Fue en el marco de una nueva reunión de la comisión que preside Sabrina Ajmechet, que sigue indagando sobre lo sucedido en tiempos de cuarentena.
Locales01/08/2024
leonardo fernández acosta
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que preside la diputada Sabrina Ajmechet (Pro), mantuvo un nuevo encuentro en el que participaron la diputada provincial de Formosa Ana Gabriela Neme y el abogado Guillermo Federico Evans, víctimas de violaciones de los derechos humanos durante la pandemia en la provincia de Formosa.
Además, presentaron un documental realizado por Matías Cánepa Neme en el que se registran las violaciones de derechos humanos durante la pandemia en la provincia. Son más de 18 horas de grabación que recopilan el testimonio de víctimas de violación a derechos humanos en la pandemia.
“Esta reunión es especialmente importante, a lo largo de argentina ocurrieron violaciones de derechos humanos en pandemia, esto no fue una cuestión provincial, pero sin duda la sistematicidad, el número y la gravedad de Formosa merece un capítulo aparte”, argumentó Sabrina Ajmechet. Y agregó: “Cuentan con el compromiso para seguir difundiendo las violaciones de derechos humanos ocurridas”.
Por su parte, el legislador formoseño y vicepresidente 2° de la Comisión, Fernando Carbajal (UCR), cuestionó “el negacionismo a las víctimas que sufrieron violaciones de derechos humanos en la pandemia”. Y concluyó: “Esto reafirma y valoriza el trabajo de esta comisión, estamos dando un paso importante”.
Una de las víctimas, el abogado y referente social, Guillermo Federico Evans, manifestó que “en Formosa lo pasamos muy mal”. “Hubo 8 mil varados y gente que intentó cruzar a nado el río Bermejo y falleció, se blindó la provincia”, recordó.
Además, agradeció “la visibilización a este problema que parecía haber quedado en el olvido”. Y denunció: “La gente estaba en centros de detención, hacinada”.
Otra de las víctimas, la diputada provincial de Formosa y defensora de los Derechos Humanos, Ana Gabriela Neme apuntó que “en nuestra provincia estamos solos”. Y agregó: “La violación de derechos en Formosa es sistemática”.
Además, explicó que en el trabajo documental que realizó en su provincia “se registraron 44 casos, con un anexo que incluye más de 700 ciudadanos que firman con DNI la solicitud de acceso a justicia, así como declaraciones de sacerdotes”.
Por último, la legisladora provincial, expresó que “esperamos una legislación, queremos la imprescriptibilidad civil y penal de todos los abusos cometidos durante la pandemia, exigimos que sean juzgados”.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
