leonardo fernández acostaEl escándalo ocurrido durante la madrugada del sábado en el barrio Obrero de Ingeniero Juárez dejó mucho más que una vivienda destruida. También volvió a poner bajo sospecha el funcionamiento de las instituciones provinciales cuando los involucrados pertenecen al círculo político del poder formoseño.
Según publicó Formosa Investiga, vecinos de la comunidad originaria denunciaron que una camioneta negra vinculada al intendente de Los Chiriguanos, Antonio “El Negro” Caldera, terminó incrustada contra una vivienda tras circular a alta velocidad por las calles internas del barrio. Las imágenes difundidas muestran el vehículo atravesando el tejido perimetral y golpeando de lleno una de las paredes de la casa afectada, en una escena que pudo haber terminado en tragedia.
A partir de allí comenzaron a multiplicarse las versiones. Habitantes de la zona afirmaron que el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y que habría sido retirado rápidamente por personas cercanas antes de que el episodio escalara aún más. También trascendieron relatos sobre disturbios posteriores, demoras policiales y traslados a la comisaría local. Pero hasta ahora no existe información oficial que confirme identidades, resultados de alcoholemia ni responsabilidades penales concretas.
Y es precisamente ahí donde el comunicado posterior de la Policía de Formosa empieza a hacer más ruido por lo que calla que por lo que informa.
El parte oficial habla de un simple “siniestro vial” y describe el episodio con un tono burocrático cuidadosamente despersonalizado. Nunca menciona quién conducía la camioneta Toyota SW4. No aclara si se realizó test de alcoholemia. No informa si hubo detenciones, imputaciones o medidas judiciales inmediatas. Mucho menos explica cómo una camioneta terminó incrustada dentro de una vivienda humilde dejando una estructura con riesgo de derrumbe total.
La redacción parece diseñada para anestesiar la gravedad política del hecho. “Por cuestiones que son materia de investigación”, dice el comunicado, utilizando una fórmula clásica de las estructuras policiales cuando conviene ganar tiempo y evitar precisiones incómodas.
La situación se volvió todavía más delicada cuando comenzaron las críticas en redes sociales y la Policía difundió una “aclaración institucional” donde habló de “moderación de comentarios”, “respeto”, “dignidad de las personas involucradas” y “difusión de información no verificada”. Es decir: lejos de transparentar datos sensibles sobre un posible funcionario manejando alcoholizado dentro de una comunidad originaria, la prioridad oficial pareció ser controlar el impacto público del escándalo.
El problema no es únicamente el choque. El problema es la percepción cada vez más instalada de que en Formosa existen protocolos distintos según el apellido del involucrado. Porque si el conductor hubiese sido un vecino común y no alguien vinculado al poder político del modelo gildista, difícilmente la identidad habría permanecido tan protegida y el relato institucional tan cuidadosamente lavado.
Después de más de tres décadas del llamado “Modelo Formoseño” impulsado por Gildo Insfrán, episodios como este refuerzan la idea de un sistema donde muchos intendentes funcionan como caudillos territoriales con márgenes de impunidad difíciles de explicar. Funcionarios que parecen moverse con más tranquilidad frente a la ley que cualquier ciudadano común.
La imagen de una camioneta incrustada contra la casa de una familia originaria termina convirtiéndose así en algo más profundo que un accidente vial. Es una metáfora brutal de un modelo político donde el poder irrumpe, destruye y después intenta administrar el relato desde el silencio oficial, la moderación de comentarios y la protección institucional.
