Con denuncias de “superpoderes”, fondos fiduciarios que “van en contramano del control republicano” y una estructura de gasto que privilegia a la Secretaría General por encima de áreas sociales clave, Juan Carlos Amarilla expuso en el debate del presupuesto un modelo de concentración, oscuridad y manejo discrecional que, afirmó, deja al Legislativo reducido a una formalidad
Locales29/12/2025
leonardo fernández acosta
En la aprobación automática del presupuesto 2026 enviado por Gildo Insfrán la Legislatura Provincial, el diputado radical Juan Carlos Amarilla, brindó una descripción incómoda del modelo político-administrativo que gobierna Formosa. No fue una intervención aislada: fue una advertencia sobre cómo el presupuesto se transforma, año tras año, en un instrumento de concentración y opacidad.
Desde el inicio, Amarilla señaló el vicio de origen: la simulación de debate. “Nuevamente nos encontramos con un presupuesto lleno de delegaciones de facultades, de lo que comúnmente se denominan superpoderes, que en definitiva me parece que es totalmente innecesario”, dijo. Y añadió una paradoja que desnuda el mecanismo: “El Gobierno de la provincia tiene 22 representantes en esta Cámara… este Poder Legislativo le va a conceder las herramientas que el Gobierno necesita”. Si hay mayoría y hay votos, ¿para qué blindarse con poderes extraordinarios? La respuesta es política: reducir el control al mero trámite.
El núcleo más grave del planteo aparece cuando expone la arquitectura financiera paralela: los fondos fiduciarios. Amarilla los enumera con números que hablan por sí solos: “Esto implica un total de 54.000 millones… lo que se va a definir a través de los fondos fiduciarios”. Y dispara la síntesis más incómoda: “Es, en la práctica, un camino paralelo a la asignación del presupuesto… va en contramano del control republicano que nosotros tenemos que ejercer”. Si los ministerios existen para ejecutar y rendir cuentas, ¿por qué las decisiones viajan por carriles laterales?
Las prioridades fiscales también exhiben su lógica política. “La Secretaría General del Poder Ejecutivo… supera ampliamente al Ministerio de Educación… supera en 16.000 millones al Hospital Evita”, remarcó el diputado. Mientras tanto, del otro lado del mostrador: “Es inadmisible que haya trabajadores municipales que ganen 250 o 100 mil pesos… en algún momento tenemos que atender esta situación”. La comparación no requiere adjetivos: los números ya editorializan.
En materia comunicacional, Amarilla apunta a un síntoma estructural del oficialismo: “Canal 11, el órgano de propaganda del partido de gobierno… nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hablar en ese medio”. Un medio estatal con presupuesto millonario, pero sin pluralidad, es algo más que una anomalía: es parte del mismo sistema de control político.
El diputado también instala una coherencia que incomoda hacia adentro: “Formosa es la única que concentra el 90% de sus recursos y solo reparte el 10% a los municipios… hay que hablar de un piso del 15%”. La provincia reclama federalismo a la Nación —con razones atendibles—, pero reproduce puertas adentro la misma lógica centralista que denuncia.
La frase que condensa el sentido de su intervención es, quizá, la más directa: “El Gobierno de la provincia se sigue quedando con el manejo discrecional del 96%, y encima ahora, con superpoderes”. No se trata solo de partidas, sino de la arquitectura del poder que el presupuesto consolida.
Cuando el control republicano se vuelve formalidad y los fondos se administran por carriles opacos, el presupuesto deja de ser una herramienta del Estado para convertirse, como quedó expuesto en la Legislatura, en una herramienta del poder. Y eso, más allá de cualquier voto afirmativo, es el verdadero debate que Amarilla puso sobre la mesa.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
El lunes 29, la Legislatura aprobará sobre tablas sin lectura previa ni análisis mínimo, un Presupuesto que volverá a ser un dibujo contable, sancionado por una mayoría que ni siquiera habrá tenido tiempo de conocer sus más de mil fojas. En la misma sesión, los legisladores prorrogarán nuevamente la contradictoria Ley de Emergencia Económica, un instrumento que, pese a los supuestos superávits proclamados año tras año, seguirá blindando al Poder Ejecutivo para postergar pagos y administrar discrecionalmente los recursos públicos. Y, como si fuera poco, también se avanzará en la modificación del artículo 65 del Código Fiscal y de los artículos 61 y 63 de la Ley Impositiva, otorgando mayor poder unilateral al Ministerio de Economía y preparando el terreno para un nuevo impuestazo delegado por una Legislatura que se comportará, una vez más, como una escribanía del gobierno.
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