leonardo fernández acostaEn la Argentina, la coparticipación municipal no es un simple mecanismo contable: es la columna vertebral de la autonomía local. Cuando esa estructura se distorsiona, lo que se resiente no es sólo el presupuesto de una intendencia, sino el equilibrio mismo del federalismo. Por eso el planteo de la Municipalidad de Las Lomitas no puede leerse como un expediente más: es un conflicto institucional de fondo.
La comuna presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Formosa contra la sentencia provincial del 15 de diciembre de 2025, solicitando que se la declare “arbitraria e inconstitucional” y que se reconozca “la omisión sistemática y deliberada del Gobierno provincial de actualizar los coeficientes de coparticipación”. En el escrito, el municipio sostiene que la distribución vigente “no responde a criterios objetivos ni actuales” y que se ha consolidado “una inequidad estructural que vulnera la autonomía municipal consagrada constitucionalmente”.
No se trata de una discusión abstracta. En términos concretos, la presentación reclama “garantizar una distribución equitativa de los fondos conforme parámetros verificables y transparentes” y habilitar la revisión del caso por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La estrategia jurídica es clara: agotar la instancia provincial y abrir la puerta al control del máximo tribunal nacional.
El antecedente que invoca Las Lomitas no es menor. En 2018, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Municipalidad de La Banda, en Santiago del Estero, y ordenó actualizar los índices de coparticipación. En aquella oportunidad, el Tribunal sostuvo que la distribución de recursos “debe reflejar criterios objetivos y actuales” y que las provincias “no pueden retener fondos que corresponden a los municipios”. Esa doctrina dejó en claro que la autonomía municipal no es declamativa, sino operativa.
El núcleo del conflicto es sencillo de explicar y complejo en sus consecuencias: si los coeficientes se congelan mientras cambian la población, la actividad económica y las demandas sociales, el sistema deja de ser equitativo. La omisión de actualización no es neutral; consolida privilegios y profundiza asimetrías. Un municipio que crece y asume mayores responsabilidades no puede recibir recursos calculados con parámetros de otra década.
En su recurso, Las Lomitas advierte que “la falta de actualización convierte la coparticipación en una herramienta discrecional” y que ello “afecta directamente la capacidad de planificación, ejecución de obras y prestación de servicios esenciales”. Traducido al lenguaje político: sin recursos acordes a su realidad, la autonomía municipal se vuelve puramente formal.
El caso, por lo tanto, excede a una sola comuna. Puede convertirse en un precedente decisivo para todos los municipios de Formosa y, eventualmente, del país. Si el planteo prospera y se reafirma la obligación de actualizar índices con criterios objetivos, quedará claro que la coparticipación intraprovincial no es un favor del Ejecutivo, sino una obligación jurídica sujeta a control constitucional.
Lo que está en juego no es únicamente una planilla de números. Es la vigencia efectiva del federalismo. Porque si los municipios dependen de coeficientes inmutables y de decisiones políticas sin revisión, el federalismo se reduce a una consigna retórica. En cambio, si los tribunales garantizan reglas claras y actualizadas, la autonomía deja de ser una palabra solemne y se convierte en una realidad institucional.
