Formosa rompe el pacto federal bajo la bandera del ambientalismo

La Convención Constituyente de Formosa aprobó el miércoles algo que va mucho más allá de una cláusula ambiental: está ensayando una peligrosa ruptura con el sistema federal argentino.

El llamado “Régimen Ambiental” no es un avance en políticas ecológicas, ni un intento de modernización normativa. Es un intento deliberado de vaciar de autoridad a la Nación, amputando sus facultades en materia ambiental, diplomática y judicial. Y lo hace con una audacia que roza la secesión.

Una bomba jurídica disfrazada de verde

El artículo más grave del proyecto prohíbe la aplicación de normas nacionales sobre presupuestos mínimos ambientales dentro de la provincia. Es decir, Formosa pretende aislarse de las leyes que rigen en todo el país. Una herejía constitucional.

La Corte Suprema ha sido inequívoca: las leyes de presupuestos mínimos son competencia exclusiva del Congreso Nacional. Así lo estableció en fallos emblemáticos como Mendoza o Río Atuel. Y más claro aún lo dice la Constitución en su artículo 31: ninguna norma provincial puede estar por encima de las leyes nacionales.

¿Acaso mañana Buenos Aires podrá ignorar la Ley de Bosques? ¿Córdoba decidirá no aplicar la Ley de Glaciares? Si este delirio prospera, el país se convertirá en una suma de reinos ambientales autónomos, cada uno con su propio reglamento. 

Los parques nacionales como un botín político

Otro punto aberrante es la pretensión de “coparticipación” en la administración de parques nacionales. Pero los parques son dominio del Estado federal (Ley 22.351). Formosa no puede ni debe decidir sobre el futuro del Parque Nacional Río Pilcomayo, que pertenece a todos los argentinos.

La lógica es clara: los parques nacionales existen precisamente para blindar esos territorios frente a los intereses, presiones o arbitrariedades locales Entregar su manejo a una provincia es dinamitar el concepto mismo de conservación nacional.

Diplomacia improvisada: una invitación al conflicto internacional

La propuesta formoseña también incluye un delirio geopolítico: declarar la “corresponsabilidad” provincial en la gestión del río Pilcomayo, una cuenca compartida con Paraguay.

La diplomacia internacional no es potestad de las provincias. Los ríos internacionales se manejan mediante tratados binacionales. Si cada provincia se arroga el derecho a negociar con países vecinos o realizar obras unilaterales, Argentina dejará de ser un Estado soberano.

Evaluar obras en otras provincias: el absurdo del control extraterritorial

La modificación incluso le otorga a Formosa poder para evaluar proyectos fuera de su jurisdicción. ¿De verdad la provincia auditará obras en Salta, Chaco o Santiago del Estero si estima que puede haber “impacto cruzado”?

Eso no es ambientalismo: es arrogancia institucional. La Ley 25.675 ya prevé mecanismos de evaluación conjunta. Inventar uno paralelo es abrir la puerta a un desorden federal de consecuencias imprevisibles.

¿Qué hay detrás de este intento de autonomía ambiental?

Lejos de proteger el ambiente, el proyecto busca: 

1. Debilitar al Estado nacional, fracturando su rol rector en políticas ambientales.

2. Instaurar un federalismo a la carta, donde cada provincia se reserva el derecho de obedecer o no las leyes nacionales.

3. Multiplicar conflictos: con el gobierno nacional, con países vecinos, con otras provincias, con la propia Constitución.

Un paso en falso que terminará en la Corte

Este texto no reforma la Constitución provincial: la dinamita desde adentro. Y en el camino, deja una estela de desobediencia institucional, irresponsabilidad diplomática y confusión jurídica.

Tarde o temprano la Corte Suprema deberá intervenir y declararlo inconstitucional. Pero el daño simbólico ya estará hecho: el precedente de una provincia que se declara por encima de la Nación.

La causa ambiental no puede convertirse en excusa para erosionar la unidad nacional. El federalismo no es una franquicia para desobedecer leyes: es un pacto de respeto mutuo, y el suelo común donde se levanta la República Argentina.