Mientras miles de formoseños hacen malabares para pagar su factura de luz, el Estado destina 4 millones de dólares anuales para cubrir el consumo de 43.600 originarios de las comunidades, que en promedio usan 300 kW en cada hogar. ¿Quién paga realmente la cuenta? Los contribuyentes que sí abonan sus tarifas.
Locales30/01/2025
leonardo fernández acosta
El año pasado en plena campaña, Gildo Insfrán se reunía con las comunidades aborígenes del oeste y les enrostraba que el estado provincial les pagaba todo, la luz, los sueldos, el internet y hasta los remedios, por lo que no tenían que votar al frente de Javier Milei. Algo que por supuesto no le resultó.
En la comunidad de Santa Teresa y con bajas temperaturas, en ese momento, el gobernador sin ningún tipo de tapujos, sometía a una extraña extorsión a los aborígenes y les decía abiertamente: “¿Cuánto pagan de luz ustedes?... ¡Ah! No pagan nada. Bueno, esto no hay en ningún lado” y agregaba: “Les pregunto una cosa, ¿cuando tienen que hablar por Whatsapp y ustedes se enojan porque por ahí el sistema no anda, no funciona? Son los primeros que hacen corte y se enojan porque no le andan al Whatsapp ¿Cuánto pagan? No pagan ningún peso”.
Acto seguido, Insfrán les aclaró que alguien paga lo que ellos no: “Bueno, ¿eso ustedes creen que alguien nos paga? ¿Eso sabe quien paga? Eso paga el Estado. Pues les paga a ustedes”.
El mandatario les hizo notar que a pesar de tener sueldo, no pagaban como si lo hacen 180 mil usuarios de REFSA: ¿Por qué no pagan los que tienen sueldo y ganan bien? Porque hay muchos que están acá y tienen sueldo. No están gratis, eso también paga el Estado. Y tienen sueldo y tienen zona, tienen 200% de zona y vienen (los opositores) y les meten cosas a ustedes”.
A Insfrán no le resultó esta estrategia porque, Javier Milei, llegó a la presidencia y se transformó en la primera minoría en la provincia. Hubo comunidades del oeste con una cantidad interesante de votos hacia los libertarios.
Sin embargo, la extorsión a las comunidades aborígenes y la utilización burda de los recursos del estado por parte del gobernador, no es nada nuevo. Mientras hay formoseños que no pagan un centavo, aún con ingresos del estado, hay otros que pagan por ellos.
Pero como en otras oportunidades, Formosa Investiga, calculó estimativamente y de acuerdo a las comunidades aborígenes que Insfrán financia con plata de todos, cuanto sería el consumo que todos los que si pagan financian para que el gobernador haga campaña.
Según el Censo 2022, la población total de Formosa es de aproximadamente 606.000 habitantes. Si el 7,2% de la población pertenece a comunidades indígenas se estima que hay alrededor de 43.600 habitantes originarios en la provincia de Formosa.
Si consideramos un promedio de 4 personas por hogar, habría aproximadamente 10.900 hogares originarios. Si cada hogar consume en promedio 300 kWh al mes (una cifra conservadora para zonas con alta demanda de refrigeración por el calor), el consumo total mensual sería 3.270.000 kWh/mes. Esto equivale a Esto equivale a 39.240.000 kWh al año.
Con la tarifa plena de diciembre de 2024 de $132,72 por kWh, el monto que REFSA dejaría de percibir sería de $5.209.852.800 al año. Si lo convertimos a dólares al tipo de cambio de $1.200/USD (valor estimado del dólar blue en 2024), esto implicaría la suma de 4.341.544 USD al año.
No es difícil darse cuenta de porque los usuarios de REFSA que pagan la luz, pagan en exceso, lo que el ejército cautivo clientelar de Insfrán no paga. Quizás no solo haya que terminar con la discrecionalidad para que el gobernador haga lo que quiera con los fondos públicos sino también estudiar la posibilidad de una denuncia penal por una potencial extorsión.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
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Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
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Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
