La dictadura de la mayoría: el relato circular de Samaniego para justificar el presupuesto a ciegas

El diputado Agustín Samaniego volvió a repetir esquemas gastados en sus respuestas a modo de burla, algo que viene haciendo hace más de 16 años de diputados con una idea que atraviesa todo su discurso: si la oposición no acompaña el presupuesto, el problema no es el contenido del presupuesto, sino la oposición. No importa si el debate fue inexistente, si el texto llega 48 horas antes, si el 96% del gasto queda bajo manejo discrecional del Ejecutivo o si el interior pierde recursos; para Samaniego, disentir es sospechoso por definición.

Ese argumento no es una defensa del presupuesto. Es una defensa del autoritarismo con ropaje administrativo pero para que cambiar el argumento tan viejo como su exponente. Él sostiene que el presupuesto es “la inspección económica financiera del gobierno” y que, por lo tanto, quien no acompaña ese plan “no debe buscar excusas”. La lógica es brutal en su simpleza: si no coincidís con el modelo, callate y votá igual. La discusión pública, el control republicano, el derecho a la revisión técnica… todo queda reducido a una “argucia”, una molestia, un ruido innecesario.

El diputado incluso se pregunta qué pasaría si el oficialismo no tuviera mayoría absoluta, como si la existencia de controles fuera una tragedia institucional. Esa sola frase revela la comprensión patrimonialista del poder: la mayoría no es una circunstancia democrática, sino una licencia para gobernar sin límites.

Cuando Samaniego afirma que “el 96% del presupuesto lo maneja el Ejecutivo y es lógico que así sea”, no está describiendo una práctica institucional; está normalizando la concentración extrema del poder y el vaciamiento del debate parlamentario. Convertir lo excepcional en costumbre es uno de los rasgos clásicos del sistema que intenta justificar.

Su contradicción más evidente aparece cuando acusa a los intendentes opositores de “votar en contra de sus propios intereses”, pero al mismo tiempo admite que el interior es el que más pierde. La lógica del discurso es clara: si reclamás fondos, sos antiprovincia; si aceptás el ajuste, sos un buen subordinado. La coparticipación deja de ser un mecanismo federal y se transforma en herramienta disciplinadora.

Samaniego también recurre al recurso favorito del oficialismo provincial: el espejo retrovisor. En lugar de explicar por qué se aprueba un presupuesto sin estudio real, responde hablando de gobiernos nacionales pasados, del FMI, del cheque, de debates ajenos. Vuelve la estrategia vieja: desviar la discusión para evitar dar explicaciones sobre el presente. Ni una línea técnica. Ni un dato proyectado. Ni una defensa económica concreta.

Todo su alegato se sostiene en una sola idea: “Tenemos la mayoría, por lo tanto tenemos razón”. Eso no es institucionalidad. Eso es hegemonía convertida en doctrina.

Mientras Samaniego habla de “elevar el nivel del debate”, su discurso baja el estándar democrático a niveles mínimos: oposición como enemigo, crítica como traición, control como obstáculo, y el presupuesto, instrumento clave del Estado, reducido a un acto de obediencia y alineamiento político.

Lo que él llama “responsabilidad” no es responsabilidad fiscal. Es sumisión política. Y eso, precisamente, es lo que una Legislatura debería evitar, no aplaudir.