El orador principal fue el Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge González, que no sorprende al convalidar, como responsable civil de la policía, la violación de la ley orgánica de esa institución.
Locales29/04/2024
leonardo fernández acosta
En cualquier otro lugar la exposición sin vergüenza como militante político le hubiera costado la jefatura en el organismo de seguridad pero en Formosa, el policía militante forma parte de una lamentable anomalía que no respeta ni siquiera la ley que rige al régimen policial.
La Ley 672/87 que regula la fuerza en su artículo 28 inciso f), claramente expresa, “No aceptar ni desempeñar funciones públicas electivas, ni participar en las actividades de los Partidos Políticos”.
Pero este sábado el gobierno de Gildo Insfrán, a través de sus funcionarios más polémicos, volvió a realizar una demostración de impunidad al violar una vez más, la normativa vigente.
No solo que reforzó el grosero adoctrinamiento y sus “grupos de tareas” sino el protagonismo de funcionarios que deben mantenerse al margen sobre todo por la función que cumple.
El orador principal fue el Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge González, que no sorprende al convalidar, como responsable civil de la policía, la violación de la ley orgánica de esa institución.
Es así que en primera fila de este acto organizada por el Centro de Estudios Políticos Juan Domingo Perón, sobre el modelo formoseño, estaba el jefe de la policía de la provincia, Comisario General, Walter Arroyo, quien cerró el bochorno cantando la marcha peronista como todo el resto.
De todas maneras, tampoco sorprende viniendo de quien viene, porque mientras González hablaba de la militancia gildista 2.0 en las redes, porque detrás del canoso policía subyacen las causas que tiene en la justicia federal por espiar correos electrónicos, a dirigentes y periodistas que no comulgaban con el oficialismo.
Arroyo también es conocido por dejar zonas liberadas para que las patotas del gobierno ataquen a periodistas, inclusive con él viendo el ataque. Es decir una persona de la cual no puede sorprender absolutamente nada, por lo que violar la ley orgánica de la policía que comanda no es una sorpresa pero si una falta de garantías para brindar seguridad pública a todos los formoseños, más allá de sus ideologías.
Pero no era el único puesto que en una ostentación de abuso de poder, también se exhibían en la foto, el rector militante de la UPLB, Adrián Muracciole, quien fuera nombrado frente a la institución sin un solo mérito salvo el dibujar estadísticas para que favorecieran a Insfrán.
En este punto, hay que aclarar que existe una diferencia entre militancia y obsecuencia supina porque se confunde una con la otra. La segunda es el único antecedente en un curriculum vacío de varios de los participantes de la charla del modelo formoseño.
También estaba el Ministro de la Producción de la Provincia, Lucas Rodríguez, quien formó parte del abuso de poder cuando adoctrinó sobre peronismo en los cursillos de ingreso de la UPLB y la esposa del Ministro González y directora de programación de Canal 3, Sandra Berkley quien hace unos días habría promovido la quita de adicionales de 150 mil pesos a empleados de ese medio militante de comunicación.
La demostración de impunidad del gobierno violando las leyes, amerita la denuncia correspondiente ante la prueba flagrante de lo que configuraría un supuesto abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
