Insfrán celebra un aumento salarial que apenas supera la línea de indigencia pero queda lejos de la línea de la pobreza

El gobernador Gildo Insfrán volvió a hacer lo que mejor sabe: presentar como “esfuerzo histórico” lo que, en realidad, es apenas una maniobra para que los sueldos no se sigan hundiendo en la indigencia salarial. El anuncio de un 14% escalonado, 7% en marzo y 7% en abril, sobre salarios que rondan los 800 mil pesos no es una política de recuperación del poder adquisitivo. Es una admisión implícita de que los trabajadores estatales formoseños están cobrando sueldos de pobreza.

Porque mientras el Gobierno provincial habla de “apuntalar ingresos acorde a las posibilidades del Tesoro”, la realidad es brutal: la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza supera ampliamente el millón de pesos para una familia tipo en la Argentina. Es decir, incluso con el “suelo garantizado” de $940.000 en marzo y $1.000.000 en abril, el Estado formoseño reconoce que el ingreso mínimo no alcanza superar la línea de pobreza. En enero de 2026, una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó $1.360.299

El nuevo piso de la precariedad

Un millón de pesos no es un salario digno en 2026. Es el nuevo piso de la precariedad. Y eso en el mejor de los casos, porque muchos trabajadores, docentes incluidos, ni siquiera llegan a ese monto con un solo cargo.

La narrativa oficial intenta colocar toda la responsabilidad en el contexto nacional: inflación persistente, caída del consumo, baja recaudación. Pero lo que no se dice es que Formosa lleva décadas con los salarios públicos más bajos del país, mucho antes de cualquier coyuntura actual. El deterioro no empezó ayer. Es estructural.

El aumento del 14% en un escenario inflacionario que acumula variaciones mensuales significativas no es recomposición: es correr detrás de los precios. Y encima en cuotas. Cuando el 7% de marzo impacte en el bolsillo, los alimentos ya habrán vuelto a remarcarse.

En el caso docente, el ajuste del punto índice a $1566 en marzo y $1668 en abril es otra cifra técnica que suena importante en un decreto, pero que en la práctica no logra cerrar la brecha entre salario y costo de vida. El docente formoseño sigue necesitando horas extras, cargos múltiples o ingresos complementarios para sostener a su familia.

El Gobierno también destaca el 35% en asignaciones familiares, como si fuera un gesto extraordinario. Pero cuando el salario base es bajo, cualquier adicional termina funcionando como parche, no como solución.

Y el dato que se presenta como épico, $140 mil millones de desembolso sin endeudamiento, es apenas la obligación mínima de un Estado que existe, precisamente, para pagar salarios. No es un favor. No es una concesión graciosa del poder. Es su deber.

Lo más llamativo es la contradicción política: mientras se denuncia la pérdida del poder adquisitivo generada por políticas nacionales, se oficializa un esquema que deja a los trabajadores provinciales en el límite mismo de la pobreza. Se habla de “apuntalar”, pero no se habla de dignificar. Un salario que no supera canasta básica no es justicia social. Es administración de la escasez.

Después de más de tres décadas en el poder, el modelo formoseño no puede seguir justificándose en factores externos. Si el mejor anuncio posible en 2026 es llevar el sueldo mínimo estatal a un millón de pesos cuando la pobreza se mide en esos mismos valores, el problema no es coyuntural. Es político y es estructural.