De Xiomara a una muerte en Villafañe: el mismo juzgado tiene otra causa política paralizada

La historia comienza en la madrugada del domingo, alrededor de las dos y media, cuando tres jóvenes salen a cazar. Entre ellos está Marcos Godoy, la víctima, que filma con su celular una escena que a simple vista parece una salida común: risas, un monte oscuro, armas visibles y uno de los acompañantes manipulando una pistola calibre .22 con evidente imprudencia. Ese video, que en ese momento no era más que un registro casual, más tarde se convertiría en la pieza clave del caso.

Después del disparo, la urgencia domina todo. A las cinco de la mañana, el padre de Godoy llega con él al Hospital Central de Formosa. La familia está desconcertada: no hay relato claro, no hay detalles, no hay una explicación razonable de lo que pasó. Los dos amigos que estaban con él permanecen en libertad, moviéndose con total normalidad, mientras la policía no asegura la escena, no retiene los teléfonos, no toma declaraciones inmediatas ni activa un protocolo de muerte dudosa. Todo lo que debía hacerse de forma urgente, simplemente no se hizo.

A lo largo de la mañana, lo que se presenta como investigación es apenas un amague. Criminalística retira las armas y toma una prueba de parafina, pero no inspecciona el campo, no revisa la moto, no secuestra la ropa, no analiza la mochila que aparece en el video y que podría tener manchas de sangre. La escena del hecho —fundamental en cualquier causa de este tipo— queda sin documentar, sin fotografiar y sin resguardo. Godoy muere a las ocho de la noche, rodeado de un silencio institucional que duele tanto como la noticia misma.

Uno de los acompañantes, Martínez —“el Chino”— es demorado, pero solo por unas horas. El lunes a primera hora ya está libre. Esa rapidez contrasta con la lentitud de los procedimientos esenciales y empieza a encender sospechas. No tarda en aparecer un nombre que lo explica todo: el joven es pariente de Hilario Martínez

Uno de los acompañantes, Martínez —“el Chino”— es demorado, pero solo por unas horas. El lunes a primera hora ya está libre. Esa rapidez contrasta con la lentitud de los procedimientos esenciales y empieza a encender sospechas. No tarda en aparecer un nombre que lo explica todo: el joven es pariente de Hilario Martínez y aparentemente gremialista del sector comercio, un dirigente con peso político y capacidad para mover influencias dentro del aparato estatal. Y desde ese punto, la causa empieza a cambiar de velocidad.

Ese mismo lunes por la tarde, una persona y el hermano de la víctima acuden a la abogada Karina Sauchuk, desesperados, sin información, sin rumbo. Ella pregunta por el teléfono de Godoy. La cuñada —que cuida a la hija de cuatro años que él dejó— revisa el celular y ahí encuentra el video grabado en el monte. Una prueba que la policía no pidió, no buscó y no resguardó. Una prueba que la familia encontró sola, en medio del desamparo.

Con el video en mano, Sauchuk va a la Policía  llama al jefe de la regional de la Policía de Formosa, en Pirané, Comisario Mayor, Horacio Bueno. Como aún no sabía quién era el sospechoso, el jefe ordena que se denuncie inmediatamente. La denuncia se presenta. Pero en cuanto el apellido del involucrado empieza a circular, la causa se vuelve un pantano inmóvil. No se dictan nuevas medidas, no se ordenan detenciones, no se pide preservar la escena.

Mientras tanto, se activa el engranaje paralelo: Martínez es trasladado a un sanatorio privado en Formosa, a través de la obra social vinculada a su tío político. Allí lo ve un psiquiatra, un psicólogo, especialistas destinados —según denuncia Sauchuk— a construir un cuadro que permita instalar una posible inimputabilidad. Todo avanza rápido, silenciosamente, mientras la causa formal se congela.

Para completar el cuadro, el expediente cae en el Juzgado N.º 4 de Marcelo Picabea  uno de los más señalados por su alineamiento político, el de las causas sensibles para el gobierno de Gildo Insfrán. Un juzgado donde los casos incómodos suelen languidecer hasta perder sentido. Y hasta este momento, el juez no ha hecho absolutamente nada: ni medidas nuevas, ni llamados urgentes, ni avances mínimos que muestren voluntad de esclarecer el hecho. El expediente permanece inmóvil, como si hubiera sido depositado en un cajón sellado.

La familia de Godoy, humilde, golpeada, queda sola frente a un sistema que se cierra como una puerta blindada. Sin respuestas, sin avances, sin garantías, la abogada toma una decisión: hacerlo público. En Formosa —como ya ha pasado en tantos casos donde hay alguien del poder involucrado— la única herramienta real para romper el cerco es la exposición. Cuando la justicia formal se paraliza, el ruido social es lo único capaz de mover el expediente unos centímetros.

La cronología es dolorosamente conocida: un hecho grave, una investigación mínima, un sospechoso vinculado al poder, un aparato que se activa para protegerlo, un expediente que cae en un juzgado funcional y una familia que queda librada a su suerte. Otra vez la misma secuencia. Otro caso que empieza a caminar por el borde del archivo definitivo.

La historia de Godoy todavía puede torcerse. Todavía puede escapar del destino de tantas muertes sin resolver en la provincia. Pero el reloj ya empezó a correr. Y todos saben que, cuando hay un apellido protegido, el tiempo de la justicia nunca corre para el mismo lado.