leonardo fernández acostaeL Este jueves se presentó en el Senado de la Nación un proyecto que no pasa desapercibido ya que propone nada menos que la intervención federal a la Provincia de Formosa. Pero antes de opinar, vale la pena entender de qué se trata exactamente y cuál es el recorrido que deberá hacer para convertirse en ley. Porque no se trata de un anuncio vacío ni de un acto de autoridad automático: es un proceso institucional riguroso, pensado para un caso extremo. Y el caso Formosa, después de más de treinta años de gobierno ininterrumpido de Gildo Insfrán, reúne todos los requisitos de esa excepción.
En pocas palabras, el proyecto declara la intervención a Formosa con un solo objetivo: garantizar la forma republicana de gobierno, tal como lo permite el artículo 6 de la Constitución Nacional. La intervención alcanza a los tres poderes provinciales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos quedan suspendidos. El gobernador, el vicegobernador y todos los legisladores cesan automáticamente en sus mandatos. Los jueces pasan a estar "en comisión", es decir, en funciones provisorias. El Poder Ejecutivo Nacional designará a un Interventor Federal, que será la autoridad durante todo el proceso.
El plazo inicial es de 365 días, prorrogables por 365 días más, y en todos los casos deberá convocarse a elecciones libres, justas y transparentes dentro de ese período. No hay intervención eterna: hay un plan de normalización institucional que el Ejecutivo nacional deberá impartir y el interventor ejecutar. Eso incluye, entre otras cosas, eliminar el sistema de lemas, regularizar la situación dominial y garantizar derechos básicos.
El camino que debe seguir el proyecto no es inmediato. Primero, debe ser tratado en el Senado, donde fue presentado. Allí se necesitan mayorías para su aprobación. Luego pasa a la Cámara de Diputados, donde también debe obtener dictamen y votación positiva. Una vez aprobado por ambas cámaras, se promulga como ley. Recién entonces, el Poder Ejecutivo Nacional está habilitado para designar al interventor y dictar las instrucciones del plan de normalización. A partir de ahí, comienza el conteo del plazo máximo de dos años, con control político del Congreso y control judicial de eventuales excesos. No es un camino corto ni sencillo, precisamente porque la intervención federal es una herramienta excepcional. Pero la gravedad de la situación en Formosa justifica transitar ese camino sin demoras.
La intervención es necesaria porque lo que ha ocurrido en Formosa durante más de treinta años es exactamente lo contrario de una república. No se trata solo de que un mismo gobernante se haya perpetuado en el poder. Lo grave es cómo lo hizo: cooptando al Poder Legislativo, condicionando al Poder Judicial y desobedeciendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La propia Corte invalidó la reelección indefinida, y la respuesta de Formosa fue sancionar en 2025 una reforma constitucional local con una cláusula transitoria hecha a medida para que Insfrán pueda seguir postulándose. Eso no es autonomía provincial: es una insubordinación institucional que ningún sistema federal puede tolerar sin que se derrumben sus cimientos.
A eso se suma un sistema electoral de lemas que distorsiona la voluntad popular, una justicia que nunca fue independiente, clientelismo como forma de gobierno, persecución a opositores y periodistas, y una situación social gravísima con déficits de agua potable, salud y vivienda. Por si fuera poco, se ha denunciado la retención de títulos de propiedad como herramienta de dominación. Todo eso ocurre mientras las formas republicanas se mantienen en el papel, pero en los hechos hace décadas que no existen.
Por eso la mirada sobre este proyecto tiene que ser positiva, aunque duela aceptar que una intervención es necesaria. No porque uno celebre que la Nación tenga que meterse en una provincia, sino porque lo que ocurre en Formosa es un cáncer para el sistema republicano en su conjunto. Permitir que un gobernador ignore a la Corte, reforme la Constitución a su medida y se perpetúe con todos los resortes del poder bajo su control es sentar un precedente gravísimo: el de que la Constitución y los fallos judiciales valen lo que cada gobernante quiera que valgan.
La intervención no es un capricho del poder central, sino el último recurso que la propia Constitución prevé para estos casos. Y la mirada sobre los más de treinta años de gobierno de Insfrán solo puede ser negativa, porque lo que se ha construido allí no es un proyecto político discutible, sino un sistema de dominación que destruyó la división de poderes, volatilizó la independencia judicial y convirtió la alternancia en una anécdota histórica. Eso no es republicanismo, ni siquiera en versión local. Es otra cosa, y hay que llamarla por su nombre.
El proyecto presentado hoy en el Senado tiene, al menos, la virtud de poner un límite. No resuelve todo, pero inicia el camino para que dentro de un plazo razonable los formoseños puedan votar sin que el aparato estatal esté montado para que solo gane uno. La intervención no es la solución definitiva, pero es la condición de posibilidad para que haya alguna solución. Y después de tres décadas, eso ya es mucho. El Congreso debe tratar este proyecto con la seriedad que merece, y el Ejecutivo nacional debe garantizar que el interventor sea un gestor de transición, no un nuevo actor de poder. Si se hace bien, dentro de dos años Formosa podrá tener elecciones libres, sin sistema de lemas, sin una Corte local dócil y sin un gobernador que se crea por encima de la Constitución. Eso no es poco. Es, justamente, lo que nunca tuvieron. Y es lo que esta intervención puede devolverles.
