El informe concluye que en la provincia de Buenos Aires se concentra el 25% de los beneficiarios de este tipo de pensión. “Cobra por invalidez laboral casi el 2% de toda la población bonaerense. Según los datos oficiales en Chaco existe una incapacidad laboral de casi el 9%, en Santiago del Estero del 8%. En Formosa es de 7%".
Locales21/04/2024
leonardo fernández acosta
Un informe preliminar elaborado por las actuales autoridades de la ANDIS -que conduce Diego Spagnuolo- señala que “hasta ahora se concluyó que el sistema, además de ser muy complicado de auditar, es altamente vulnerable al fraude, con escasos o nulas barreras de control y seguridad. Los procesos y estructuras estuvieron diseñados para el negociado político, para ser vulnerables e incontrolables. Hay decenas de regulaciones que se contradicen o complementan unas con otras".
El documento describe que “en Argentina reciben pensión por invalidez o incapacidad laboral 1.215.548 personas. Este tipo de ayuda se destina a un grupo de personas que se encuentra pensionado específicamente por invalidez total y permanente, es decir, que por su condición, no pueden insertarse en el mercado laboral.”
Y agrega: “El total de beneficiarios implica que 2,6% del total de la población tiene invalidez laboral, o el 5% de la población económicamente activa lo es El costo total de estas pensiones este año sería de aproximadamente 2.200 millones de dólares”.
El informe concluye que en la provincia de Buenos Aires se concentra el 25% de los beneficiarios de este tipo de pensión. “Cobra por invalidez laboral casi el 2% de toda la población bonaerense. Según los datos oficiales en Chaco existe una incapacidad laboral de casi el 9%, en Santiago del Estero del 8%. En Formosa es de 7%".
Con esos datos en la mano, la ANDIS realizó operativos en Chaco y Santiago del Estero. A partir de los primeros números se realizaron trabajos de campo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y Taco Pozo, Chaco. Relevaron 575 casos en Santiago del Estero y 488 casos en Chaco. Concluyeron que aproximadamente al 90% de los beneficiarios no les corresponde, es decir que no tenían un 76 por ciento de incapacidad laboral para recibir la pensión no contributiva por invalidez".
Funcionarios de este gobierno y de anteriores, en diálogo con Clarín, reconocieron que durante mucho tiempo fue bastante fácil acceder a este beneficio, naturalmente si se tenía un mínimo contacto con punteros barriales y referentes de la política de cada provincia.
Pero además, es vox pópuli que resultaba muy simple acceder al certificado médico que acredite el porcentaje de discapacidad laboral exigido por la normativa. “Hay centros médicos en varias provincias donde, pagando, se consigue el certificado".
Como dice el informe de ANDIS, llaman la atención los casos de las provincias de Corrientes; Misiones; Formosa; Santiago del Estero y Chaco, donde el porcentaje de beneficiarios en relación a la población más triplica el promedio nacional.
Con el certificado firmado, el aspirante a cobrar el beneficio -ayudado siempre por el puntero político- inicia la carpeta, que llega a la sede de la ANDIS en Buenos Aires. Un dato no menor. En la modalidad de parcelamiento del Estado, la ANDIS está bajo el dominio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Dada la plata que se mueve en pensiones, es posible mirar a la ANDIS como una “caja” más que apetecible. Además, el puntero político es el primero que se entera que se aprobó la pensión: información valiosa para recibir a cambio, por ejemplo, el voto del beneficiario.
El gobierno de Formosa repudia desde el PJ la situación en Venezuela, pero contrata a médicos que huyeron del chavismo y hoy callan por miedo. Víctimas del exilio, repiten en Formosa el mismo silencio aprendido bajo Maduro, ante un poder que tampoco tolera la crítica.
La homilía de Conejero expresó una realidad que la sociedad reconoce en su vida cotidiana y que el discurso oficial ya no logra tapar. Las respuestas de Jorge González y Graciela Parola, lejos de desacreditar al Obispo, expusieron el desgaste del relato y el rechazo creciente hacia quienes intentan sostenerlo desde los actos militantes y no desde la calle.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
La homilía de Conejero expresó una realidad que la sociedad reconoce en su vida cotidiana y que el discurso oficial ya no logra tapar. Las respuestas de Jorge González y Graciela Parola, lejos de desacreditar al Obispo, expusieron el desgaste del relato y el rechazo creciente hacia quienes intentan sostenerlo desde los actos militantes y no desde la calle.
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