La falta de experiencia de los profesionales que ahora se desempeñan en el área, y la presencia de un ministro incompetente para tomar decisiones en un campo del Estado que requiere conocimientos concretos, directos y rápidos, mantienen paralizados a alrededor de 120 industrias, y a unos 600 carboneros que necesitan de la madera para obtener sus productos.
Locales31/05/2024
leonardo fernández acosta
Los cambios que metió el gobernador Insfran en el Ministerio de la Producción, y la falta de responsabilidad social de un intendente, están afectando brutalmente al pulmón de la economía de la localidad y de su extensa colonia, incrementando a niveles impensados la supervivencia de miles de pobladores de la zona. Cientos de maderos y carboneros están paralizados, y la economía de la zona se muestra muy resentida.
La falta de experiencia de los profesionales que ahora se desempeñan en el área, y la presencia de un ministro incompetente para tomar decisiones en un campo del Estado que requiere conocimientos concretos, directos y rápidos, mantienen paralizados a alrededor de 120 industrias, y a unos 600 carboneros que necesitan de la madera para obtener sus productos. Este escenario subsiste desde hace varias semanas, tras la intervención de la Oficina de Tierras de Palo Santo, lo que ha generado toda una burocracia para obtener los permisos necesarios para traer la madera de los montes.
"En las actuales condiciones, la autorización demora no menos de 90 días; toda una eternidad para nuestra actividad, porque hay un mientras tanto, y es el que estamos padeciendo", explicó el propietario de una carpintería de Palo Santo.
Y redondeó: "Hay que pagar a los empleados, la luz que se fue por las nubes, impuestos y otros rubros que forman parte de los gastos fijos que tenemos quienes nos dedicamos a la madera".
Entre los grandes, medianos y chicos emprendimientos madereros, se conjetura que unas dos mil personas están directamente afectadas por una situación que sólo requiere una decisión administrativa, sustentada en el sentido común de los funcionarios.
Del mismo modo, se contabilizan en más de 600 hornos los que existen en Palo Santo y en sus colonias jurisdiccionales de Potrero Ñandú, Potrero Norte, Murúa, El Toro, San Jacinto, Los Matacos, El Progreso, Copo Blanco, El Resguardo, Estero Patiño, Estero Corá, Kilómetro 2, Colonia 15, quienes también son atravesados por el mismo cuadro.
La preocupación tomó niveles de angustia porque se trata de la materia prima clave para una parte de la provincia que moviliza su circuito económico a través de la madera, en medio de una crisis económica muy azuzada por la actual política económica nacional.
La semana pasada, algunos madereros comenzaron a deliberar sobre la necesidad de armar una movilización hasta la Intendencia local, para visibilizar lo que viene ocurriendo, mientras apuntaban al propio intendente del pueblo Raúl D´Zakich por priorizar su alineación política antes que gestionar respuestas institucionales concretas y urgentes. En la misma bolsa metieron a los concejales.
"Esta semana haremos una reunión con carboneros de la zona, y pretendemos definir una marcha bien numerosa, porque esto ya no da para más", reveló el industrial que aportó datos para difundir lo que viene ocurriendo a 139 kilómetros de la Casa de Gobierno provincial.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
