leonardo fernández acostaHay algo profundamente contradictorio en el relato oficial del Gobierno de Gildo Insfrán. Mientras las fotografías muestran camiones, delegaciones, funcionarios y toneladas de juguetes distribuidos por toda la provincia, la información fundamental queda fuera de la foto: cuánto pagaron los formoseños por esos juguetes.
La propaganda oficial habla de más de 200.000 juguetes destinados a las niñas y niños de Formosa. Se habla de justicia social, de igualdad de oportunidades, de un Estado presente y de la felicidad de los chicos. Todo muy emotivo. Pero cuando se trata de administrar recursos públicos, la emoción debería dejar lugar a los números.
Y los números, aunque todavía no aparezca el expediente que permita establecer el monto exacto, son suficientemente elocuentes.
Tomando como referencia los juguetes que aparecen en las imágenes que comprenden muñecas, pelotas, autitos, juguetes plásticos, juegos económicos y otros productos de bajo y mediano valor y considerando que se trata de una adquisición estatal de 200.000 unidades, un precio promedio de entre $7.500 y $10.000 por juguete resulta perfectamente plausible para una compra de esta magnitud.
Eso significa que solamente la mercadería podría representar entre $1.500 millones y $2.000 millones.
Y todavía falta sumar transporte, embalaje, clasificación, almacenamiento y distribución hacia las 18 delegaciones zonales, desde donde los juguetes son enviados a escuelas, localidades, parajes y comunidades.
Es decir, no sería descabellado que el operativo completo se acerque o incluso supere los $2.000 millones, dependiendo de las condiciones concretas de contratación.
Pero atención: esto es una estimación periodística, no el monto oficialmente pagado. Precisamente ahí está el problema.
Porque si el Estado gastó $1.500 millones, debe poder demostrarlo. Si gastó $2.000 millones, también. Y si gastó $2.500 millones, con mayor razón.
Lo que no resulta aceptable es que la sociedad conozca con precisión cuántos juguetes se compraron, dónde se distribuyen, quién aparece en las fotografías y qué funcionario conduce el operativo, pero no pueda conocer con la misma facilidad el expediente, el proveedor, el precio unitario, el monto adjudicado y la orden de pago.
La transparencia no consiste en publicar una fotografía de un camión cargado de juguetes. Transparencia es publicar cuánto costó llenar ese camión.
Y hay otro aspecto que merece atención. El operativo no es nuevo. El Gobierno provincial viene realizando desde hace años estas grandes distribuciones de juguetes. Por lo tanto, no estamos frente a una compra ocasional o de pequeña escala. Estamos hablando de una política que mueve cientos de miles de unidades y, presumiblemente, miles de millones de pesos acumulados a lo largo de los años.
El Estado formoseño tiene derecho a comprar juguetes y entregárselos a los chicos. Nadie cuestiona que un niño reciba un juguete. Lo que sí debe cuestionarse es la oscuridad alrededor del dinero utilizado para hacerlo.
Porque la pobreza no convierte al Estado en propietario de una caja negra. Al contrario: cuanto más escasos son los recursos de una sociedad, mayor debe ser el cuidado sobre cada peso gastado.
En Formosa, donde el Gobierno suele presentar cada entrega como una demostración de la generosidad del Modelo Formoseño, sería saludable empezar a separar la política social de la propaganda política.
Un juguete puede costar $5.000, $7.000, $10.000 o mucho más dependiendo de sus características y de las condiciones de compra. Lo que no puede ser variable es el derecho de los ciudadanos a conocer cuánto pagó el Estado. Por eso, antes de hablar de la “felicidad” financiada por el Modelo Formoseño, corresponde hablar de facturas, órdenes de compra, adjudicaciones y proveedores.
Más de 200.000 juguetes no son solamente 200.000 sonrisas para una fotografía oficial.
Son también 200.000 unidades multiplicadas por un precio que salió del bolsillo de los contribuyentes. Si el promedio fue de $7.500, hablamos de $1.500 millones. Si fue de $10.000, de $2.000 millones. Si fue de $12.500, de $2.500 millones.
La diferencia entre una cifra y otra puede representar cientos de millones de pesos.
Por eso, el Gobierno provincial debería publicar el expediente completo y terminar con cualquier especulación: proveedor, procedimiento de contratación, cantidad por cada renglón, precio unitario, monto total y pagos realizados.
Hasta que eso ocurra, queda una imagen demasiado conocida en Formosa: el Estado aparece para entregar, pero desaparece cuando llega la hora de explicar cuánto costó.
Y esta vez, detrás de la sonrisa de 200.000 chicos, hay una cuenta que puede superar los $2.000 millones y que los formoseños tienen derecho a conocer.
