leonardo fernández acostaLa mayoría justicialista decidió impedir ayer en la Legislatura Provincial que siquiera se discutiera el pedido de juicio político contra la presidenta del Tribunal de Cuentas, Miriam Esther Radrizzani. No rechazó una acusación después de investigarla. No analizó pruebas. No escuchó argumentos. No abrió una comisión. Directamente cerró la puerta antes de que el debate comenzara.
Pero lo más preocupante no fue solamente el resultado de la votación. También fue la manera en que se desarrolló la sesión.
Cuando la diputada radical Agostina Vilaggi tomó la palabra para solicitar el tratamiento preferencial del proyecto de juicio político que había presentado junto al diputado Miguel Montoya Fromentín, intentó exponer los fundamentos de la iniciativa. Sin embargo, según quedó registrado en la transmisión oficial de la sesión, fue interrumpida reiteradamente por el diputado justicialista Agustín Samaniego, quien le gritaba desde su banca mientras ella desarrollaba su exposición.
Ante las interrupciones, Vilaggi elevó el tono de voz para intentar hacerse escuchar. Fue entonces cuando el presidente provisional de la Cámara, Armando Felipe Cabrera, decidió cortarle el micrófono.
La legisladora protestó y señaló que quien estaba gritando era precisamente Samaniego. La respuesta de Cabrera fue pedirle a ella que se expresara "como corresponde".
La situación adquirió ribetes aún más llamativos cuando la diputada intentó retomar la palabra para completar la fundamentación del proyecto. Cabrera le informó que sus dos minutos habían concluido y volvió a cortarle el sonido, impidiéndole continuar.
El mensaje fue contundente: no solamente no habría tratamiento del pedido de juicio político. Tampoco habría demasiada disposición a escuchar los argumentos que justificaban su presentación.
Y allí aparece el verdadero problema.
Porque el proyecto rechazado no apuntaba contra una funcionaria cualquiera. Estaba dirigido contra la máxima autoridad del organismo encargado de controlar las cuentas públicas de la provincia, auditar los gastos del Estado y fiscalizar el uso de los recursos de todos los formoseños.
Una institución cuya credibilidad debería ser un asunto prioritario para cualquier gobierno.
Radrizzani no enfrenta cuestionamientos menores. La titular del Tribunal de Cuentas fue formalmente imputada en una causa donde se investiga una presunta estafa procesal mediante la utilización de documento privado falso equiparado a instrumento público.
La investigación tiene su origen en un conflicto judicial por un inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Pueyrredón y Gutnisky, una disputa que se extendió durante más de una década y que culminó con una orden de desalojo dictada por la Justicia a favor de quien fue reconocida judicialmente como legítima propietaria del terreno.
Según surge de la causa, un día antes de ejecutarse el desalojo habría sido presentado ante el juzgado un supuesto contrato de alquiler celebrado entre Radrizzani y una mujer que se desempeñaba como su empleada doméstica.
La documentación sostenía que esa mujer y sus hijos menores residían en el inmueble. La presentación produjo el efecto buscado: la medida judicial fue suspendida temporalmente y el desalojo se postergó durante diez días.
Sin embargo, la investigación posterior derivó en una hipótesis mucho más grave. De acuerdo con la acusación fiscal, el contrato habría sido confeccionado con el objetivo de generar una situación ficticia y provocar que la magistrada interviniente adoptara una decisión basada en información falsa.
Durante el procedimiento posterior, las autoridades no habrían encontrado elementos compatibles con la residencia permanente de una familia en el lugar. Tampoco habrían aparecido pertenencias que permitieran acreditar que los menores vivían efectivamente allí. Pero el dato más delicado surgió de una declaración incorporada al expediente.
La propia empleada doméstica manifestó ante la Justicia que fue convocada por Radrizzani para presentarse en el inmueble junto a sus hijos el día del desalojo y que recibió instrucciones para permanecer allí con el objetivo de impedir la ejecución de la medida judicial.
Sobre la base de esos elementos, la Justicia provincial resolvió imputar formalmente a ambas mujeres y avanzar con la investigación penal. Será la Justicia la que determine si los hechos ocurrieron como sostiene la acusación y si existen responsabilidades penales.
Pero el punto central no es ese. El punto central es que la Constitución provincial contempla expresamente mecanismos para analizar la conducta institucional de determinados funcionarios cuando aparecen hechos que pueden comprometer la confianza pública.
Precisamente para eso existe el juicio político. No se trata de una condena. No reemplaza a la Justicia. No implica declarar culpable a nadie.
Es una herramienta institucional destinada a determinar si una persona que ocupa un cargo de enorme responsabilidad conserva las condiciones necesarias para seguir ejerciéndolo mientras enfrenta acusaciones de semejante gravedad. Sin embargo, la Legislatura ni siquiera quiso abrir esa discusión.
Ni siquiera permitió que el proyecto llegara a una comisión. Ni siquiera habilitó un debate. Simplemente lo bloqueó. Bloqueó un hecho gravisimo.
Pero para los formoseños no será el primero ni el último "blindaje" que Insfrán brinde a sus funcionarios impresentables y que burlan la ley.
Lo grave es que el blindaje llega al extremo de impedir que una diputada complete la fundamentación de un proyecto, cuando se corta el micrófono a quien intenta plantear una discusión institucional, cuando el debate se clausura antes de comenzar, el problema deja de ser únicamente una funcionaria cuestionada.
El problema pasa a ser el funcionamiento mismo de las instituciones. Porque la democracia no se fortalece evitando las preguntas incómodas. Las instituciones no ganan credibilidad bloqueando investigaciones. Y la confianza pública no se recupera mediante silencios, interrupciones o mayorías automáticas.
Por el contrario.
La fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para controlar al poder, incluso cuando ese control resulta incómodo para quienes gobiernan.
Lo ocurrido en la Legislatura dejó una imagen difícil de ignorar: una funcionaria imputada por la Justicia, una oposición que intenta activar un mecanismo constitucional, un oficialismo que impide el debate y una presidencia parlamentaria que corta la palabra cuando los argumentos comienzan a incomodar.
Más que una sesión legislativa, fue una demostración práctica de cómo funciona el blindaje político en Formosa. Y cuando las instituciones dejan de controlar al poder para dedicarse a protegerlo, los perjudicados ya no son los dirigentes de la oposición. Los perjudicados son los ciudadanos que esperan que la ley y las instituciones funcionen igual para todos.
