El Senador Nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, planteó ante la Justicia Federal de Formosa, con competencia electoral, la inconstitucionalidad de la Ley de Lemas 653. El juez Federal, Pablo Morán se declaró incompetente, el legislador apeló y la Cámara ratificó la incompetencia.
Locales04/04/2025
leonardo fernández acosta
El senador nacional por Formosa de la Libertad, Progreso y Trabajo, Francisco Paoltroni, realizó un pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Lemas 653, ante la Justicia Federal con competencia electoral, considerando la norma “Como un ordenamiento jurídico que violenta la direccionalidad del voto, unida a la posibilidad de la reelección indefinida”, esto vinculado al art. 132 de la Constitución Provincial, según manifiesta el legislador.
Aseguró además que las elecciones bajo este sistema funcionan como un mecanismo de “inducción o tracción” en todas las categorías de representación, ya que las listas de los distintos sublemas llevan adheridos a las distintas boletas los cargos de diputados nacionales y en las provinciales, el electorado elige a un candidato y por el mecanismo legal termina siendo elegida otra persona.
Por su parte el juez federal con competencia electoral de Formosa, Pablo Morán , a instancias del Ministerio Público Fiscal, manifestó que: “El accionante pretende que la Justicia Federal analice la legitimidad de facultades y prerrogativas expresamente reservadas a las provincias a través de la Acción Ordinaria de Inconstitucionalidad, desconociendo la intervención que en la materia se asigna al Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Formosa”; y concluye considerando que “no se advierte lesión a intereses o bienes del Estado Nacional, por tanto estimo que V.S. no resulta competente. En consecuencia corresponde remitir lo actuado al Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Formosa” entre otros argumentos y declaró la incompetencia de ese fuero para entender en el planteo presentado.
Paoltroni apeló esta decisión ante la Cámara Nacional Electoral, quien consideró que la justicia Nacional Electoral resulta incompetente para entender en esta causa. “Ello es así, pues la norma impugnada pertenece al ámbito del derecho local de esa provincia y el conflicto suscitado a su respecto requiere para su solución la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico provincial, de modo tal que su conocimiento y decisión resulta inexorablemente propia de los jueces estaduales” expresaron en los considerandos.
Consideraron además que: “Interpretar lo contrario importaría, por lo demás, alterar la distribución de competencias propia del sistema federal de gobierno” por lo que, entre otros argumentos resolvieron confirmar la resolución apelada de incompetencia de la justicia federal electoral respecto de la Ley de Lemas.
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La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
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