leonardo fernández acostaLo que durante años fue silencio, complicidad o simple mirada hacia otro lado, esta vez encontró un freno. La suspensión por 60 días de los decanos Rafael Olmedo, María Rosa Sanabria y Carlos Martínez marca un punto de inflexión en la Universidad Nacional de Formosa.
Y hay un dato político-institucional imposible de ignorar: la conducción universitaria decidió actuar. Lejos de la pasividad que suele caracterizar a muchas gestiones frente a conflictos internos, el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler avanzó sobre un tema delicado y potencialmente explosivo. No eligió el camino cómodo de dilatar o relativizar, sino que puso sobre la mesa una denuncia de extrema gravedad: la presunta presentación de documentación falsificada para sostener cargos que, en rigor, no correspondían. El mensaje es claro: en la UNaF no todo vale.
La decisión de impulsar la suspensión no solo apunta a conductas individuales, sino que busca preservar la legitimidad de todo el sistema universitario. Porque si quienes conducen las facultades no cumplen los requisitos básicos, lo que se resquebraja es la confianza en la institución misma. A eso se suma otro dato clave: la respuesta frente a los hechos de violencia atribuidos a Rafael Olmedo.
La suspensión por 90 días no es un detalle menor, sino una señal concreta de que el ejercicio del poder no puede estar acompañado de prácticas intimidatorias o agresivas. Pero este proceso no se agota en una decisión puntual. La creación de una Comisión Especial para analizar la validez de las elecciones del 13 de diciembre de 2024 abre una instancia institucional que deberá ser acompañada por todos los órganos de gobierno de la universidad.
En ese esquema, cada instancia tiene un rol que cumplir para garantizar que las decisiones se ajusten a derecho y cuenten con la legitimidad necesaria. En una provincia donde muchas veces las instituciones quedan atrapadas en lógicas cerradas, este tipo de medidas rompe con la inercia. Implica asumir costos, enfrentar resistencias y, sobre todo, ordenar. ¿Alcanza con esto? No. Pero es un comienzo.
La UNaF tiene ahora una oportunidad: transformar un escándalo en un punto de partida para recuperar credibilidad. Y en ese proceso, la conducción encabezada por Parmetler aparece alineada con una demanda básica pero imprescindible: que la ley se cumpla dentro de la propia universidad. Porque cuando las instituciones funcionan y cada órgano asume su responsabilidad, el poder deja de ser un refugio de privilegios y empieza, finalmente, a convertirse en una herramienta al servicio de la legalidad.
