Violencia familiar, manipulación patrimonial y poder político entrelazados en una causa que sacude al corazón del gobierno de Insfrán. Mientras se prepara para las elecciones, la ministra Guardia Mendonca enfrenta graves denuncias que el oficialismo intenta silenciar.
Locales08/05/2025
leonardo fernández acosta
La ministra secretaria general del Poder Ejecutivo de Formosa, Cecilia Guardia Mendonca, enfrenta una delicada situación judicial que la involucra en un conflicto familiar con fuertes implicancias políticas. En medio de un proceso que incluye acusaciones por maltrato a adultos mayores, presunta apropiación de bienes de sus padres y tráfico de influencias, el caso amenaza con tener impacto directo en el proceso electoral que encabeza el oficialismo local de cara a las convencionales constituyentes y las legislativas de junio.
Guardia Mendonca, quien según trascendidos estaría evaluando postularse como candidata a convencional constituyente, habría sido advertida desde sectores de poder sobre la necesidad de bajar el tono del conflicto familiar, por el riesgo que supone para la imagen del gobierno de Gildo Insfrán.
Según consta en el expediente, la funcionaria estaría intentando quedarse con los bienes de sus padres a través de estructuras societarias vinculadas. No actuaría sola: su hermano, Humberto Carlos Guardia Mendonca, también aparece mencionado en la causa. Se trata de un exfuncionario kirchnerista que ocupó un cargo clave como vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia durante la presidencia de Néstor Kirchner. Fue uno de los firmantes del dictamen que habilitó la polémica fusión entre Cablevisión y Multicanal, aprobada por decreto en las últimas horas del mandato de Kirchner, y luego cuestionada por su sucesora y esposa, Cristina Fernández.
El vínculo de Humberto Guardia Mendonca con la política formoseña se mantuvo activo: fue promovido para integrar la justicia federal durante el gobierno de Alberto Fernández, pero su pliego fue retirado por el presidente Javier Milei apenas asumió, junto a otras 61 propuestas judiciales.
En la causa actual, ambos hermanos Guardia Mendonca son señalados por allegados a la familia como responsables de conductas que podrían encuadrar en maltrato hacia sus propios padres, especialmente en lo que respecta al manejo de patrimonio y situaciones de presión y violencia familiar. Las denuncias fueron desestimadas hasta ahora por las autoridades responsables de la protección de adultos mayores, generando preocupación por el presunto uso de influencia política para silenciar el conflicto.
El caso pone bajo la lupa no solo el accionar de una funcionaria con aspiraciones electorales o su hermano con pretensiones en la justicia federal, sino también el modo en que el poder provincial gestiona los escándalos internos en tiempos de campaña. La dimensión privada y judicial del conflicto ya desbordó los límites familiares, y comienza a mostrar ramificaciones que comprometen la institucionalidad.
El escándalo que recién comienza no solo vuelve a poner sobre la mesa el ocultamiento de violencia familiar o de adultos mayores y como se esconde cuando se trata de funcionarios sino que lleva a la superficie las relaciones de la ministra Guardia Mendonca en otras sociedades de pingues negocios a través de otras sociedades y franquicias reconocidas en la provincia.
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Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
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El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
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