leonardo fernández acosta
Un informe preliminar elaborado por las actuales autoridades de la ANDIS -que conduce Diego Spagnuolo- señala que “hasta ahora se concluyó que el sistema, además de ser muy complicado de auditar, es altamente vulnerable al fraude, con escasos o nulas barreras de control y seguridad. Los procesos y estructuras estuvieron diseñados para el negociado político, para ser vulnerables e incontrolables. Hay decenas de regulaciones que se contradicen o complementan unas con otras".
El documento describe que “en Argentina reciben pensión por invalidez o incapacidad laboral 1.215.548 personas. Este tipo de ayuda se destina a un grupo de personas que se encuentra pensionado específicamente por invalidez total y permanente, es decir, que por su condición, no pueden insertarse en el mercado laboral.”
Y agrega: “El total de beneficiarios implica que 2,6% del total de la población tiene invalidez laboral, o el 5% de la población económicamente activa lo es El costo total de estas pensiones este año sería de aproximadamente 2.200 millones de dólares”.
El informe concluye que en la provincia de Buenos Aires se concentra el 25% de los beneficiarios de este tipo de pensión. “Cobra por invalidez laboral casi el 2% de toda la población bonaerense. Según los datos oficiales en Chaco existe una incapacidad laboral de casi el 9%, en Santiago del Estero del 8%. En Formosa es de 7%".
Con esos datos en la mano, la ANDIS realizó operativos en Chaco y Santiago del Estero. A partir de los primeros números se realizaron trabajos de campo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y Taco Pozo, Chaco. Relevaron 575 casos en Santiago del Estero y 488 casos en Chaco. Concluyeron que aproximadamente al 90% de los beneficiarios no les corresponde, es decir que no tenían un 76 por ciento de incapacidad laboral para recibir la pensión no contributiva por invalidez".
Funcionarios de este gobierno y de anteriores, en diálogo con Clarín, reconocieron que durante mucho tiempo fue bastante fácil acceder a este beneficio, naturalmente si se tenía un mínimo contacto con punteros barriales y referentes de la política de cada provincia.
Pero además, es vox pópuli que resultaba muy simple acceder al certificado médico que acredite el porcentaje de discapacidad laboral exigido por la normativa. “Hay centros médicos en varias provincias donde, pagando, se consigue el certificado".
Como dice el informe de ANDIS, llaman la atención los casos de las provincias de Corrientes; Misiones; Formosa; Santiago del Estero y Chaco, donde el porcentaje de beneficiarios en relación a la población más triplica el promedio nacional.
Con el certificado firmado, el aspirante a cobrar el beneficio -ayudado siempre por el puntero político- inicia la carpeta, que llega a la sede de la ANDIS en Buenos Aires. Un dato no menor. En la modalidad de parcelamiento del Estado, la ANDIS está bajo el dominio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Dada la plata que se mueve en pensiones, es posible mirar a la ANDIS como una “caja” más que apetecible. Además, el puntero político es el primero que se entera que se aprobó la pensión: información valiosa para recibir a cambio, por ejemplo, el voto del beneficiario.
