Formosa vota pero no elige: la maquinaria electoral que ya inspira pedidos de intervención federal

En Formosa no hay elecciones: hay rituales. Lo que el aparato oficialista llama “voluntad popular” es, en realidad, una puesta en escena meticulosamente planificada, garantizada por leyes amañadas, jueces obedientes, policías militantes y una oposición que no sabe, no puede o no quiere romper el molde. Lo del domingo fue otra ceremonia del poder. Un simulacro.

Con el 67% en convencionales constituyentes, el 56% en diputados provinciales y el 54% en concejales capitalinos, el Partido Justicialista volvió a demostrar lo que todos ya sabíamos: que en Formosa no se compite, se confirma el orden establecido. La boleta larga, la ley de lemas, la dispersión artificial de sublemas, la confusión inducida, todo está diseñado para asegurar que el resultado siempre sea el mismo. En una tierra donde el gobernador lleva un cuarto de siglo en el poder, el recambio no es una posibilidad: es una amenaza.

Mientras Gildo Insfrán sostiene el decorado institucional, el fondo del escenario permanece inalterable. La ley de lemas, ese engendro de la ingeniería electoral, se convirtió en el corazón del mecanismo perpetuador. A través de ella, los sublemas oficialistas suman votos como una sola criatura con múltiples cabezas, y la oposición queda condenada a disputar entre sí las sobras del poder, sin posibilidad alguna de presentar un frente unificado.

Pero no todo es ingeniería legal. Hay también disciplinamiento de jueces que nunca fallan contra el poder, una Policía provincial que custodia las urnas como si fueran patrimonio del PJ, y un sistema clientelar aceitado que reemplaza derechos por favores, planes por obediencia, y necesidades por votos. Así se construye el 67%. No con ideas. Con control.

La oposición, por su parte, no solo es débil: es funcional. Entre el Frente Amplio Formoseño y La Libertad Avanza, repartieron candidaturas como si no entendieran que del otro lado hay un aparato unificado, invencible bajo las reglas del juego actual. Con una dirigencia más preocupada por ocupar el segundo lugar que por disputar el primero, no hay ni estrategia ni coraje para enfrentar al régimen. Y eso también es parte del plan.

El resultado es previsible: Insfrán no gana, impide que alguien más lo haga. Lo suyo no es una victoria, es una ocupación permanente del sistema democrático, maquillada con urnas y porcentajes. En cualquier otra provincia, sacar más del 67% sería una proeza. En Formosa, es rutina.

Formosa necesita algo más que elecciones: necesita condiciones para que esas elecciones signifiquen algo. Mientras el poder siga concentrado, blindado y personalizado, mientras los resortes institucionales estén bajo el puño del Ejecutivo, y mientras la oposición siga jugando a perder, lo que ocurre cada dos años en las urnas no es democracia: es obediencia cronometrada.

El resultado del domingo no fue una sorpresa, sino un síntoma. Una provincia gobernada hace más de 25 años por la misma persona, con un sistema electoral manipulado desde su diseño, con jueces que responden al poder político y fuerzas de seguridad que actúan como custodios del régimen, no es una democracia: es una administración autoritaria con fachada institucional.

No es casual que incluso juristas tan disímiles como Andrés Gil Domínguez, Eduardo Barcesat, Daniel Sabsay o Gustavo Lonigro, desde diversas posiciones ideológicas,  hayan planteado en más de una oportunidad el debate constitucional sobre una posible intervención federal. Lo que en otras provincias sería impensado, en Formosa empieza a sonar como la única salida ante una degradación institucional que ya no se esconde.

Porque no se trata solo de un resultado electoral desproporcionado, sino de una estructura que se fagocitó la república: sin independencia de poderes, sin prensa libre en los medios tradicionales, sin oposición efectiva y con un pueblo rehén del aparato estatal.