El Senador Nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, planteó ante la Justicia Federal de Formosa, con competencia electoral, la inconstitucionalidad de la Ley de Lemas 653. El juez Federal, Pablo Morán se declaró incompetente, el legislador apeló y la Cámara ratificó la incompetencia.
Locales04/04/2025
leonardo fernández acosta
El senador nacional por Formosa de la Libertad, Progreso y Trabajo, Francisco Paoltroni, realizó un pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Lemas 653, ante la Justicia Federal con competencia electoral, considerando la norma “Como un ordenamiento jurídico que violenta la direccionalidad del voto, unida a la posibilidad de la reelección indefinida”, esto vinculado al art. 132 de la Constitución Provincial, según manifiesta el legislador.
Aseguró además que las elecciones bajo este sistema funcionan como un mecanismo de “inducción o tracción” en todas las categorías de representación, ya que las listas de los distintos sublemas llevan adheridos a las distintas boletas los cargos de diputados nacionales y en las provinciales, el electorado elige a un candidato y por el mecanismo legal termina siendo elegida otra persona.
Por su parte el juez federal con competencia electoral de Formosa, Pablo Morán , a instancias del Ministerio Público Fiscal, manifestó que: “El accionante pretende que la Justicia Federal analice la legitimidad de facultades y prerrogativas expresamente reservadas a las provincias a través de la Acción Ordinaria de Inconstitucionalidad, desconociendo la intervención que en la materia se asigna al Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Formosa”; y concluye considerando que “no se advierte lesión a intereses o bienes del Estado Nacional, por tanto estimo que V.S. no resulta competente. En consecuencia corresponde remitir lo actuado al Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Formosa” entre otros argumentos y declaró la incompetencia de ese fuero para entender en el planteo presentado.
Paoltroni apeló esta decisión ante la Cámara Nacional Electoral, quien consideró que la justicia Nacional Electoral resulta incompetente para entender en esta causa. “Ello es así, pues la norma impugnada pertenece al ámbito del derecho local de esa provincia y el conflicto suscitado a su respecto requiere para su solución la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico provincial, de modo tal que su conocimiento y decisión resulta inexorablemente propia de los jueces estaduales” expresaron en los considerandos.
Consideraron además que: “Interpretar lo contrario importaría, por lo demás, alterar la distribución de competencias propia del sistema federal de gobierno” por lo que, entre otros argumentos resolvieron confirmar la resolución apelada de incompetencia de la justicia federal electoral respecto de la Ley de Lemas.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
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