La falta de experiencia de los profesionales que ahora se desempeñan en el área, y la presencia de un ministro incompetente para tomar decisiones en un campo del Estado que requiere conocimientos concretos, directos y rápidos, mantienen paralizados a alrededor de 120 industrias, y a unos 600 carboneros que necesitan de la madera para obtener sus productos.
Locales31/05/2024
leonardo fernández acosta
Los cambios que metió el gobernador Insfran en el Ministerio de la Producción, y la falta de responsabilidad social de un intendente, están afectando brutalmente al pulmón de la economía de la localidad y de su extensa colonia, incrementando a niveles impensados la supervivencia de miles de pobladores de la zona. Cientos de maderos y carboneros están paralizados, y la economía de la zona se muestra muy resentida.
La falta de experiencia de los profesionales que ahora se desempeñan en el área, y la presencia de un ministro incompetente para tomar decisiones en un campo del Estado que requiere conocimientos concretos, directos y rápidos, mantienen paralizados a alrededor de 120 industrias, y a unos 600 carboneros que necesitan de la madera para obtener sus productos. Este escenario subsiste desde hace varias semanas, tras la intervención de la Oficina de Tierras de Palo Santo, lo que ha generado toda una burocracia para obtener los permisos necesarios para traer la madera de los montes.
"En las actuales condiciones, la autorización demora no menos de 90 días; toda una eternidad para nuestra actividad, porque hay un mientras tanto, y es el que estamos padeciendo", explicó el propietario de una carpintería de Palo Santo.
Y redondeó: "Hay que pagar a los empleados, la luz que se fue por las nubes, impuestos y otros rubros que forman parte de los gastos fijos que tenemos quienes nos dedicamos a la madera".
Entre los grandes, medianos y chicos emprendimientos madereros, se conjetura que unas dos mil personas están directamente afectadas por una situación que sólo requiere una decisión administrativa, sustentada en el sentido común de los funcionarios.
Del mismo modo, se contabilizan en más de 600 hornos los que existen en Palo Santo y en sus colonias jurisdiccionales de Potrero Ñandú, Potrero Norte, Murúa, El Toro, San Jacinto, Los Matacos, El Progreso, Copo Blanco, El Resguardo, Estero Patiño, Estero Corá, Kilómetro 2, Colonia 15, quienes también son atravesados por el mismo cuadro.
La preocupación tomó niveles de angustia porque se trata de la materia prima clave para una parte de la provincia que moviliza su circuito económico a través de la madera, en medio de una crisis económica muy azuzada por la actual política económica nacional.
La semana pasada, algunos madereros comenzaron a deliberar sobre la necesidad de armar una movilización hasta la Intendencia local, para visibilizar lo que viene ocurriendo, mientras apuntaban al propio intendente del pueblo Raúl D´Zakich por priorizar su alineación política antes que gestionar respuestas institucionales concretas y urgentes. En la misma bolsa metieron a los concejales.
"Esta semana haremos una reunión con carboneros de la zona, y pretendemos definir una marcha bien numerosa, porque esto ya no da para más", reveló el industrial que aportó datos para difundir lo que viene ocurriendo a 139 kilómetros de la Casa de Gobierno provincial.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
