Basualdo acusó al procurador López de ser un "delincuente" y de operar para Insfrán

Las declaraciones del diputado nacional, Atilio Basualdo, no solo volvió a exponer la persecución a la oposición que resulta algo que forma parte habitual por parte del gildismo sino que además decidió avanzar sobre un terreno mucho más delicado: señalar con nombre y apellido a quienes considera responsables de convertir a la Justicia en una herramienta de disciplinamiento político.

Basualdo no habló de sospechas ni de interpretaciones. Habló de personas concretas. Al procurador general Sergio Rolando López lo calificó directamente como "otro delincuente que es el procurador". Al juez de Instrucción Marcelo Picabea y a la fiscal Estela Zabala los ubicó dentro de una estructura que, según denunció, responde a los intereses del poder político provincial antes que a los principios elementales de la administración de justicia.

La acusación más fuerte llegó cuando sostuvo que las denuncias que hoy enfrenta son "denuncias fabricadas por orden de Gildo Insfrán". Y lejos de matizar sus palabras, insistió: "Son cosas fabricadas porque él ordena resultados para perjudicarnos a nosotros". La frase describe algo mucho más grave que una disputa política. Describe un sistema donde las conclusiones estarían decididas antes que las investigaciones y donde determinados sectores de la Justicia actuarían como ejecutores de decisiones tomadas fuera de los tribunales.

Basualdo habló además desde un conocimiento personal de algunos de los protagonistas. Sobre López y Picabea recordó: "Lo conozco, es de Las Lomitas. El juez Picabea estuvo en Las Lomitas. Los conozco a todos esos personajes que hoy están siendo peones del sistema". La expresión no fue casual. Porque detrás de la acusación aparece una idea que la oposición viene sosteniendo desde hace años: que determinados funcionarios judiciales dejaron de actuar como magistrados independientes para convertirse en operadores funcionales a la continuidad del poder.

Tampoco fue menor la referencia al caso del periodista Gabriel Hernández. Al evocarlo, Basualdo volvió a instalar una sospecha histórica sobre el funcionamiento de la Justicia provincial. "¿Quién le ordenaba a la jueza? Le ordenaba Gildo Insfrán a través de López", afirmó, vinculando al actual procurador con uno de los episodios más controvertidos de la historia política y judicial formoseña.

Lo significativo de estas declaraciones no es solamente su dureza. Es que apuntan contra funcionarios que durante años parecieron estar al margen de cualquier cuestionamiento público de envergadura. Basualdo no dirigió sus críticas a dirigentes partidarios ni a funcionarios administrativos. Apuntó directamente contra quienes tienen la responsabilidad de investigar delitos, impulsar acusaciones y garantizar el cumplimiento de la ley.

En cualquier democracia sana, acusar al procurador general, a un juez de instrucción y a una fiscal de integrar un mecanismo de armado de causas generaría un terremoto institucional. En Formosa, en cambio, las palabras encuentran un contexto previo de desconfianza acumulada. Una larga historia de denuncias de persecución política, expedientes controvertidos y sospechas recurrentes sobre la independencia judicial hace que las afirmaciones del diputado no aparezcan como un hecho aislado sino como una pieza más dentro de una discusión que atraviesa a la provincia desde hace años.

Basualdo incluso advirtió que quienes hoy ocupan posiciones de poder dentro del sistema judicial "tendrán en algún momento que rendir cuenta de todo el atropello y el mal manejo de la justicia en nuestra provincia". No habló de errores. Habló de atropellos. No habló de diferencias de criterio. Habló de un sistema que, según su visión, fue utilizado para destruir adversarios políticos, perjudicar ciudadanos y garantizar la supervivencia de un modelo de poder.

Por eso sus declaraciones exceden ampliamente su situación personal o las denuncias que hoy enfrenta. Lo que puso sobre la mesa fue una acusación de fondo contra el funcionamiento mismo de la Justicia formoseña. Una acusación que apunta al corazón de las instituciones y que interpela a funcionarios que, hasta ahora, parecían acostumbrados a ocupar lugares de poder sin necesidad de responder públicamente a cuestionamientos de esta magnitud.

Porque cuando un diputado nacional sostiene que existen "causas fabricadas", que el gobernador "ordena resultados", que el procurador general es un "delincuente" y que jueces y fiscales actúan como "peones del sistema", ya no se está discutiendo una causa judicial determinada. Se está discutiendo la credibilidad de todo un sistema institucional.

Y eso, en una provincia donde la confianza en la independencia de la Justicia viene siendo cuestionada desde hace años, tiene una gravedad imposible de ignorar.