A pesar de la descarnada campaña en contra del gobierno del presidente Milei y sus políticas públicas por parte de funcionarios del gobierno provincial, las “Defensoras del Modelo” recorren los barrios promocionándose con recursos nacionales.
Locales17/07/2024
leonardo fernández acosta
Dos funcionarios de gobierno aprovechan recursos públicos nacionales para hacer campaña, promocionándose como gestores de programas que se financian con recursos nacionales del gobierno de Javier Milei.
A escondidas, hace poco menos de un mes, una militante agradecía a la Agrupación Compromiso Formoseño, a la Concejal de la ciudad, María “Petu” del Carmen Argañaráz, al Ingeniero, Marcelo Ugelli (su esposo) titular del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) y otro funcionario “paraestatal” sin trabajo conocido, José Ayala por la entrega de una vivienda en el Barrio Nueva Formosa. También en las redes, hacía lo propio con las trabajadoras sociales del IPV, Mabel Centurión y Andrea Navarrete.
La situación expuesta en las redes sociales, deja sorprendido a miles de inscriptos en el IPV, cientos de sorteados y adjudicados que no han recibido nada a más de un año del sorteo y sumerge al organismo en un mar de sospechas respecto de la discrecionalidad del matrimonio, Ugelli-Argañaráz para entregar viviendas a sus militantes.
La feliz adjudicada de nombre “Cynthia” probablemente necesite una vivienda del IPV pero en ninguno de los requisitos, se enumera como aptitud para apurar los trámites, ser militante de “Compromiso Formoseño”, la agrupación que tiene a la mayoría de los empleados del organismo.
Como este caso, seguramente habrá otros militantes del modelo que tendrán algún tipo de beneficios, lo grave es que la construcción de viviendas se lleva adelante con fondos del FONAVI, que son ni más ni menos , Fondos Nacionales para la Vivienda.
Uguelli afirmó que “Como ya expresó el Gobernador (Insfrán) en varias ocasiones, el Modelo Formoseño no va a parar por la ocurrencia de ningún Gobierno nacional de turno” y también dijo que “hoy estamos en condiciones de decir que podemos pensar en una próxima entrega, gracias al apoyo de ese Gobierno justicialista”. Evidentemente han empezado con sus militantes bajo el más absoluto secreto, hasta que lo publican en la redes.
Blanca Denis hace campaña gasolera
La arquitecta, Blanca Denis, funcionaria del Poder Ejecutivo, por su parte, recorre varios barrios con los militantes, apropiándose de la difusión para inscribirse en el Registro a los Subsidios a la Energía (RASE) que consiste en un régimen de segmentación de usuarios residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red, con el objeto de lograr valores de la energía razonable y susceptible de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva.
La hipocresía de la cuestión es que el RASE está siendo llevado adelante por el gobierno nacional para evitar un mayor impacto de los aumentos de luz y gas, de los usuarios de sectores más vulnerables o afectados.
Denis afirmó además que “el Gobierno nacional conducido por Javier Milei es el responsable de fijar el precio y el aumento de la energía”.
Para finalizar, sostuvo que antes estas situaciones adversas, en Formosa “los compañeros militantes están a disposición, siempre trabajando en unidad y con organización, al servicio de la comunidad”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
