La titular del Juzgado Federal N° 2 de Formosa que permitió la impunidad del gobernador Insfrán por coimas en la causa The Old Fund, volvió a darle una "mano" al no notificarlo del amparo promovido contra la reelección indefinida y los plazos para responder.
Locales21/08/2024
leonardo fernández acosta
La imparcialidad demostrada por la Jueza Federal N°2 de Formosa, María Belén López Macé, para brindar impunidad al gobernador, Gildo Insfrán, ha quedado suficientemente demostrada cuando virtualmente "regaló" una causa por coimas a la consultora "The Old Fund" a la justicia provincial cuando se declaró incompetente ni bien tuvo el expediente en sus manos.
La causa, una de las pocas con abrumadoras pruebas contra el mandatario provincial, testaferros y varios de sus funcionarios fue rapidamente resuelta con una falta de mérito y archivada por el juez provincial, Marcelo Picabea, uno de los más expeditos cuando se trata de expedientes judiciales contra el poder.
Ahora López Macé, volvió a intervenir, no en pos de administrar justicia sino de dilatar los plazos determinados por la Corte Suprema de Justicia para que el gobierno realizara su descargo por un amparo promovido contra la reelección indefinida ya que no realizó la notificación fehaciente al gobernador Insfrán y a su fiscal de estado.
Esta inexplicable dilación y retardo de la justicia, en nada menos que un Juez Federal, jamás podría tomarse como impericia o negligencia y si podría considerarse un acto de complicidad con el poder provincial pero gracias a la actuación de la funcionaria el gobierno de Insfrán gana tiempo.
El Secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Rodríguez, libró un oficio a la Justicia Federal de Formosa para que notifique al gobierno de la provincia de Formosa y la Fiscalía de Estado sobre el plazo de 60 días pero este oficio no fue cumplido.
Ahora Agostina Villaggi, Rodolfo Basques, apoderados de la Confederación Frente Amplio Formoseño, con el patrocinio del Dr. Juan Sebastián Montoya, se presentaron para informar que a la fecha el Juzgado Federal de Formosa Nro. 2 NO ha firmado el proveído para realizar la notificación a la Provincia de Formosa. Increíble pero cierto.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
