No será la primera vez que al Banco Formosa le llueven las críticas junto a las autoridades provinciales, a quienes acusan de avalar estas prácticas abusivas. Algunos incluso exigen que se revise el accionar del banco y se implementen mecanismos que garanticen el respeto por los derechos de los trabajadores.
Con el dictamen de la Procuración General, la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver si es constitucional o no la reelección indefinida en Formosa.
Se trata del control del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un ente estratégico que pertenece a las provincias y administra a discreción fondos para proyectos de desarrollo. Durante décadas fue manejado por el PJ. El PRO y la UCR ven una oportunidad histórica para arrebatar la conducción.
Como fuera, ninguno de ellos, salvo el titular de la agencia de Trabajo de Formosa, Esteban Lopez Tozzi, tiene la aptitud suficiente como para verbalizar cual es su función. El resto está completamente perdido y ni siquiera saben para que estén. De hecho, la cabeza del espacio de La Libertad Avanza, el diputado nacional, Gerardo González, evita cruzarse con la prensa por la carencia absoluta de aptitudes para desempañarse en el cargo o siquiera intentar hacerlo.
En mayo de 2024 tres provincias mostraron un crecimiento interanual en el empleo asalariado registrado del sector privado, donde nuestra provincia registro -0,1%. En el otro extremo, Formosa tuvo una caída del 18,1%.
El presidente Milei, firmó un decreto para poner un límite al uso discrecional de aviones, propiedad del estado y todos aquellos controlados por organismos nacionales. Los vuelos chárter "disfrazados" de vuelos sanitarios llegaron a su fin.
Desde la Secretaría de Calidad en Salud se informó que todas las provincias del noroeste y el noreste del país solicitaron recibir dosis, excepto Formosa, cuyo representante no asistió a las reuniones regionales de ministros de Salud.
Fue en el marco de una nueva reunión de la comisión que preside Sabrina Ajmechet, que sigue indagando sobre lo sucedido en tiempos de cuarentena.
El exlegislador nacional planteó que el juez “no reúne la idoneidad” para integrar la Corte Suprema de Justicia por salvar al gobernador Gildo Insfrán en el caso Ciccone; “El Presidente comete un error”, asegura.
La mayoría de las legislaturas provinciales impiden acceder a datos públicos. En la mitad no hay registro de asistencia del personal. Diputados que cobran doble salario o que reciben 130 pasajes aéreos por mes, que usan autos de lujo incautados por la Justicia o dejan millones sin rendir: algunas de las historias que se intentan ocultar.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
