Hasta en la reforma de la Constitución Provincial, Insfrán convierte la campaña en un ejercicio de miedo: introduce cláusulas para blindarse ante una eventual intervención y agita la amenaza del congelamiento de fondos como sinónimo de cesación de pagos. Un objetivo tan miserable como perverso: poner en primera fila del temor a los empleados públicos, sabiendo que dependen del salario estatal para sobrevivir.
Locales02/09/2025
leonardo fernández acosta
La sesión de la Convención Constituyente de Formosa volvió a exhibir este lunes lo que hace años es la constante del régimen: un despliegue de ingeniería normativa que, en lugar de ampliar derechos, se dedica a blindar al poder. Esta vez, el plato fuerte fue la reforma del artículo 32, referido a las intervenciones federales.
Sobre el papel, los convencionales aprobaron que, si algún día la Nación decide intervenir la provincia, los gastos no saldrán del bolsillo de Formosa, que el interventor no podrá contraer empréstitos, y que la provincia podrá exigir reparaciones por los daños que esa intervención cause. Hasta aquí, parece un gesto de soberanía. Pero hay un detalle insoslayable: la Constitución Nacional ya regula de manera expresa y exclusiva las intervenciones federales.
El artículo 6 de la Carta Magna nacional es clarísimo: el Gobierno federal puede intervenir en una provincia para garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores o a pedido de las autoridades locales legítimas. Ningún congreso provincial, ninguna convención constituyente, ningún gobernador feudal puede alterar, condicionar o limitar esa potestad. Y si lo intenta, sus normas se derrumban frente al artículo 31 de la Constitución Nacional, que proclama su supremacía por encima de cualquier constitución provincial.
En otras palabras, lo que aprobaron ayer los convencionales formoseños es papel pintado. Una sobreactuación jurídica sin valor práctico, un intento desesperado de Insfrán por mostrarse invulnerable ante una eventual intervención que, llegado el caso, se definirá en el Congreso de la Nación y en la Corte Suprema, no en un recinto manipulado por el oficialismo local.
La trampa, sin embargo, no está en la letra muerta, sino en el efecto político. Con esta reforma, Insfrán manda un mensaje hacia adentro: “yo tengo cómo defenderlos de Buenos Aires”. Y la oposición, en lugar de desenmascarar la maniobra, se suma con su voto, convalidando el montaje de un caudillo que finge escribir la Constitución como si estuviera a la altura de los constituyentes de 1853.
El problema es que en Formosa todo se vuelve simulacro: se simula un debate, se simula un consenso, se simula una modernización institucional. Y ahora se simula que una provincia puede legislar contra la Constitución Nacional. Es la misma lógica de siempre: crear un espejismo jurídico que sostenga el relato de una provincia sitiada por enemigos externos, cuando en realidad los verdaderos problemas están adentro, bajo la sombra del propio poder provincial.
Formosa no reformó su Constitución para protegerse de la Nación. Reformó su Constitución para alimentar el miedo en la ciudadanía y blindar a un gobernador que, en el fondo, sabe que cuando el viento político cambie, ninguna cláusula local podrá salvarlo de la única ley suprema que todavía no pudo domesticar: la Constitución Nacional.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
