Mientras Ricardo Cabrera se retira con todos los honores del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, su exsocio Marcelo D'Alessio es condenado por integrar una red de espionaje, extorsión y lavado de dinero. Una historia de vínculos, privilegios y negocios turbios que la Justicia nunca quiso investigar.
Locales04/07/2025
leonardo fernández acosta
El mismo día que Ricardo Cabrera se jubilaba con honores del Superior Tribunal de Justicia de Insfrán, Jueces federales condenan a Marcelo Sebastián D'Alessio a 13 años y 6 meses de prisión por integrar una red de espionaje ilegal, extorsión y lavado de dinero. El falso abogado, protagonista central de uno de los escándalos más oscuros del lawfare en Argentina, fue señalado como cabecilla de dos asociaciones ilícitas, y da la casualidad, fue socio del magistrado pasivo.
Ricardo Cabrera ejerció como ministro del STJ formoseño desde 2013 y, según los registros oficiales, fue presidente del mismo tribunal en 2022. Hasta hace poco, integraba la línea de subrogancia del máximo órgano judicial provincial. En junio de 2024 presentó su renuncia para acogerse a la jubilación, la cual fue aceptada por unanimidad en la Legislatura local, destacando su "trayectoria institucional".
Pero ese CV judicial choca de frente con un pasado empresarial opaco y relaciones personales que hoy, tras la condena a D'Alessio, toman otra dimensión. Cabrera fue socio comercial de Marcelo D’Alessio en al menos dos empresas: VALUMAR SRL y ÑEMBO SRL, creadas en 2008 en Formosa, y dedicadas a servicios de radiotaxi y mensajería. Es decir, compartieron negocios mucho antes de que D’Alessio saltara al escándalo público.
La relación no terminó en los papeles societarios. En 2011, Cabrera, ya con cargos dentro del Estado, introdujo a D'Alessio como asesor en ENARSA, empresa estatal energética, a través de un contrato con la Facultad de Derecho de la UBA. Desde ese lugar, el ahora condenado participó en maniobras contractuales multimillonarias. La más notoria: una póliza para asegurar buques de GNL, con un costo estimado de más de 30 millones de dólares, una operación denunciada por su falta de transparencia.
Cabrera ocupaba entonces la gerencia de Administración y Finanzas en ENARSA. En 2015, una comisión parlamentaria intentó investigar estas contrataciones, pero la causa se desdibujó en la inercia judicial y la falta de voluntad política.
Pero no todo se limita a lo nacional. En 2020 se reveló que Cabrera alquilaba una propiedad de su propiedad a la Procuración General de la Nación, percibiendo cerca de $2.880.000 en tres años, con ingresos mensuales de $80.000. El contrato fue firmado por el procurador interino Eduardo Casal, lo que generó polémica por el conflicto de intereses: un juez alquilando al Ministerio Público Fiscal.
Pese a las denuncias periodísticas, Cabrera nunca fue imputado, ni investigado formalmente. En la Argentina judicial, ser socio del espía más escandaloso de la última década, beneficiarse de negocios con el Estado y participar de contrataciones millonarias poco claras no alcanza para activar el sistema penal.
D’Alessio fue condenado en 2021 por tentativa de extorsión, y este 3 de julio de 2025 recibió su segunda y más dura sentencia: 13 años y 6 meses por espionaje ilegal, extorsión, lavado de dinero, tenencia ilegal de armas y coacción. El juicio oral duró casi dos años, incluyó más de 106 testigos y 30 terabytes de información, y probó el funcionamiento de una estructura criminal que operó entre 2016 y 2019, conectada con fiscales, jueces, periodistas y funcionarios.
Según el fiscal Marcelo Colombo, se trató de un “binomio de espionaje y extorsión” que usaba a los medios y a la Justicia como palancas de presión. Y aunque en el fallo no se menciona a Cabrera directamente, su papel como facilitador de la llegada de D’Alessio al Estado y su rol societario no pueden leerse hoy con inocencia.
A diferencia de su socio, Cabrera nunca enfrentó cargos judiciales. No hay causas penales abiertas, imputaciones, ni procesos formales. Las razones son conocidas en la fauna judicial argentina: las investigaciones periodísticas no suelen derivar en causas judiciales si no hay voluntad política. Las conexiones con estructuras de poder provincial y nacional, blindan a ciertos actores.
Y cuando no hay denuncia formal, ni fiscal que impulse la causa, el archivo es el destino previsible.
La condena a Marcelo D'Alessio vuelve a poner en el centro de la escena la existencia de redes de poder paralelas, donde espías truchos, jueces, fiscales y empresarios construyen una justicia a medida. Pero lo más grave no es lo que se condenó, sino lo que sigue sin condenarse.
Ricardo Cabrera se retira del Poder Judicial sin mancha penal, pero con manchas éticas y políticas imborrables. Fue socio, facilitador y beneficiario de un entramado que hoy está parcialmente desenmascarado. Su retiro jubilatorio es un espejo de cómo opera la verdadera casta judicial: en silencio, sin juicio y con privilegios intactos.
Con un sueldo mínimo provincial fijado en $880 mil, Insfrán y sus gremialistas festejan un “logro” que ni siquiera alcanza a cubrir la Canasta Básica Total en Argentina, hoy arriba del millón de pesos. Un aumento efímero que la inflación pulveriza y una claque sindical que aplaude el ajuste disfrazado de conquista.
En Formosa, familias enteras denuncian intentos de homicidio y ataques incendiarios por militar fuera del oficialismo. La justicia se mueve lento, la policía mira hacia otro lado y el poder político guarda silencio. La impunidad no es casual: es el verdadero mensaje de un régimen que castiga con fuego a quienes se atreven a pensar distinto.
El discurso de Camilo Orrabalis es pura escenografía: hospitales sin médicos, pasillos llenos de pacientes que esperan horas, derivaciones sistemáticas a clínicas privadas socias del poder y un sistema que se sostiene en la propaganda más que en la atención real. El “Estado presente” que declama solo existe en las fotos y en los actos; en la vida cotidiana, el modelo formoseño es abandono sanitario con maquillaje electoral.
La ex militante gildista reciclada en radical, Bianca Capeletti Puyo, pretende erigirse en guardiana de la ética y la moral mientras reparte amenazas judiciales a periodistas. Con ínfulas de superioridad, ahora sueña con una candidatura en 2027 apadrinada aparentemente por Juan Carlos Amarilla, borrando de la memoria su pasado al lado de los Insfrán.
Mientras la producción citrícola de Formosa ronda apenas las 14 a 19 mil toneladas anuales y está lejos de ser líder nacional, el diputado Ramiro Fernández Patri celebra un festival financiado con recursos públicos —con cachés millonarios para artistas nacionales como Nicki Nicole— como si fuese la prueba viva del “modelo productivo” de Gildo Insfrán.
La convencional Valeria Ruth Méndez defendió con entusiasmo las reformas al Poder Judicial en la nueva Constitución provincial. Paradójicamente, nunca ejerció como abogada ni litigó en los tribunales locales: es empleada del Poder Legislativo. El episodio expone el circo de una Convención donde la improvisación y la obediencia política reemplazaron a la experiencia real.
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