leonardo fernández acosta
La sesión de la Convención Constituyente de Formosa volvió a exhibir este lunes lo que hace años es la constante del régimen: un despliegue de ingeniería normativa que, en lugar de ampliar derechos, se dedica a blindar al poder. Esta vez, el plato fuerte fue la reforma del artículo 32, referido a las intervenciones federales.
Sobre el papel, los convencionales aprobaron que, si algún día la Nación decide intervenir la provincia, los gastos no saldrán del bolsillo de Formosa, que el interventor no podrá contraer empréstitos, y que la provincia podrá exigir reparaciones por los daños que esa intervención cause. Hasta aquí, parece un gesto de soberanía. Pero hay un detalle insoslayable: la Constitución Nacional ya regula de manera expresa y exclusiva las intervenciones federales.
El artículo 6 de la Carta Magna nacional es clarísimo: el Gobierno federal puede intervenir en una provincia para garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores o a pedido de las autoridades locales legítimas. Ningún congreso provincial, ninguna convención constituyente, ningún gobernador feudal puede alterar, condicionar o limitar esa potestad. Y si lo intenta, sus normas se derrumban frente al artículo 31 de la Constitución Nacional, que proclama su supremacía por encima de cualquier constitución provincial.
En otras palabras, lo que aprobaron ayer los convencionales formoseños es papel pintado. Una sobreactuación jurídica sin valor práctico, un intento desesperado de Insfrán por mostrarse invulnerable ante una eventual intervención que, llegado el caso, se definirá en el Congreso de la Nación y en la Corte Suprema, no en un recinto manipulado por el oficialismo local.
La trampa, sin embargo, no está en la letra muerta, sino en el efecto político. Con esta reforma, Insfrán manda un mensaje hacia adentro: “yo tengo cómo defenderlos de Buenos Aires”. Y la oposición, en lugar de desenmascarar la maniobra, se suma con su voto, convalidando el montaje de un caudillo que finge escribir la Constitución como si estuviera a la altura de los constituyentes de 1853.
El problema es que en Formosa todo se vuelve simulacro: se simula un debate, se simula un consenso, se simula una modernización institucional. Y ahora se simula que una provincia puede legislar contra la Constitución Nacional. Es la misma lógica de siempre: crear un espejismo jurídico que sostenga el relato de una provincia sitiada por enemigos externos, cuando en realidad los verdaderos problemas están adentro, bajo la sombra del propio poder provincial.
Formosa no reformó su Constitución para protegerse de la Nación. Reformó su Constitución para alimentar el miedo en la ciudadanía y blindar a un gobernador que, en el fondo, sabe que cuando el viento político cambie, ninguna cláusula local podrá salvarlo de la única ley suprema que todavía no pudo domesticar: la Constitución Nacional.
