leonardo fernández acostaUna mujer de nombre D intentó entrar a su cuenta de la billetera virtual ONDA y al homebanking del Banco Formosa. La pantalla le devolvía siempre el mismo mensaje: “Datos incorrectos”. Pensó que era el sistema. Que tal vez más tarde funcionaría. No insistió para no bloquear el acceso.
Pero no era el sistema. Mientras ella dudaba frente a la pantalla, alguien ya estaba adentro. No fue un error técnico. No fue una falla casual. Fue una intrusión. Le vaciaron la caja de ahorro. Y como si eso no alcanzara, gestionaron préstamos a su nombre desde la propia billetera. Dinero que jamás pidió. Deuda que jamás aceptó. Intereses que jamás autorizó.
Y no, no es “solo plata”. Es el sueldo que entra con esfuerzo. Es la organización de una madre que calcula cada gasto. Es la tranquilidad de saber que puede cumplir. Es la seguridad mínima de que el banco donde deposita su confianza no la va a dejar sola frente a un fraude digital.
D. hizo lo que corresponde. Denunció penalmente por estafa y defraudación informática. Bloqueó cuentas. Inició reclamos formales. Acudió a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Siguió cada paso legal. Pero hay algo que ningún trámite repara de inmediato: la sensación de vulnerabilidad. La bronca. La impotencia de ver cómo, en minutos, alguien desde una pantalla puede alterar meses de trabajo.
Y lo más grave: D. no está sola. En las oficinas de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de Formosa las denuncias por hechos similares vinculados a la billetera ONDA del Banco Formosa se acumulan. Cientos de clientes describen el mismo patrón: acceso indebido, préstamos preaprobados gestionados en segundos, transferencias inmediatas y luego una respuesta bancaria que suele insinuar que “el usuario entregó el código”.
Pero el debate jurídico es más profundo. Si el sistema permite generar créditos millonarios con un simple código. Si no exige autenticación biométrica robusta. Si no activa alertas frente a operaciones inusuales. Si habilita transferencias instantáneas sin verificación reforzada.
Entonces no estamos frente a un simple descuido del usuario. Estamos ante un problema estructural de seguridad.
La Ley 24.240 impone al proveedor un deber de seguridad (art. 5) y una responsabilidad objetiva por los daños causados en la relación de consumo (art. 40). Los tribunales vienen sosteniendo que las entidades financieras deben prever el fraude electrónico como riesgo propio de su actividad. No pueden trasladar ese riesgo al cliente como si fuera una fatalidad inevitable.
Cuando los casos se repiten con el mismo mecanismo, dejan de ser episodios aislados. Empiezan a parecer un sistema que falla de manera constante. Y cuando el fallo es constante, la responsabilidad ya no es individual: es institucional.
Por eso es importante decirlo en voz alta: Si te pasó algo similar con la billetera ONDA, no lo naturalices.
No aceptes la deuda. No firmes acuerdos sin asesoramiento. Radicá denuncia penal por estafa y defraudación informática. Exigí al banco la nulidad del préstamo y la eliminación de la deuda. Presentate ante Defensa del Consumidor.
El silencio protege al sistema. La denuncia protege a los usuarios. Porque tocarle el esfuerzo a alguien no es un “movimiento financiero”. Es una bajeza. Y cuando esa bajeza se repite en cientos de casos, ya no es solo un delito individual: es un problema que debe investigarse a fondo.
