La entelequia de Román paga las cuentas de Gildo y financia un presupuesto dibujado con 93% de coparticipación

El diputado Jorge Román intentó justificar los millonarios fondos que recibe Formosa por coparticipación en la fundamentación del presupuesto 2026, con un argumento que, detrás de una retórica grandilocuente sobre el federalismo, oculta una manipulación conceptual cuidadosamente construida: presentar a la Nación como una entidad abstracta, casi inexistente, que simplemente “devuelve” a las provincias lo que previamente “toma” de sus territorios. Una operación discursiva que no busca explicar el sistema fiscal argentino, sino legitimar la dependencia estructural de un modelo político que vive y se sostiene, gracias al flujo permanente de transferencias nacionales.

Román parte de una premisa falaz: “la Nación no tiene territorio” y por lo tanto solo se nutre de los recursos generados por las provincias. La frase, en apariencia histórica y federalista, desarma la arquitectura constitucional para reemplazarla por una narrativa conveniente. La Nación, según su relato, no es un Estado soberano con competencias y responsabilidades concretas, sino una especie de intermediario contable que recauda en nombre de otros y luego reparte. Una forma elegante de decir: la Nación no produce nada, solo administra lo nuestro.

La maniobra es clara: si la Nación no es más que una entelequia, entonces cualquier crítica a la dependencia financiera de Formosa se vuelve injusta, casi ilegítima. Bajo esa mirada, las transferencias no son un mecanismo de redistribución sino una reparación histórica, una devolución automática de riqueza originada “en los territorios provinciales”. El razonamiento borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.

Otro punto clave de la manipulación está en la afirmación de que la Nación “se queda con el 50%” de lo recaudado. El número funciona como elemento emotivo, no como dato cierto. No importa que los porcentajes varíen según leyes, consensos fiscales, fallos judiciales o destinos específicos de gasto. Lo que interesa es instalar la idea de extracción: la Nación retiene, la provincia espera. Víctima y recaudador. Un relato perfectamente funcional a la retórica del feudo político: el poder provincial como guardián del territorio al que siempre le deben algo.

Pero el verdadero núcleo del discurso no es técnico: es político. Al redefinir la coparticipación como una simple devolución, Román desactiva cualquier debate sobre la eficiencia del gasto, el atraso productivo o el uso clientelar de los recursos. Si lo que llega “nos pertenece”, entonces nadie puede exigir resultados, desarrollo o autonomía económica. La dependencia deja de ser un problema y pasa a presentarse como un derecho. La pobreza estructural se vuelve un estado natural, no una consecuencia de decisiones políticas.

En ese contexto, la discusión actual sobre el replanteo del federalismo fiscal aparece como una amenaza directa al sistema que Román defiende. No porque afecte la supervivencia de Formosa, sino porque cuestiona algo mucho más profundo: la legitimidad de un modelo provincial sostenido por transferencias permanentes mientras el desarrollo productivo nunca llega. Lo que se protege no es el federalismo, sino el negocio político de la dependencia.

El discurso de Román, lejos de ser una defensa del interior profundo, es una defensa del inmovilismo subvencionado. Una lógica en la que la Nación existe solo para financiar a provincias que, como Formosa, reciben más que casi todas, pero exhiben los peores indicadores sociales. Si el dinero “ya era nuestro”, nadie tiene que explicar por qué, después de décadas de coparticipación récord, la pobreza sigue donde siempre estuvo.

Esa es la verdadera manipulación: convertir una herramienta de redistribución en un blindaje discursivo para justificar la permanencia de un sistema que se alimenta del Estado, pero no devuelve desarrollo, ni autonomía, ni futuro.