Morán habla de licencias, pero evita responder la pregunta que compromete a la Justicia

Hay comunicados que buscan aclarar. Otros, simplemente, ganar tiempo.

El difundido por el juez federal Pablo Fernando Morán pertenece a esta última categoría. Con un texto prolijo y jurídicamente elaborado, el magistrado intenta fijar una posición frente a la denuncia presentada por la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá, ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, lejos de disipar las dudas, su descargo parece construido para esquivar el interrogante central.

Morán comienza afirmando que "no tengo conocimiento formal de actuación alguna, no he tenido acceso a ningún expediente, presentación o antecedente y tampoco he recibido comunicación oficial de ninguna autoridad". Agrega que "la única información con la que cuento es la que ha circulado a través de publicaciones periodísticas y de redes sociales" y, por ello, sostiene que prefiere actuar con prudencia.

Es un planteo razonable desde el punto de vista procesal. Pero inmediatamente después realiza una afirmación categórica que resulta difícil conciliar con ese desconocimiento: "sí puedo señalar, con absoluta tranquilidad y convicción, que no ha existido irregularidad alguna".

Si aún no conoce formalmente la denuncia, ¿cómo puede descartar de manera absoluta todas las irregularidades que allí se le atribuyen? La contradicción es evidente.

El problema, además, es que el comunicado no responde aquello que dio origen al expediente disciplinario. La denuncia no cuestiona únicamente el uso de licencias. Lo que pone bajo la lupa es que, según la presentación elevada al Consejo de la Magistratura, Morán habría permanecido fuera de la Argentina durante varios días sin autorización para salir del país y durante jornadas en las que debía encontrarse en funciones.

De acuerdo con la denuncia, el fiscal federal Luis Roberto Benítez intentó localizar al juez el 24 de junio porque necesitaba celebrar una audiencia urgente dentro del sistema acusatorio. No pudo encontrarlo. Ese mismo día, según consta en la presentación administrativa, Morán coordinó una audiencia virtual mediante la plataforma Zoom, pero no se encontraba físicamente en el Juzgado Federal de Formosa, donde debía cumplir funciones, ya que no estaba de licencia. Ese dato transforma completamente la discusión.

Ya no se trata solamente de un viaje para asistir al Mundial de Qatar. Se trata de establecer si un juez federal ejerció funciones judiciales mientras se encontraba, presuntamente, fuera del país y sin autorización para ello.

Frente a ese señalamiento concreto, el descargo de Morán responde con una afirmación general: "Durante los días correspondientes se gozaron licencias reglamentariamente concedidas y, en las restantes jornadas, se trabajó con normalidad, responsabilidad y continuidad funcional."

Pero esa explicación no alcanza.

Porque la propia denuncia sostiene que hubo cinco días —23, 24 y 25 de junio, y 1 y 2 de julio— en los que el magistrado no estaba alcanzado por ninguna licencia y, sin embargo, tampoco se encontraba en su juzgado. Incluso, siempre según la presentación impulsada por la Cámara Federal, el propio Morán reconoció en una comunicación telefónica con la camarista Rocío Alcalá que llevaba varios días fuera de la Argentina.

El juez también afirma que "se cumplió estrictamente con la totalidad de las obligaciones judiciales", que "se celebraron todas las audiencias previamente programadas y también aquellas que fueron fijadas durante esas jornadas por razones de urgencia" y que "en ningún momento se interrumpió el servicio de justicia".

Nadie discute que un tribunal pueda seguir funcionando.

Lo que se discute es otra cosa.

Lo que deberá determinar el Consejo de la Magistratura es si quien tenía la obligación constitucional de conducir ese tribunal cumplió personalmente con sus deberes funcionales o si ejerció la magistratura desde el extranjero mientras debía encontrarse en su sede judicial. Es una diferencia enorme.

La ciudadanía no espera únicamente que un expediente avance. Espera que quienes administran justicia respeten las mismas reglas cuyo cumplimiento exigen a los demás.

Por eso sorprende que el comunicado dedique varias líneas a reivindicar la libertad de prensa y el respeto institucional, pero ninguna a responder con claridad dónde se encontraba el juez durante aquellos días, por qué no pudo ser ubicado por el fiscal federal cuando era necesaria su intervención presencial y bajo qué circunstancias habría participado de una audiencia por Zoom mientras, según la denuncia, estaba fuera del país.

La transparencia judicial no consiste en afirmar que todo estuvo en regla. Consiste en demostrarlo.

Morán concluye su comunicado diciendo que, hasta conocer formalmente la actuación, "prefiero mantener la prudencia y no efectuar otras manifestaciones".

La prudencia puede ser una estrategia de defensa.

Pero cuando quien está bajo escrutinio es un juez federal, el silencio nunca reemplaza a las explicaciones.

Porque la confianza pública en la Justicia no se sostiene con comunicados cuidadosamente redactados. Se sostiene con hechos verificables, con respuestas precisas y con una conducta que no deje espacio para sospechas.

Eso es, precisamente, lo que hoy está en discusión.