Con un sueldo mínimo provincial fijado en $880 mil, Insfrán y sus gremialistas festejan un “logro” que ni siquiera alcanza a cubrir la Canasta Básica Total en Argentina, hoy arriba del millón de pesos. Un aumento efímero que la inflación pulveriza y una claque sindical que aplaude el ajuste disfrazado de conquista.
Locales03/10/2025
leonardo fernández acosta
Otra vez el ritual gastado: el gobernador Gildo Insfrán anuncia un aumento salarial “histórico”, y los gremialistas, fieles a su papel de comparsa, lo celebran como si se tratara de una conquista heroica. Esta vez, el número mágico es un 10%, que supuestamente lleva el acumulado del año a un 55%. Pero la matemática del relato oficial siempre es selectiva: el 55% suena grande en los papeles, aunque frente a una inflación que ya pulverizó los bolsillos en más de un 100% en los últimos meses, es apenas un parche que llega tarde y mal.
El discurso oficial repite la misma cantinela: “cuidar el poder adquisitivo”, “acompañar a los que menos ganan”, “recursos propios sin endeudamiento”. Palabras que se deshacen en el aire frente a la realidad de miles de trabajadores formoseños que no llegan a cubrir la canasta básica. El salario mínimo “de bolsillo” garantizado de $880 mil es presentado como un acto de generosidad, cuando en los hechos apenas supera la línea de pobreza para una familia tipo.
Más obsceno todavía es el coro sindical. Los dirigentes, lejos de defender a los trabajadores, se convierten en voceros del gobierno. César Morales (UDA) y Isabelino Idoyaga (UPCN) parecen más asesores de prensa de Insfrán que representantes de los asalariados: repiten sin rubor que “ninguna otra provincia da aumentos” y que “es lo que hay y es lo que se puede”. Agradecen la limosna como si fuera un regalo personal, borrando de un plumazo la función elemental del sindicalismo: luchar por mejores condiciones de vida y no por quedar bien en la foto.
La verdad es incómoda pero evidente: la política salarial de Insfrán es un ejercicio de control político más que una solución económica. Asegura la dependencia de miles de estatales de un sueldo que apenas les permite sobrevivir y compra la lealtad de gremialistas dispuestos a aplaudir lo que sea con tal de mantener sus privilegios.
El supuesto “esfuerzo del Tesoro provincial” es apenas otro acto de prestidigitación contable: se anuncian cifras millonarias, se maquillan los porcentajes y se repite hasta el cansancio que “no hay endeudamiento”. Mientras tanto, la precariedad del empleo privado, el atraso docente y el deterioro de las jubilaciones continúan profundizándose.
El 10% de Insfrán no es más que un espejismo: un aumento efímero que se evapora al contacto con los precios del supermercado. Y la obsecuencia gremial que lo rodea es la confirmación de un sistema donde los sindicatos dejaron de ser defensores de los trabajadores para convertirse en celadores del poder. En Formosa, los aplausos valen más que la dignidad.
En Formosa, familias enteras denuncian intentos de homicidio y ataques incendiarios por militar fuera del oficialismo. La justicia se mueve lento, la policía mira hacia otro lado y el poder político guarda silencio. La impunidad no es casual: es el verdadero mensaje de un régimen que castiga con fuego a quienes se atreven a pensar distinto.
El discurso de Camilo Orrabalis es pura escenografía: hospitales sin médicos, pasillos llenos de pacientes que esperan horas, derivaciones sistemáticas a clínicas privadas socias del poder y un sistema que se sostiene en la propaganda más que en la atención real. El “Estado presente” que declama solo existe en las fotos y en los actos; en la vida cotidiana, el modelo formoseño es abandono sanitario con maquillaje electoral.
La ex militante gildista reciclada en radical, Bianca Capeletti Puyo, pretende erigirse en guardiana de la ética y la moral mientras reparte amenazas judiciales a periodistas. Con ínfulas de superioridad, ahora sueña con una candidatura en 2027 apadrinada aparentemente por Juan Carlos Amarilla, borrando de la memoria su pasado al lado de los Insfrán.
Mientras la producción citrícola de Formosa ronda apenas las 14 a 19 mil toneladas anuales y está lejos de ser líder nacional, el diputado Ramiro Fernández Patri celebra un festival financiado con recursos públicos —con cachés millonarios para artistas nacionales como Nicki Nicole— como si fuese la prueba viva del “modelo productivo” de Gildo Insfrán.
La convencional Valeria Ruth Méndez defendió con entusiasmo las reformas al Poder Judicial en la nueva Constitución provincial. Paradójicamente, nunca ejerció como abogada ni litigó en los tribunales locales: es empleada del Poder Legislativo. El episodio expone el circo de una Convención donde la improvisación y la obediencia política reemplazaron a la experiencia real.
Una auditoría en la ANSES de Clorinda destapó un esquema de jubilaciones irregulares otorgadas a paraguayos, con domicilios falsos y servicios inexistentes. Más que un fraude administrativo, la maniobra muestra cómo el “modelo formoseño” convierte los beneficios sociales en una maquinaria para importar votos y sostener al poder.
Mientras la producción citrícola de Formosa ronda apenas las 14 a 19 mil toneladas anuales y está lejos de ser líder nacional, el diputado Ramiro Fernández Patri celebra un festival financiado con recursos públicos —con cachés millonarios para artistas nacionales como Nicki Nicole— como si fuese la prueba viva del “modelo productivo” de Gildo Insfrán.
La ex militante gildista reciclada en radical, Bianca Capeletti Puyo, pretende erigirse en guardiana de la ética y la moral mientras reparte amenazas judiciales a periodistas. Con ínfulas de superioridad, ahora sueña con una candidatura en 2027 apadrinada aparentemente por Juan Carlos Amarilla, borrando de la memoria su pasado al lado de los Insfrán.
El discurso de Camilo Orrabalis es pura escenografía: hospitales sin médicos, pasillos llenos de pacientes que esperan horas, derivaciones sistemáticas a clínicas privadas socias del poder y un sistema que se sostiene en la propaganda más que en la atención real. El “Estado presente” que declama solo existe en las fotos y en los actos; en la vida cotidiana, el modelo formoseño es abandono sanitario con maquillaje electoral.
En Formosa, familias enteras denuncian intentos de homicidio y ataques incendiarios por militar fuera del oficialismo. La justicia se mueve lento, la policía mira hacia otro lado y el poder político guarda silencio. La impunidad no es casual: es el verdadero mensaje de un régimen que castiga con fuego a quienes se atreven a pensar distinto.
Con un sueldo mínimo provincial fijado en $880 mil, Insfrán y sus gremialistas festejan un “logro” que ni siquiera alcanza a cubrir la Canasta Básica Total en Argentina, hoy arriba del millón de pesos. Un aumento efímero que la inflación pulveriza y una claque sindical que aplaude el ajuste disfrazado de conquista.
