Hasta en la reforma de la Constitución Provincial, Insfrán convierte la campaña en un ejercicio de miedo: introduce cláusulas para blindarse ante una eventual intervención y agita la amenaza del congelamiento de fondos como sinónimo de cesación de pagos. Un objetivo tan miserable como perverso: poner en primera fila del temor a los empleados públicos, sabiendo que dependen del salario estatal para sobrevivir.
Locales02/09/2025
leonardo fernández acosta
La sesión de la Convención Constituyente de Formosa volvió a exhibir este lunes lo que hace años es la constante del régimen: un despliegue de ingeniería normativa que, en lugar de ampliar derechos, se dedica a blindar al poder. Esta vez, el plato fuerte fue la reforma del artículo 32, referido a las intervenciones federales.
Sobre el papel, los convencionales aprobaron que, si algún día la Nación decide intervenir la provincia, los gastos no saldrán del bolsillo de Formosa, que el interventor no podrá contraer empréstitos, y que la provincia podrá exigir reparaciones por los daños que esa intervención cause. Hasta aquí, parece un gesto de soberanía. Pero hay un detalle insoslayable: la Constitución Nacional ya regula de manera expresa y exclusiva las intervenciones federales.
El artículo 6 de la Carta Magna nacional es clarísimo: el Gobierno federal puede intervenir en una provincia para garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores o a pedido de las autoridades locales legítimas. Ningún congreso provincial, ninguna convención constituyente, ningún gobernador feudal puede alterar, condicionar o limitar esa potestad. Y si lo intenta, sus normas se derrumban frente al artículo 31 de la Constitución Nacional, que proclama su supremacía por encima de cualquier constitución provincial.
En otras palabras, lo que aprobaron ayer los convencionales formoseños es papel pintado. Una sobreactuación jurídica sin valor práctico, un intento desesperado de Insfrán por mostrarse invulnerable ante una eventual intervención que, llegado el caso, se definirá en el Congreso de la Nación y en la Corte Suprema, no en un recinto manipulado por el oficialismo local.
La trampa, sin embargo, no está en la letra muerta, sino en el efecto político. Con esta reforma, Insfrán manda un mensaje hacia adentro: “yo tengo cómo defenderlos de Buenos Aires”. Y la oposición, en lugar de desenmascarar la maniobra, se suma con su voto, convalidando el montaje de un caudillo que finge escribir la Constitución como si estuviera a la altura de los constituyentes de 1853.
El problema es que en Formosa todo se vuelve simulacro: se simula un debate, se simula un consenso, se simula una modernización institucional. Y ahora se simula que una provincia puede legislar contra la Constitución Nacional. Es la misma lógica de siempre: crear un espejismo jurídico que sostenga el relato de una provincia sitiada por enemigos externos, cuando en realidad los verdaderos problemas están adentro, bajo la sombra del propio poder provincial.
Formosa no reformó su Constitución para protegerse de la Nación. Reformó su Constitución para alimentar el miedo en la ciudadanía y blindar a un gobernador que, en el fondo, sabe que cuando el viento político cambie, ninguna cláusula local podrá salvarlo de la única ley suprema que todavía no pudo domesticar: la Constitución Nacional.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
José Mayans es el retrato de la decadencia política formoseña: un senador que pasó más de dos décadas vegetando en el Congreso, incapaz de articular un discurso serio y que, como presidente del bloque kirchnerista, solo sabe regalar papelones. Su última hazaña: una agresión verbal cargada de violencia de género contra la candidata Virginia Gallardo, a quien calificó de “tonta” y “estúpida”, confirmando que el feudo de Insfrán produce legisladores mediocres, vulgares y violentos.
El fallo de Corrientes que desnuda cómo Insfrán usa la ley provincial para blindarse, mientras habla de superávit y avanza sobre la propiedad privada sin todavía haber modificado la Constitución Provincial. Le recordaron a los jueces militantes que la Corte Suprema ya había establecido que los tribunales provinciales no deben revisar el fondo de los fallos de otras jurisdicciones, sino simplemente garantizar su ejecución.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Hasta en la reforma de la Constitución Provincial, Insfrán convierte la campaña en un ejercicio de miedo: introduce cláusulas para blindarse ante una eventual intervención y agita la amenaza del congelamiento de fondos como sinónimo de cesación de pagos. Un objetivo tan miserable como perverso: poner en primera fila del temor a los empleados públicos, sabiendo que dependen del salario estatal para sobrevivir.
El Presidente insiste en culpar al periodismo por las filtraciones que comprometen a Karina Milei, mientras la Justicia le recuerda que las fuentes y el acceso a la información son pilares democráticos.
