Ciccone, en el que envió a la cárcel a Amado Boudou; hasta las coimas de Siemens, el encubrimiento del atentado a la AMIA y la causa del Correo Argentino, donde se denunció como perjudicial un intento de acuerdo del Estado con la empresa de la familia de Mauricio Macri, expediente todavía abierto.
Es el juez con más cintura política y con ascendiente sobre sus colegas de Comodoro Py 2002. Lijo es uno de los principales orientadores de los destinos de Ajufe, la asociación que nuclea a los jueces federales, y tiene muy buena relación con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que presidió durante una década el máximo tribunal, pero hoy se encuentra en minoría frente a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, a quienes no les cayó bien enterarse de que el Gobierno tenía tomada la decisión de que Lijo fuera uno de los dos candidatos promovidos por Javier Milei para desembarcar en la Corte Suprema de Justicia. Milei había dicho públicamente que iba a consensuar los candidatos al máximo tribunal con los ministros actuales.
En la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA envió a juicio oral a Carlos Menem, al exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al exjuez Juan José Galeano, entre otros. En el caso Ciccone fue quien procesó a Boudou, en 2014, cuando era vicepresidente. Pero recién ordenó su detención tres años después, en tiempos del gobierno macrista y cuando el exministro de Economía llevaba años fuera del núcleo kirchnerista. El juez fue muy cuestionado porqué se hizo pública la foto del momento del arresto de Boudou, en pijama en su casa, una filtración por la que también se apuntó a las fuerzas de seguridad, que en ese momento comandaba Patricia Bullrich.
Lijo elevó a juicio el caso Ciccone donde fue finalmente fue condenado Buodou, pero esquivó una causa conexa donde terminó salvándole la vida al eterno gobernador de Formosa Gildo Insfrán. El testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, como titular de la consultora The Old Fund, cobró 7,6 millones de pesos de 2010 para asesorar a Formosa en la renegociación de su deuda con la Nación. Lijo concluyó que esa tarea era simulada y que la plata se la repartieron un funcionario formoseño y Vandenbroele. Insfrán fue indagado en esa causa, pero Lijo se declaró incompetente y la mandó a Formosa. Fin del caso.
Su cintura política quedó en evidencia una vez más en la causa donde se investigaron los sobornos que admitió Siemens, que pagó para asegurarse los contratos para realizar los DNI en el menemismo y en el gobierno de la Alianza. Lijo indagó a los empresarios, nunca resolvió su situación procesal y no avanzó sobre los funcionarios de Menem y Fernando de la Rúa.
Coimas a The Old Fund
The Old Fund había cobrado $ 7,8 millones en mayo de 2010 por esa operación –el equivalente a 1.650.000 dólares al tipo de cambio entonces vigente–, para pocos días después entregarle $ 2,2 millones a Martín Cortés, uno de los principales operadores de Insfrán.
Durante la investigación, tanto Boudou como su socio Núñez Carmona, su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele, y el gobernador Insfrán defendieron la legalidad de sus actos, negaron haber participado en delito alguno y rechazaron haberse involucrado en el cobro de coimas vinculadas a la deuda que Formosa arrastraba con la Nación.
La jueza federal de Formosa, María Belén López Mace, se declaró incompetente y dispuso que el expediente pasara a los tribunales formoseños, que ya en 2012 intentaron cerrar el expediente sin investigar lo ocurrido.
Tres días después, el juez más obediente de Insfrán, Marcelo López Picabea, titular del Juzgado N° 4 de la Primera Circunscripción, sobreseyó a todos los demás acusados. Es decir, a Insfrán a Boudou, a su socio José María Núñez Carmona, a la entonces ministra formoseña Inés Beatriz Lotto de Vecchietti, a Martín Cortés, el alfil de Insfrán que recibió dinero de The Old Fund, y a Jorge Gustavo Martínez.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
José Mayans es el retrato de la decadencia política formoseña: un senador que pasó más de dos décadas vegetando en el Congreso, incapaz de articular un discurso serio y que, como presidente del bloque kirchnerista, solo sabe regalar papelones. Su última hazaña: una agresión verbal cargada de violencia de género contra la candidata Virginia Gallardo, a quien calificó de “tonta” y “estúpida”, confirmando que el feudo de Insfrán produce legisladores mediocres, vulgares y violentos.
El fallo de Corrientes que desnuda cómo Insfrán usa la ley provincial para blindarse, mientras habla de superávit y avanza sobre la propiedad privada sin todavía haber modificado la Constitución Provincial. Le recordaron a los jueces militantes que la Corte Suprema ya había establecido que los tribunales provinciales no deben revisar el fondo de los fallos de otras jurisdicciones, sino simplemente garantizar su ejecución.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
José Mayans es el retrato de la decadencia política formoseña: un senador que pasó más de dos décadas vegetando en el Congreso, incapaz de articular un discurso serio y que, como presidente del bloque kirchnerista, solo sabe regalar papelones. Su última hazaña: una agresión verbal cargada de violencia de género contra la candidata Virginia Gallardo, a quien calificó de “tonta” y “estúpida”, confirmando que el feudo de Insfrán produce legisladores mediocres, vulgares y violentos.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
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En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
