Politiké presenta: Muracciole y el arte de medir sólo lo que conviene

Cada tanto aparece un informe que el aparato de propaganda provincial convierte en una pieza de exhibición. Esta vez, la novedad llegó envuelta en sellos prestigiosos: UBA, Conicet y, como no podía faltar, la recurrente intervención de Adrián Muracciole a través de su consultora Politiké, siempre dispuesta a aportar números que terminan encajando perfectamente en las necesidades comunicacionales del oficialismo formoseño.

La noticia afirma que Formosa tiene la tarifa eléctrica más baja del país. El dato puede ser técnicamente correcto dentro de los parámetros seleccionados por el estudio. Sin embargo, lo verdaderamente importante es lo que no se cuenta y las conclusiones que se intentan instalar a partir de una muestra cuidadosamente recortada.

Porque el informe no analiza a todos los usuarios ni refleja el costo real de la electricidad para el conjunto de la población. Por el contrario, toma como referencia hogares subsidiados con un consumo promedio de 265 kWh mensuales. Es decir, se concentra precisamente en el segmento más beneficiado por los esquemas de asistencia estatal.

La diferencia es fundamental. No se está comparando cuánto pagan los formoseños en general, sino cuánto paga un universo específico de usuarios de menores ingresos incluidos dentro de los subsidios nacionales y provinciales. El resultado, naturalmente, aparece condicionado por esa selección.

Dicho de otro modo: si para demostrar que la energía es barata se elige únicamente a quienes reciben ayuda estatal para pagarla, el estudio termina diciendo más sobre el diseño de la muestra que sobre la realidad energética de la provincia.

La propia nota reconoce que el programa Esfuerzo Formoseño alcanza a cerca del 90% de los usuarios de ingresos bajos y medios. Es decir, la supuesta ventaja tarifaria no surge de una estructura económica eficiente, de una mayor competitividad del sistema eléctrico o de menores costos operativos. Surge de una transferencia permanente de recursos públicos para contener el valor de las facturas.

Y aquí aparece la pregunta incómoda que nadie formula: ¿por qué una provincia necesita subsidiar masivamente la electricidad para que la mayoría de su población pueda afrontar el servicio? La respuesta conduce inevitablemente a otro debate que el oficialismo evita desde hace años: los bajos ingresos, la dependencia del empleo estatal, la escasa actividad privada y la fragilidad económica de amplios sectores de la sociedad formoseña.

Porque la electricidad no se vuelve barata por arte de magia. Lo que el usuario deja de pagar en la boleta sale de alguna otra parte. Sale del presupuesto público. Sale de recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud, educación o inversiones productivas. En definitiva, sale del bolsillo de los contribuyentes.

Más llamativa todavía resulta la presencia del Observatorio Politiké como fuente complementaria del informe. La consultora de Adrián Muracciole se ha convertido en una especie de certificadora informal de las bondades del modelo formoseño. Sus análisis aparecen con una regularidad sorprendente cada vez que surge la necesidad de respaldar políticamente alguna narrativa oficial.

La coincidencia es notable. Los estudios de Politiké rara vez encuentran indicadores incómodos para el poder. No suelen abundar informes sobre la dependencia del empleo público, la falta de transparencia institucional, el éxodo de jóvenes profesionales, el estancamiento del sector privado o los índices de pobreza que continúan afectando a miles de familias. Pero cuando se trata de destacar alguna estadística favorable al Gobierno provincial, la consultora siempre parece tener un gráfico listo para la ocasión.

Mientras tanto, quedan fuera de la discusión cuestiones mucho más relevantes para evaluar la calidad de vida de una sociedad. Formosa sigue figurando entre las provincias con mayores niveles de dependencia estatal, menor desarrollo industrial y una economía fuertemente condicionada por la asistencia pública. Ninguno de esos problemas desaparece porque una factura eléctrica resulte más baja para determinados segmentos subsidiados.

De hecho, la lectura puede ser exactamente la inversa de la que pretende instalar el oficialismo. Si una administración necesita intervenir constantemente para subsidiar a nueve de cada diez usuarios y evitar que las tarifas se vuelvan impagables, tal vez eso no sea una demostración de fortaleza económica sino un síntoma de debilidad estructural.

La estrategia comunicacional es conocida. Se toma un dato favorable, se lo aísla del contexto, se lo amplifica mediante medios afines y se lo presenta como prueba irrefutable del éxito de un modelo político. El problema es que la realidad suele ser bastante más compleja que una tabla estadística.

Por eso, más que un informe sobre tarifas eléctricas, la publicación parece otro ejercicio de marketing político. Una operación destinada a construir una imagen de prosperidad utilizando una muestra sesgada hacia los sectores subsidiados y de menor consumo, mientras se omite deliberadamente el cuadro económico completo.

La electricidad puede ser más barata para algunos usuarios seleccionados por el estudio. Lo que sigue siendo caro para los formoseños es sostener un relato que necesita subsidios estadísticos cada vez más grandes para ocultar las deficiencias de un modelo que lleva décadas prometiendo desarrollo y todavía no logra mostrarlo.