No será la primera vez que al Banco Formosa le llueven las críticas junto a las autoridades provinciales, a quienes acusan de avalar estas prácticas abusivas. Algunos incluso exigen que se revise el accionar del banco y se implementen mecanismos que garanticen el respeto por los derechos de los trabajadores.
Locales19/12/2024
leonardo fernández acosta
A partir del día de hoy, comienza el cronograma de pagos del medio aguinaldo destinado a los empleados de la administración pública provincial. El cronograma establece que este jueves será el turno de los trabajadores cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2, 3 y 4. Por su parte, el viernes 20 se hará efectivo el pago a los empleados con documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9, completando así la primera tanda de desembolsos.
En cuanto al personal en actividad, se ha establecido un cronograma específico. El sábado 21 de diciembre recibirán el medio aguinaldo los agentes cuyos DNI concluyan en 0, 1, 2, 3 y 4, mientras que el domingo 22 será el turno de los trabajadores con documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9. Este esquema tiene como finalidad garantizar que el dinero llegue a todos los sectores de la administración pública antes de las festividades.
Sin embargo, no todas son buenas noticias. La sorpresa (o no tan sorpresa) para muchos empleados es que el Banco Formosa, de manera cuestionable, procederá a realizar descuentos automáticos del medio aguinaldo por conceptos que incluyen vencimientos que operan después del 27 de diciembre. Este procedimiento, señalado por muchos como ilegal, implica que se debitarán montos correspondientes a deudas que no deberían ser descontadas hasta fin de mes, específicamente del sueldo regular de diciembre que será liquidado los últimos días del año.
El Ministro de Economía de la provincia, Jorge Ibáñez, en plena pandemia justificó esta práctica con declaraciones que no han caído bien entre los afectados. Según el funcionario, cuya hija figura como socia accionista del Banco Formosa, "los muchachos no dejan platita para pagar sus deudas". Esta afirmación ha generado indignación entre los trabajadores, quienes consideran que este tipo de procedimientos vulneran sus derechos y representan un abuso de poder por parte de las entidades financieras con respaldo estatal.
Para muchos, este "regalito de Navidad" no solo es inoportuno, sino que también simboliza un atropello a la economía familiar. Los empleados públicos afectados señalan que el medio aguinaldo tiene como fin cubrir gastos extraordinarios propios de las fiestas, como la compra de alimentos, regalos o incluso pagos atrasados. Sin embargo, la deducción anticipada de montos cuyo vencimiento está programado para fechas posteriores limita severamente esta posibilidad, generando un clima de frustración e impotencia.
No será la primera vez que al Banco Formosa le llueven las críticas junto a las autoridades provinciales, a quienes acusan de avalar estas prácticas abusivas. Algunos incluso exigen que se revise el accionar del banco y se implementen mecanismos que garanticen el respeto por los derechos de los trabajadores.
Esta situación no es nueva en la provincia, pero el hecho de que ocurra en vísperas de las fiestas la hace aún más indignante. Muchos consideran que estos descuentos deberían aplicarse estrictamente cuando correspondan, es decir, sobre el sueldo regular de diciembre y no sobre el aguinaldo. Esto permitiría que las familias pudieran disponer libremente de su dinero en un momento del año donde los gastos suelen aumentar de manera considerable.
En definitiva, lo que debería ser un alivio financiero para los empleados públicos se ha transformado en una nueva fuente de preocupación. La falta de transparencia y el aparente conflicto de intereses entre el gobierno y el Banco Formosa han dejado a los trabajadores con pocas opciones, pero con muchas razones para sentirse traicionados.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
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La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
