Cacace, el abogado que la policía de Gildo Insfrán detuvo por ejercer, ahora podría ser juez federal en Formosa

El proceso de designación de jueces federales en la Argentina empezó a moverse con una velocidad inusual. Pero no es solo una cuestión administrativa: hay una señal política que empieza a tomar forma, y Formosa quedó en el centro de esa escena.

Entre los primeros pliegos que el presidente Javier Milei envió al Senado aparece el nombre del doctor Gerardo Daniel Cacace, propuesto para integrar la justicia federal en la provincia. No es un dato menor. Es, en todo caso, el inicio de algo más profundo.

Porque detrás de la cobertura de más de 300 vacantes judiciales en todo el país, lo que empieza a delinearse es una estrategia: intervenir al menos parcialmente, en territorios donde la justicia federal ha funcionado durante años bajo una lógica de dependencia política. Y en ese mapa, Formosa no es una provincia más.

Es, para el Gobierno nacional, uno de los ejemplos más acabados de un sistema donde el poder político local encarnado desde hace décadas por Gildo Insfrán, logró construir una estructura institucional cerrada, donde los contrapesos son, en el mejor de los casos, formales.

En ese contexto, la designación de jueces federales deja de ser un trámite técnico para convertirse en una herramienta de disputa. Porque lo que está en juego no es solo cubrir cargos vacantes, sino empezar a romper o al menos tensionar, un esquema donde la independencia judicial ha sido sistemáticamente cuestionada.

Los nombres actuales de la justicia federal en Formosa, como Pablo Morán y Belén López Macé, son parte de ese debate. Sus actuaciones, en más de una oportunidad, han sido señaladas por su alineamiento con el poder político provincial, alimentando la percepción de una justicia más funcional que autónoma.

Por eso, la inclusión de Formosa en esta primera tanda de pliegos no parece casual. Es, más bien, un gesto inicial de una política que apunta a poner bajo revisión lo que desde la Casa Rosada empiezan a catalogar como “engendros feudales”: provincias donde la alternancia es inexistente y las instituciones funcionan bajo lógicas de control político prolongado.

Pero hay un dato que agrega otra capa a esta discusión y que no es menor: Cacace no es ajeno a ese clima. Lo ha vivido.

En el ejercicio de su profesión como abogado, fue protagonista de un episodio que expone con crudeza el tipo de relación que muchas veces existe entre el poder, la policía y quienes intentan intervenir en conflictos legales en la provincia. En una intervención por un conflicto en un complejo de alquileres, Cacace se presentó como representante de una de las partes y cuestionó el accionar policial, reclamando procedimientos ajustados a la formalidad.

La respuesta fue el manual conocido: se lo intimó a identificarse, se labraron actuaciones, y el conflicto escaló. Ya en sede policial, el cruce continuó. El abogado insistió en cuestionar el procedimiento, elevando el tono frente a los efectivos. La reacción no fue precisamente institucional: terminó con una causa contravencional y, más grave aún, con una imputación por “resistencia a la autoridad” bajo el artículo 237 del Código Penal.

El dato no es anecdótico. Es sintomático.

Porque describe un escenario donde discutir un procedimiento puede derivar rápidamente en una causa, donde el margen para ejercer la defensa se vuelve difuso y donde la autoridad, lejos de someterse al control legal, responde muchas veces con reflejos corporativos.

Ese tipo de experiencias no son menores cuando se analiza el perfil de un candidato a juez federal. En todo caso, lo ubican en un lugar distinto: no como un observador externo del sistema, sino como alguien que según este episodio tuvo que enfrentarlo.

El envío de 52 pliegos al Congreso con un total que podría superar los 60 en los próximos días marca el arranque formal de este proceso. Pero la clave no está solo en la cantidad, sino en dónde se empieza a intervenir.

El propio Ministerio de Justicia ya había anticipado que el avance sería por etapas, combinando decisiones del Ejecutivo con negociaciones en el Senado, donde los gobernadores mantienen poder de fuego. Es decir: la disputa recién empieza.

Mientras tanto, el Senado deberá tratar los pliegos bajo nuevas reglas que obligan a mayor transparencia: publicación anticipada de los candidatos, audiencias públicas y difusión en medios oficiales. Un intento, al menos en lo formal, de abrir un proceso históricamente opaco.

Pero más allá del procedimiento, el dato político ya está sobre la mesa: Formosa entró en el radar.

Y no por casualidad. Sino porque empieza a ser vista como uno de los territorios donde el Gobierno nacional busca dar una señal de cambio, empezando por un punto clave: que la justicia federal deje de ser una extensión del poder político local y recupere, aunque sea en parte, su razón de ser.

Lo que sigue dependerá del Senado, de las negociaciones y de la capacidad real del oficialismo para sostener esta avanzada. Pero el mensaje ya fue enviado: el modelo formoseño, por primera vez en mucho tiempo, empieza a ser observado desde afuera no como una rareza tolerada, sino como un problema a corregir.