Mientras se ultiman los detalles para la inauguración de la nueva ala del Aeropuerto Internacional El Pucú en Formosa, con sus vidrios relucientes y espacios modernizados, los bomberos aeronáuticos enfrentan una realidad menos fotogénica: piden agua prestada.
Locales13/01/2026
leonardo fernández acosta
Mientras el gobierno provincial y nacional preparan los actos y discursos para la inauguración de la nueva ala del Aeropuerto Internacional de Formosa "El Pucú", una denuncia técnica demoledora expone una realidad que avergüenza: se invierte en cemento y vidrio mientras se desmorona lo esencial: la seguridad de vidas humanas.
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ha elevado una denuncia formal que debería paralizar cualquier celebración. Según documentos oficiales, El Pucú debe brindar Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios Categoría 7. Sin embargo, la realidad operativa es catastrófica:
"El mencionado Servicio SEI se encuentra operando con un solo camión autobomba, que no reúne las condiciones mínimas para ser considerado un vehículo de emergencia plenamente operativo [...] estimándose que la capacidad real de respuesta en la actualidad equivaldría apenas a una Categoría 3".
Este dato, extraído de la denuncia, no es un tecnicismo: significa que si hoy un avión con pasajeros sufriera un incidente en pista, el sistema de respuesta estaría incapacitado para contener un incendio de combustible de aviación. Mientras se embellecen las salas de espera, los vehículos ARFF (especializados en incendios aeronáuticos) están literalmente descompuestos:
"La autobomba principal Oshkosh, actualmente fuera de servicio, presenta fallas graves y progresivas [...] problemas en la caja de transferencia que impiden el correcto cambio de marchas, pérdida significativa de potencia, fallas en el divisor de potencia".
Pero la degradación no termina ahí. El vehículo que queda, una autobomba F-7000, es descrito como una calamidad rodante:
"Presenta serias deficiencias operativas, tales como problemas graves en el sistema de frenos, ausencia de polvo químico seco, inexistencia de freno de estacionamiento, falta de cinturones de seguridad, ausencia de monitores de techo y de paragolpes".
Es decir: el único camión disponible para atender una emergencia no tiene frenos confiables, no tiene elementos de seguridad para su tripulación y carece de agentes extintores esenciales. Esta no es una simple falta de mantenimiento; es una irresponsabilidad criminal institucionalizada.
Lo más escandaloso es el encubrimiento. Mientras esta situación se desarrolla, se emite un NOTAM (aviso a la aeronáutica) declarando una reducción a Categoría 6, cuando técnicamente ni siquiera se llega a Categoría 3. Se miente a las aerolíneas, a los pilotos y a los pasajeros.
Pero la denuncia va más allá del equipamiento, señalando un conflicto de intereses estructural:
"La Autoridad Aeronáutica es, a su vez, el organismo estatal que presta el Servicio SEI [...] el mismo organismo que debe controlar, fiscalizar, evaluar riesgos [...] es quien simultáneamente incumple los requisitos técnicos y operativos".
Y aquí llegamos al núcleo de la hipocresía: no se ha solicitado ninguna exención formal ante la ANAC, como exige la normativa RAAC 139 cuando no se pueden cumplir los estándares. Se opera en la ilegalidad, sin evaluación de riesgo, sin transparencia. ¿Cómo se explica que se destinen fondos para ampliar un edificio mientras los camiones de bomberos aeronáuticos se oxidan sin repuestos? ¿Qué prioridad tiene un mostrador nuevo frente a un sistema de frenos que no funciona en el vehículo que debe responder a un accidente?
La inauguración de la nueva parte del aeropuerto no puede ser un acto de celebración mientras se esconde esta emergencia silenciosa. Sería una farsa peligrosa cortar cintas con sonrisas cuando, detrás del escenario, el personal de rescate sabe que no tienen herramientas para salvar vidas en caso de desastre.
La postura urgente de las autoridades debería ser que se suspendan los actos de inauguración hasta que se regularice la situación del servicio SEI. Se realice una inspección nacional e internacional independiente. Se transparente la verdadera categoría operativa a todas las aerolíneas. Se prioricen los fondos para equipamiento de seguridad sobre mejoras estéticas.
Un aeropuerto no es sus paredes, sino su capacidad para garantizar seguridad. Inaugurar un edificio nuevo mientras se tiene un servicio de rescate en estado de coma técnico no es progreso: es cinismo institucional que pone en riesgo vidas humanas.
La verdadera inauguración que Formosa necesita no es de ladrillos, sino de camiones bomberos operativos, de normativas cumplidas y de transparencia. Hasta entonces, cualquier celebración será un monumento a la irresponsabilidad.
LA DENUNCIA COMPLETA ACÁ
Adrián Muracciole no encontró la fórmula para el crecimiento económico, pero sí la receta del soufflé estadístico: tome una economía chata, bátala con cifras inventadas, hornée con un decreto y sírvala como "milagro provincial". Eso sí, cuando se enfría, solo quedan migajas de realidad.
Mientras los productores evacúan animales y pierden su capital bajo el agua, el Gobierno llega tarde con la ayuda pero rápido con el censo tributario: antes que asistencia, pretende registrarlos para seguir cobrándoles impuestos en plena emergencia.
El gobierno de Formosa repudia desde el PJ la situación en Venezuela, pero contrata a médicos que huyeron del chavismo y hoy callan por miedo. Víctimas del exilio, repiten en Formosa el mismo silencio aprendido bajo Maduro, ante un poder que tampoco tolera la crítica.
La homilía de Conejero expresó una realidad que la sociedad reconoce en su vida cotidiana y que el discurso oficial ya no logra tapar. Las respuestas de Jorge González y Graciela Parola, lejos de desacreditar al Obispo, expusieron el desgaste del relato y el rechazo creciente hacia quienes intentan sostenerlo desde los actos militantes y no desde la calle.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
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