¿Los chips telefónicos fueron plantados? El juez no estuvo en el operativo y los policías los encontraron casi con el olfato

El caso del crimen de Xiomara Portillo se ha visto sacudido por una acusación gravísima que, de probarse, cuestionaría los cimientos mismos del proceso judicial en curso. La abogada defensora no solo ha planteado la presunta plantación de evidencia, sino que ha revelado un detalle procedimental que hiela la sangre: el juez instructor nunca estuvo allí.

Mientras la atención se centraba en los chips de telefonía que, misteriosamente, aparecieron en un segundo allanamiento, la defensa dejó caer la bomba con una frase que debería resonar en todos los estamentos de la justicia:

"Por eso es que nosotros desconfiamos, no vino su señoría. El juez de instrucciones, el doctor Picabéa, no estuvo. Le esperábamos con ansia que venga al allanamiento. Solamente vinieron personal policial. Increíble". Este no es un simple tecnicismo. Es el corazón de la acusación de un montaje. La escena descrita por la letrada es propia de un drama judicial: policías moviéndose con libertad en la escena, "descubrimientos" anunciados a gritos para el camarógrafo, y una testigo, la defensora misma, relegada a un papel de espectadora incrédula.

El relato del hallazgo del tercer chip es el clímax de esta pesadilla procedural. Imagine la escena: la abogada retenida en un sector, mientras en otro, agentes que ya estaban en el lugar hacen un descubrimiento fortuito. La describe con un escepticismo que se transforma en incredulidad:

"Mientras yo estaba allá con la policía, acá había policía... Cuando una de las policías dice, 'acá hay un chip, venga camarógrafo'... Yo no lo alcanzo a ver, solo la persona que lo puso lo puede saber que estaba ahí". ¿Cómo puede la justicia construir una condena sobre una evidencia que, según la defensa, nació en la más absoluta sospecha y bajo la sombra de un control judicial ausente? La frase "solamente vinieron personal policial" ya no suena a una queja, sino a un lúgubre diagnóstico de un proceso viciado desde su raíz.

La revelación de que el juez instructor "no estuvo" convierte la teoría de la plantación de un alegato marginal en una posibilidad tangible y aterradora. Levanta una pregunta demoledora para el tribunal: ¿Puede un allanamiento sin la custodia directa de la autoridad judicial garantizar la pureza de la prueba que de él emana?

El caso Portillo ha trascendido la búsqueda de un culpable. Se ha convertido en el escenario de un juicio paralelo: el de la ciudadanía contra la sospecha de que la justicia pueda actuar con guiones prefabricados. La fiscalía tiene ahora la titánica tarea de demostrar que la cadena de custodia no se rompió en el primer y más crucial eslabón: la presencia imparcial de un juez. Mientras no lo haga, la sombra de la duda, larga y persistente, seguirá cubriendo este expediente.

La credibilidad de todo el proceso pende ahora de la capacidad de la justicia para explicar por qué su principal garante decidió no presenciar el momento en que se colectaba la prueba clave. El drama ya no está solo en el crimen, sino en cómo se está investigando.