La Convención Constituyente de Formosa se ha convertido en una parodia de institucionalidad. Con el pretexto de reformar el artículo 7, el gildismo intenta consagrar un dogma de subordinación total a la lógica del poder local, blindando la autonomía provincial contra cualquier crítica o intervención, incluso si los abusos se multiplican. La República, mientras tanto, es arrinconada en los márgenes del discurso.
Locales05/08/2025
leonardo fernández acosta
Lo que debía ser una oportunidad histórica para fortalecer los principios democráticos, mejorar la calidad institucional y actualizar una Constitución envejecida, se convirtió en una farsa. Una tragicomedia, si se quiere. En la Convención Constituyente de Formosa, lo que se discute ya no son artículos constitucionales, sino quién grita más fuerte, quién invoca con mayor fervor la identidad provincial como escudo para blindar el poder de siempre. La sesión en la que se trató la reforma del artículo 7 de la Carta Magna provincial fue una síntesis perfecta del extravío político y jurídico que atraviesa el proceso.
El convencional Rodrigo Vera, oficiando de vocero del oficialismo, propuso incluir en la Constitución una cláusula que, en la práctica, establece que cualquier funcionario formoseño que no defienda a rajatabla la autonomía provincial será pasible de sanción política. La redacción es tan ampulosa como peligrosa: sugiere que quien critique, denuncie o incluso evalúe mecanismos institucionales de auxilio nacional, como la intervención federal, estará traicionando a la patria chica. Lo que comenzó como una defensa del federalismo terminó en un delirio retórico donde se iguala a los opositores con los realistas de 1810.
No hay que subestimar el intento. Este nuevo párrafo, más que proteger la autonomía, busca establecer un "bozal legal", como bien denunció el convencional Basualdo, para disciplinar la disidencia. Es el blindaje discursivo del régimen gildista: en nombre del federalismo, se anula la república. Bajo el ropaje de la identidad formoseña, se condena cualquier posibilidad de supervisión externa. Se ensalza la soberanía provincial, pero se pisotean derechos básicos y principios republicanos.
El grotesco alcanzó su clímax cuando Vera, en tono grandilocuente, acusó de "traición" a quienes piden intervención federal. En su visión, una república sin federalismo es imposible; pero su interpretación del federalismo es tan unilateral, tan autoritaria, que en nombre de una parte del contrato (la autonomía), dinamita la otra: la garantía republicana. Nadie en su sano juicio puede negar la importancia del federalismo como piedra angular del sistema argentino. Pero tampoco puede desconocerse que el federalismo no habilita abusos, ni convierte a las provincias en feudos impunes.
La intervención federal, prevista en el artículo 6 de la Constitución Nacional, no es una afrenta al federalismo, sino una válvula institucional para preservar el orden constitucional, cuando este se ve avasallado. Pretender demonizarla es negar la propia arquitectura del sistema argentino.
Mientras Vera teatralizaba desde su atril, el convencional Basualdo, intendente de Las Lomitas, desnudó otra verdad incómoda: la concentración del poder en Formosa no tiene contrapesos. Ni jueces, ni fiscales, ni legisladores escapan al control del "quinto piso". Y esa es la gran tragedia de la provincia: una institucionalidad secuestrada, un simulacro de división de poderes, una Convención que ya no reforma, sino que refuerza el status quo.
Lo que vemos es un proceso constituyente que no enriquece el pacto democrático, sino que lo empobrece. Que no amplía derechos, sino que los encierra en un discurso maniqueo y persecutorio. Y lo más grave: que pretende sustituir el debate político por la obediencia ideológica, y la deliberación por la propaganda.
Frente a este escenario, es urgente que la sociedad formoseña y el país prenda las alarmas. Porque lo que se cocina en Formosa no es un capítulo aislado: es un laboratorio de retroceso institucional, de cómo el poder puede disfrazarse de legalidad para eternizarse y blindarse. Lo que está en juego no es sólo un artículo. Es la república misma.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
