"Boomerang" González: quiso descalificar a una opositora y dejó al gobierno de Insfrán bajo sospecha

Mientras se desarrollaba un operativo de escrache contra la Dra. Gabriela Neme y su familia, con perfiles anónimos, cuentas falsas o portales sostenidos con pauta oficial, el dato verdaderamente inquietante no estaba en el viaje, ni en la polémica, ni siquiera en la mentira atribuida. Estaba en otro lado: en el origen del material usado para atacar.

Las imágenes difundidas no provinieron de un celular casual ni de un testigo improvisado. Salieron de cámaras de videovigilancia del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, un área crítica, bajo control restringido, administrada por la autoridad aeronáutica paraguaya (DINAC) y su sistema de seguridad AVSEC. Cámaras a las que no accede el público, no acceden periodistas, no acceden particulares. Solo personal de seguridad, fuerzas autorizadas o autoridades, y siempre bajo protocolos estrictos y, en casos judiciales, con orden formal.

Ese dato es el punto de partida de toda sospecha seria porque si el acceso está restringido, entonces el video no es público, no es casual, no es inocente. Alguien con acceso institucional lo extrajo, lo copió, lo sacó del circuito legal y lo puso a circular. Ese hecho irregular es previo a cualquier debate político y debería, por sí solo, haber encendido todas las alarmas del Estado. Pero no ocurrió.

El ministro que no investiga sino que saca provecho

Lejos de ordenar explicaciones, denunciar la filtración o exigir responsabilidades, el ministro de Seguridad, Justicia y Trabajo de Formosa, Jorge González, decidió usar ese material para desacreditar públicamente a una opositora. Lo hizo con declaraciones oficiales y con amplificación en portales del propio gobierno provincial. Ese gesto no es neutro. No es ingenuo. No es inocente.

Un ministro no es un usuario más de redes sociales. No habla desde el living de su casa, sino desde el poder del Estado. Cuando se monta discursivamente sobre un material de origen manifiestamente irregular, lo valida, lo legitima y le da sentido político a un acto clandestino previo.

No hace falta probar que González vio o pidio el video para que la sospecha exista. En política y en ética pública no todo se mide con pruebas penales. Hay responsabilidades objetivas. Y acá la contradicción es evidente: el funcionario que debería investigar una filtración ilegal es el primero en beneficiarse de ella.

El patrón de conducta de Jorge Abel Gónzalez es casi infantil y en este caso el término "opereta" le queda como un guardapolvo de salita de 5. No hace falta profundizar en teorías conspirativas, hace falta con solo observar el patrón de los hechos y una criatura, aprovechando el material como si fuera un juguete nuevo.

Esto ya no es una anécdota ni un chisme de redes: es un hecho grave que compromete la institucionalidad. El funcionario más rechazado del gobierno de Insfrán utiliza, para atacar a opositores, material sensible de origen cuanto menos oscuro, que aparece convenientemente viralizado desde un “supuesto” anonimato y luego es amplificado, como en un operativo perfectamente aceitado, por medios alineados al poder. No hay improvisación ni torpeza: hay método. Es casi un manual de uso del aparato estatal para disciplinar y desacreditar. Solo falta la firma al pie para terminar de reconocer a la criatura.

¿Casualidad? Eso no es casualidad. Es el manual clásico de una opereta. Las operetas no se definen por quién “apretó el botón”, sino por la coincidencia de intereses, la direccionalidad del daño y el aprovechamiento político de una ilegalidad. Siempre hacia el mismo lado. Siempre contra los mismos.

 Como si esto no fuera suficiente, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero este episodio no ocurre en el vacío. Se inscribe en un contexto inquietante y hay un  antecedente que completa el cuadro; hace unos meses
dos policías de la provincia de Formosa fueron detenidos en Asunción tras ser denunciados por el intendente opositor Atilio Basualdo, hoy diputado nacional, quien afirmó haber sido perseguido e intimidado junto a su hijo. Los agentes se movían de civil, armados, en motocicletas oficiales del Ministerio de Justicia y Trabajo de Formosa. No estaban notificados, no tenían autorización y actuaban fuera de su jurisdicción.

La Policía paraguaya los detuvo. La fiscalía abrió una investigación. El propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay pidió explicaciones formales al Estado argentino. No es un rumor. No es una versión. Es un hecho documentado, con detenidos, con placas oficiales, con causa judicial abierta. El nexo es evidente, por lo menos quien sale a los medios, Jorge González. Otro hecho criminal de incidencia internacional.

En esta fuerte sospecha, de que los videos habrían sido conseguidos o robados por fuerzas de seguridad del aeropuerto en connivencia con "agentes" de la provincia de Formosa, operando más allá de los límites legales, acota el área de investigación de la filtración a personas con poder y relacion en el ámbito de la seguridad. ¡Bingo!

González quiere estigmatizar a una dirigente opositora pero el queda en peor situación ¿Como el mismo ministro que debe garantizar legalidad, proteger derechos, investigar filtraciones y controlar a las fuerzas de seguridad, usa una filtración ilegal como materia prima del discurso institucional? No es una acusación penal. Es algo más incómodo: una incompatibilidad política y funcional. Cuando debería investigar se beneficia, cuando debería proteger expone, cuando debería garantizar derechos los relativiza, el problema ya no es una persona, sino el modelo de poder.

La cara de los abusos en pandemia, deja claro un mensaje implícito en su repudiable accionar, un mensaje brutal, claro y peligroso:  si sos opositor en Formosa, tu vida privada puede ser expuesta, si cruzás una frontera, podés ser seguido, si incomodás al poder, el Estado puede mirarte, filmarte y señalarte. Eso no es una anécdota. Es una advertencia. Y en cualquier democracia sana, sería un escándalo institucional.

Esto se trata del uso político de material de seguridad, de la pasividad, cuando no conveniencia, frente a delitos institucionales y de un ministro que, por acción u omisión, queda en el centro de una hipótesis inquietante: que en Formosa el aparato de seguridad no solo protege, sino que también observa, persigue y castiga. Y cuando eso ocurre, el problema no es la oposición. El problema es la impunidad del poder por más torpe y evidente que sea quien lo ejerce.