El fallo de Corrientes que desnuda cómo Insfrán usa la ley provincial para blindarse, mientras habla de superávit y avanza sobre la propiedad privada sin todavía haber modificado la Constitución Provincial. Le recordaron a los jueces militantes que la Corte Suprema ya había establecido que los tribunales provinciales no deben revisar el fondo de los fallos de otras jurisdicciones, sino simplemente garantizar su ejecución.
Locales21/08/2025
leonardo fernández acosta
Un fallo de la justicia correntina vino a sacudir las estructuras de Formosa y expuso, una vez más, la doble vara con la que el gobierno de Gildo Insfrán maneja su relato económico. Mientras el gobernador se jacta en sus discursos de que la provincia goza de superávit, mantiene prorrogada año tras año una “emergencia económica” que lleva más de dos décadas. Una contradicción que no es inocente: esa emergencia es la llave que utilizan los jueces militantes del gildismo para blindar al régimen y condicionar derechos básicos, como la propiedad privada.
La escena se desató cuando una empresa correntina intentó ejecutar un secuestro prendario sobre una maquinaria agrícola en Formosa, garantía de un contrato incumplido. El Juzgado Civil y Comercial N° 8 de Corrientes ordenó el procedimiento, pero en Formosa la respuesta fue un portazo: el juez local se amparó en el artículo 3 de la Ley Provincial 1.373/02, que desde 2002 suspende medidas como secuestros o subastas bajo el paraguas de la “emergencia”. La ley que todos los años, los diputados gildistas prorrogan para darle tranquilidad a su jefe y que siga con Superavit sin sobresaltos financieros.
El mecanismo es siempre el mismo: los jueces formoseños, alineados con el poder político, aplican esa norma como un escudo automático que protege a los deudores locales frente a reclamos externos, aunque en los hechos lo que hacen es poner en jaque la seguridad jurídica y el principio constitucional de cooperación entre provincias.
Pero esta vez la maniobra chocó con un límite. El juez correntino Leonardo Sánchez declaró inconstitucional el artículo 3 de la ley y ordenó ejecutar la medida sin más dilaciones. En su fallo, fue contundente: la norma de Formosa impide que se cumplan decisiones judiciales válidas, dejando a los acreedores “sin herramientas efectivas para resguardar sus derechos”. Recordó, además, que la Corte Suprema ya había establecido que los tribunales provinciales no deben revisar el fondo de los fallos de otras jurisdicciones, sino simplemente garantizar su ejecución.
El contraste no podría ser más brutal. Formosa es presentada por Insfrán como una provincia ordenada, con cuentas equilibradas y superávit, pero al mismo tiempo sostiene una “emergencia” infinita que se transforma en el argumento legal para frenar ejecuciones y limitar derechos de propiedad. El superávit en los discursos y la emergencia en los papeles: un doble juego que desnuda el verdadero rostro del modelo formoseño.
Lo que resolvió la justicia de Corrientes no es solo un gesto en favor de una empresa que buscaba cobrar lo que le corresponde; es también un freno al blindaje judicial con el que el insfranismo se protege a sí mismo y a su red de complicidades. Un precedente que pone en evidencia la connivencia entre jueces militantes y poder político, y que podría abrir la puerta a una cascada de cuestionamientos contra una ley que nunca debió existir más allá de una coyuntura puntual.
En Formosa, la emergencia dejó hace tiempo de ser económica: es institucional y democrática.
El gobierno de Formosa repudia desde el PJ la situación en Venezuela, pero contrata a médicos que huyeron del chavismo y hoy callan por miedo. Víctimas del exilio, repiten en Formosa el mismo silencio aprendido bajo Maduro, ante un poder que tampoco tolera la crítica.
La homilía de Conejero expresó una realidad que la sociedad reconoce en su vida cotidiana y que el discurso oficial ya no logra tapar. Las respuestas de Jorge González y Graciela Parola, lejos de desacreditar al Obispo, expusieron el desgaste del relato y el rechazo creciente hacia quienes intentan sostenerlo desde los actos militantes y no desde la calle.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
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