No será la primera vez que al Banco Formosa le llueven las críticas junto a las autoridades provinciales, a quienes acusan de avalar estas prácticas abusivas. Algunos incluso exigen que se revise el accionar del banco y se implementen mecanismos que garanticen el respeto por los derechos de los trabajadores.
Con el dictamen de la Procuración General, la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver si es constitucional o no la reelección indefinida en Formosa.
Se trata del control del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un ente estratégico que pertenece a las provincias y administra a discreción fondos para proyectos de desarrollo. Durante décadas fue manejado por el PJ. El PRO y la UCR ven una oportunidad histórica para arrebatar la conducción.
Como fuera, ninguno de ellos, salvo el titular de la agencia de Trabajo de Formosa, Esteban Lopez Tozzi, tiene la aptitud suficiente como para verbalizar cual es su función. El resto está completamente perdido y ni siquiera saben para que estén. De hecho, la cabeza del espacio de La Libertad Avanza, el diputado nacional, Gerardo González, evita cruzarse con la prensa por la carencia absoluta de aptitudes para desempañarse en el cargo o siquiera intentar hacerlo.
En mayo de 2024 tres provincias mostraron un crecimiento interanual en el empleo asalariado registrado del sector privado, donde nuestra provincia registro -0,1%. En el otro extremo, Formosa tuvo una caída del 18,1%.
El presidente Milei, firmó un decreto para poner un límite al uso discrecional de aviones, propiedad del estado y todos aquellos controlados por organismos nacionales. Los vuelos chárter "disfrazados" de vuelos sanitarios llegaron a su fin.
Desde la Secretaría de Calidad en Salud se informó que todas las provincias del noroeste y el noreste del país solicitaron recibir dosis, excepto Formosa, cuyo representante no asistió a las reuniones regionales de ministros de Salud.
Fue en el marco de una nueva reunión de la comisión que preside Sabrina Ajmechet, que sigue indagando sobre lo sucedido en tiempos de cuarentena.
El exlegislador nacional planteó que el juez “no reúne la idoneidad” para integrar la Corte Suprema de Justicia por salvar al gobernador Gildo Insfrán en el caso Ciccone; “El Presidente comete un error”, asegura.
La mayoría de las legislaturas provinciales impiden acceder a datos públicos. En la mitad no hay registro de asistencia del personal. Diputados que cobran doble salario o que reciben 130 pasajes aéreos por mes, que usan autos de lujo incautados por la Justicia o dejan millones sin rendir: algunas de las historias que se intentan ocultar.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
En Formosa no hay milagro económico: hay obra pública financiada con fondos que nadie transparenta, contratos directos para empresas amigas y un sistema de cartelización que el gobierno vende como “crecimiento”. El supuesto boom de empleo es apenas la consecuencia de una maquinaria opaca que sostiene al régimen, no a los formoseños.
Entre frases inconexas y una conducta llamativamente alterada, Sosa dejó dudas más propias de un examen clínico que de una sesión del Concejo. Defendió a De Vido, varias veces preso, a Chávez y le faltaba el Che Guevara para completar el desvarío.
El tablero político de Formosa sumó un nuevo capítulo tras el dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien reconoció la competencia originaria de la Corte Suprema para intervenir en la causa que cuestiona la habilitación de una nueva reelección del gobernador Gildo Insfrán. Con ese aval, los jueces del máximo tribunal deberán analizar la validez de la reforma constitucional que permitió —otra vez— que el histórico mandatario quede habilitado para intentar seguir en el poder.
