El orador principal fue el Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge González, que no sorprende al convalidar, como responsable civil de la policía, la violación de la ley orgánica de esa institución.
Locales29/04/2024
leonardo fernández acosta
En cualquier otro lugar la exposición sin vergüenza como militante político le hubiera costado la jefatura en el organismo de seguridad pero en Formosa, el policía militante forma parte de una lamentable anomalía que no respeta ni siquiera la ley que rige al régimen policial.
La Ley 672/87 que regula la fuerza en su artículo 28 inciso f), claramente expresa, “No aceptar ni desempeñar funciones públicas electivas, ni participar en las actividades de los Partidos Políticos”.
Pero este sábado el gobierno de Gildo Insfrán, a través de sus funcionarios más polémicos, volvió a realizar una demostración de impunidad al violar una vez más, la normativa vigente.
No solo que reforzó el grosero adoctrinamiento y sus “grupos de tareas” sino el protagonismo de funcionarios que deben mantenerse al margen sobre todo por la función que cumple.
El orador principal fue el Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge González, que no sorprende al convalidar, como responsable civil de la policía, la violación de la ley orgánica de esa institución.
Es así que en primera fila de este acto organizada por el Centro de Estudios Políticos Juan Domingo Perón, sobre el modelo formoseño, estaba el jefe de la policía de la provincia, Comisario General, Walter Arroyo, quien cerró el bochorno cantando la marcha peronista como todo el resto.
De todas maneras, tampoco sorprende viniendo de quien viene, porque mientras González hablaba de la militancia gildista 2.0 en las redes, porque detrás del canoso policía subyacen las causas que tiene en la justicia federal por espiar correos electrónicos, a dirigentes y periodistas que no comulgaban con el oficialismo.
Arroyo también es conocido por dejar zonas liberadas para que las patotas del gobierno ataquen a periodistas, inclusive con él viendo el ataque. Es decir una persona de la cual no puede sorprender absolutamente nada, por lo que violar la ley orgánica de la policía que comanda no es una sorpresa pero si una falta de garantías para brindar seguridad pública a todos los formoseños, más allá de sus ideologías.
Pero no era el único puesto que en una ostentación de abuso de poder, también se exhibían en la foto, el rector militante de la UPLB, Adrián Muracciole, quien fuera nombrado frente a la institución sin un solo mérito salvo el dibujar estadísticas para que favorecieran a Insfrán.
En este punto, hay que aclarar que existe una diferencia entre militancia y obsecuencia supina porque se confunde una con la otra. La segunda es el único antecedente en un curriculum vacío de varios de los participantes de la charla del modelo formoseño.
También estaba el Ministro de la Producción de la Provincia, Lucas Rodríguez, quien formó parte del abuso de poder cuando adoctrinó sobre peronismo en los cursillos de ingreso de la UPLB y la esposa del Ministro González y directora de programación de Canal 3, Sandra Berkley quien hace unos días habría promovido la quita de adicionales de 150 mil pesos a empleados de ese medio militante de comunicación.
La demostración de impunidad del gobierno violando las leyes, amerita la denuncia correspondiente ante la prueba flagrante de lo que configuraría un supuesto abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
