Con cientos de empleados, los municipios destinan un promedio de 129,4 millones por edil.
Locales12/12/2024
leonardo fernández acosta
De acuerdo a los presupuestos municipales, el importe total de las 55 ciudades seleccionadas que presentaron
presupuesto en 2024 destinado a las legislaturas municipales para el año en curso asciende a $123.290 millones. Si se tiene en cuenta que el total de concejales de las jurisdicciones en cuestión asciende a 953, esto implica que cada uno de ellos tiene un costo de $129,4 millones al año. O, en otras palabras, equivalente a $10,8 millones mensuales.
El costo anual por concejal es dispar entre las ciudades. Al tope de la tabla con el costo más alto por concejal se
halla la ciudad de San Miguel de Tucumán (curiosamente, Tucumán es la provincia que más gasta por legislador
provincial), con $668,3 millones por año, le siguen Río Gallegos con $639,3 millones y San Salvador de Jujuy
con $564 millones. En el otro extremo, las que registran menor costo por concejal son las ciudades de Junín y de
Merlo, con erogaciones de $10,6 y $17,5 millones anuales respectivamente.
Un concejal tucumano cuesta 12 veces más que un concejal mendocino, una diferencia considerable y más si se
tiene en cuenta que la ciudad de Mendoza cuenta con 6 concejales menos.
Otro contraste importante se da entre las ciudades vecinas de Resistencia y Corrientes, en este caso, la primera
más que duplica el gasto por concejal de la segunda. La mayor disparidad se da entre las ciudades de San Miguel
de Tucumán y Junín (Provincia de Buenos Aires), cuyos gastos por concejal son de $668,7 y $10,6 millones respectivamente, es decir, que el costo legislativo de la ciudad norteña es 63 veces el de la pampeana. Finalmente, las ciudades de Rosario y Córdoba gastan casi lo mismo por concejal, siendo el costo anual de los mismos $285,6 y $285,1 millones por año.
Participación en los presupuestos municipales
El gasto destinado a los Concejos Deliberantes en las ciudades representa en promedio el 3,3% del total de sus
presupuestos (en este caso se analizaron 60 ciudades incluyendo en algunos casos los presupuestos del ejercicio 2023). Las jurisdicciones que exhiben una mayor participación son: la ciudad de Formosa (13,7%), Posadas
(11,2%), San Salvador de Jujuy (8,4%), Río Gallegos (8,3%) y Rawson (7,4%).
La ciudad de Formosa, en 2023, tenía presupuestado gastar en el Concejo Deliberante el equivalente al 89,9% del
gasto total en Obras Públicas. Además, para tomar otra dimensión de este gasto, equivalía al 65,5% del total de
recursos propios, es decir, excluyendo los recursos de origen provincial y nacional.
Al analizar la composición presupuestaria, la ciudad de Posadas destina a su Concejo Deliberante casi el mismo
monto (99%) que a su plan de obras públicas. A su vez, este monto es el 200% de lo que se le destina a la Secretaría de Turismo y Cultura y el 191% a la secretaría de Movilidad Urbana.
Por su parte, San Salvador de Jujuy gasta en mantener su Concejo un 130% de lo que destina para mantener la
policía y control municipal. Esto es, $6.768.743.065 vs. $5.228.512.501.
EL GASTO DE LA POLÍTICA GASTO DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES
Por su parte, San Salvador de Jujuy gasta en mantener su Concejo un 130% de lo que destina para mantener la
policía y control municipal. Esto es, $6.768.743.065 vs. $5.228.512.501. Otra comparación que sirve para tomar dimensión del gasto en el concejo es que, se destina al Concejo Municipal el 40% de lo que se le consigna a obras públicas y desarrollo urbano. El concejo de Río Gallegos gasta 4 veces lo que eroga la totalidad de la Secretaría de Producción. Cuando se compara contra la Secretaría de Salud, el Concejo Deliberante de esta ciudad gasta casi 5 veces lo que se destina a la mencionada jurisdicción.
Asimismo, el presupuesto del Concejo de Rawson es el 90% del monto que se destina a la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano de la ciudad. Una comparación más llamativa es que gasta un 750% de lo que eroga en su programa municipal alimentario.
Al igual que sucede en las legislaturas a nivel nacional y provincial, la mayor parte del gasto de los Concejos
Deliberantes se destina a personal, no sólo considerando el sueldo de los concejales, sino también, secretarías,
asesores y demás empleados permanentes y transitorios. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los
distintos municipios analizados.
Para los municipios en los que fue posible obtener este dato (41 del total analizado), se observa que la participación promedio del gasto en personal en el total del gasto del concejo es del 87,4%. Sin embargo, en 24 de los 41 casos el porcentaje supera el 90%, es decir al menos 9 de cada 10 pesos que cuesta en Concejo se va en forma de remuneraciones al personal ocupado.
Las cifras más bajas se encontraron en La Matanza (26,33%) y Florencio Varela (46,88%). Mientras que los casos
más extremos fueron los de Godoy Cruz y Maipú, ambos de la provincia de Mendoza con 99,7% y 98,96% respectivamente.
En el caso de Rosario, la cifra asciende al 68,52%, lo que la ubica como la cuarta que menos gasta en personal
en términos relativos de todas aquellas para las que disponemos de información. Dicho porcentaje es levemente
menor al de la ciudad de Córdoba (72,04%).
En lo que refiere al personal de los concejos, para las que se pudo acceder a información, en promedio, hay 17
trabajadores por legislador. La jurisdicción con la mayor cantidad de empleados por concejal es Posadas, cuyo
personal del Concejo asciende a 1.585 trabajadores lo que significa que posee 122 empleados por cada concejal.
La cifra de Posadas más que duplica la de las dos siguientes ciudades con mayor ratio, estas son Río Gallegos
(61 personas por concejal) y San Salvador de Jujuy (60). En el otro extremo, figuran ciudades con ratios muy
bajos como Tandil, San Nicolás, Rafaela, Olavarría y Junín donde la planta de personal adicional a los concejales
es igual, o incluso menos cuantiosa, que la cantidad de concejales que la ciudad posee.
En valores absolutos, las plantas más numerosas, además de la de Posadas, son las de Salta (729), San Salvador
de Jujuy (719 personas) y San Isidro (482). La ciudad de Córdoba tiene una planta de 260 personas, lo que da un
ratio de 8 personas por Concejal.
Las 55 ciudades para las cuales se disponen los Presupuesto 2024, concentran a 19.4 millones de personas, esto
es, poco más del 40% de la población del país. Y, considerando el total de egresos en Concejos Municipales, se
estima que aproximadamente se gastan en promedio $6.344 por habitante al año en este concepto.
Las diferencias son considerables entre ciudades. Las que más gastan en términos per cápita en el Concejo
son Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia, equivalentes a casi $39 mil, $33 mil y $29 mil al año por habitante,
respectivamente. Por su parte, las que menos gastan son Merlo ($301 per cápita al año), La Matanza ($1.258)
y Florencio Varela ($1.372).
Esto significa que Río Gallegos gasta más de 6 veces el promedio de las ciudades consideradas, Río Grande y
Ushuaia alrededor de 5 veces, mientras que ciudades como Lanús, Resistencia, Oberá, Quilmes gastan menos que la mitad del promedio.
En cuanto a otras de las ciudades más pobladas, Córdoba y Rosario se encuentran en guarismos similares,
$5.872 y $5.930, levemente por debajo del promedio considerado. Por otro lado, San Miguel de Tucumán gasta
unos $20.379 per cápita, General Pueyrredón $6076, Mendoza $5.194.
Consideraciones Finales
En el actual contexto de políticas públicas que apuntan a un gasto público eficiente, controlado, austero y transparente y, que está obligando a todos los niveles de gobierno a revisar su estructura, su necesidad y funcionalidad, el gasto de los Concejos municipales no debe quedar exento a ello.
El gasto público debe priorizar sectores esenciales reduciendo al mínimo las estructuras burocráticas costosas
e ineficaces. Los números expuestos evidencian la necesidad de reformar y racionalizar estas instituciones,
eliminando gastos superfluos que no generan valor directo para la sociedad.
Cualquier gasto excesivo no solo implica una asignación ineficiente de recursos públicos, sino que también,
genera una carga innecesaria sobre los contribuyentes. Un Estado más reducido y eficiente es esencial para
garantizar que los fondos públicos sean utilizados en áreas que realmente impulsen el desarrollo económico y el
bienestar de los ciudadanos.
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