Celeste Ruiz Díaz dejó Formosa sin pena ni gloria y aterrizó en Santa Fe con cargo nuevo y discurso institucional. Pero bastó un cruce con Amalia Granata en Twitter para que la Convención Constituyente se convirtiera en un ring de chicanas, acusaciones y cero ideas. Reforma sí, pero con escándalo incluido.
Locales17/07/2025
leonardo fernández acosta
La reforma constitucional de Santa Fe arrancó, y con ella llegó el show. Pero no el institucional: el de Twitter. La que salió al cruce con ínfulas de prócer fue Celeste Ruiz Díaz, ex figura del radicalismo formoseño, quien tras no pegar una en su tierra natal se recicló como funcionaria en el gobierno de Maximiliano Pullaro, en la provincia que ahora llama —con entusiasmo— "la invencible Santa Fe".
Claro, no todos en la Convención la recibieron con los brazos abiertos. Amalia Granata, diputada, mediática y especialista en escándalos, disparó con munición gruesa: acusaciones de “ñoqui”, de acostarse “por cargos”, y la ironía habitual de quien mezcla política con farándula sin disimulo.
Ruiz Díaz no se quedó callada: le recordó a Granata que está "muy ocupada con el puterío" y que "vive de los santafesinos mientras reside en Buenos Aires". El nivel del debate institucional, como se ve, está en su pico más alto.
El intercambio tuvo perlas para todos los gustos: desde “sugar daddies” hasta reclamos por doble sueldo y menciones indirectas a Gildo Insfrán, el eterno gobernador formoseño que Celeste dejó atrás… o no tanto, porque cada tanto lo usa como comodín para justificar su nuevo rol en tierras ajenas.
El problema no es que haya migrado políticamente —en tiempos de movilidad ideológica, eso es moneda corriente—, sino el discurso altisonante con el que intenta posicionarse como voz moral de una reforma profunda, cuando en su provincia no logró ni renovar una banca.
Eso sí, tuitea con convicción: “La Convención Constituyente es cosa seria. Allí se define el futuro de las próximas generaciones”. Pero entre chicanas con Amalia y arengas institucionales, lo que todavía no aparece son los proyectos concretos de ninguna de las dos.
Lo que sí queda claro es que mientras algunos redactan la nueva Carta Magna, otras ya están escribiendo su propio guion en clave de reality político.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
