Juan Carlos Atencia llegó al Ministerio de Desarrollo Humano con una promesa sencilla, contundente y ambiciosa: solucionar al ciento por ciento el sistema de salud formoseño. No vino, según se dijo, a administrar la decadencia. No vino a contemplar los problemas. No vino a poner parches. Vino a solucionar.
Y hasta ahora, si hubiera que resumir su gestión en una sola palabra, esa palabra sería otra: recorte pero para el otro. Recorte de guardias. Recorte de horas. Recorte de contratos. Recarga de horarios para médicos. Salida de profesionales. Renuncias de especialistas. Falta de recursos humanos. Servicios que se deterioran. Guardias saturadas. Interior abandonado.
Y mientras la propaganda oficial sigue mostrando una salud pública modelo, la realidad empieza a mostrar otra cosa. Porque la crisis no necesita comunicados para hacerse visible. Alcanza con entrar a una guardia.
Pacientes esperando. Enfermeros desbordados. Médicos que no alcanzan. Especialistas que ya no están. Profesionales que deben atender cada vez más pacientes con cada vez menos recursos.
El problema ya no es solamente cuánto dinero se destina al sistema. El problema es qué sistema está quedando después de los recortes y de las decisiones de conducción.
Hospitales que durante años fueron referencia provincial empiezan a exhibir síntomas de deterioro.
El Hospital de Alta Complejidad, el Hospital Interdistrital Evita, el Hospital Central. Todos forman parte de esa postal de la salud pública formoseña que el oficialismo utiliza como bandera.
Pero detrás de la fotografía aparecen problemas de recursos humanos, especialistas, equipamiento y tecnología. Y cuando falta un médico, una máquina o un especialista, la propaganda no atiende al paciente.
El problema se vuelve todavía más dramático cuando se mira hacia el interior provincial. Allí pareciera haberse roto aquel mapa sanitario que alguna vez pretendió organizar la atención por regiones y hospitales zonales.
Hoy, demasiadas veces, el centro de salud termina funcionando como una estación de paso: recibe al paciente y lo deriva a Formosa capital. Y para llegar a Formosa capital hace falta algo tan elemental como una ambulancia que pueda transitar pero claro, el Ministro de Desarrollo Humano se desliga de las rutas provinciales en mal estado, son un problema de infraestructura de otro ministro.
En salud pueden convertirse en una sentencia.
Cuando llueve, cuando los caminos se vuelven intransitables, cuando una comunidad aborigen necesita asistencia urgente, la distancia deja de medirse en kilómetros y empieza a medirse en posibilidades concretas de sobrevivir. Y mientras eso ocurre, los famosos camiones sanitarios permanecen como piezas de museo.
Los camiones oncológicos, por ejemplo, terminaron convertidos en un símbolo involuntario de una política sanitaria que parece haber perdido el rumbo: equipamiento que debería estar recorriendo la provincia y que termina estacionado en el playón de un hospital que tampoco cumple la función para la que fue construido, como el Hospital de la Madre y la Mujer.
Ahora la Nación anuncia seis camiones. Seis. La propaganda ya ha sido promovida como propia pero la verdad es que los fondos no son de la provincia.
Y entonces aparece la pregunta inevitable, no como interrogante retórico sino como cuestión política elemental: ¿cómo puede una provincia que durante años se presentó como modelo de salud pública terminar dependiendo de que la Nación le acerque los recursos móviles que dejó de utilizar adecuadamente? La respuesta no está en el discurso. Está en la gestión.
Atencia parece haber descubierto una fórmula extraordinaria para resolver los problemas sanitarios: achicar. Achicar las guardias. Achicar los equipos. Achicar los contratos. Achicar la presencia territorial. Achicar la estructura asistencial.
Lo que no se achica es la estructura política que comprende a sus allegados pero no para militar el sistema sanitario del modelo formoseño sino para vegetar en las oficinas. Porque mientras faltan médicos, especialistas y personal en determinados servicios, proliferan cargos, direcciones, subsecretarías y nombramientos que para peor, no son cargos médicos sino de militantes enfermeros.
Y ahí aparece otro capítulo incómodo.
En el sistema sanitario circulan versiones y cuestionamientos sobre desplazamientos de funcionarios, reestructuraciones y designaciones que habrían privilegiado vínculos personales y familiares por sobre experiencia y capacidad. No corresponde convertir rumores en sentencias. Corresponde, precisamente, exigir que se aclaren.
Porque si se desarma un equipo que funcionaba razonablemente para reemplazarlo por personas vinculadas políticamente, el Gobierno debería explicar los criterios. Si se desplaza a quienes trabajan y se premia a quienes no trabajan, también debería explicarlo. Si profesionales denuncian hostigamiento, persecuciones, sumarios o recortes, alguien debería escucharlos.
Y si existen funcionarios con responsabilidades estratégicas que no responden los teléfonos, no recorren los hospitales y aparecen principalmente en fotografías oficiales, como Atencia. Esta más que claro que la salud pública no se conduce desde una fotografía. Se conduce recorriendo hospitales.
Hablando con médicos. Escuchando enfermeros. Viendo pacientes. Revisando guardias. Resolviendo faltantes. Organizando especialistas. Y llegando al interior. Porque la salud pública no termina en la avenida 25 de Mayo.
El interior existe. Las comunidades originarias existen. Los hospitales zonales existen. Los caminos existen. Las ambulancias existen. Los pacientes existen. Y todos ellos necesitan algo bastante más importante que una campaña de comunicación. Necesitan un sistema funcionando.
Por eso resulta particularmente llamativo que, mientras el sistema público atraviesa este proceso de precarización, alrededor del ministro Atencia también comiencen a circular versiones sobre operaciones inmobiliarias y comerciales vinculadas al sector privado de la salud.
Se habla de la adquisición de la Clínica Santa Lucía, ubicada sobre la calle Moreno, de otras supuestas operaciones relacionadas con la Clínica Kira Popovich y de alquileres de laboratorios, todos relacionados al compañero "recortador". También se mencionan supuestos vínculos familiares como eventuales beneficiarios.
Son versiones. Y justamente por eso deben ser aclaradas.
Porque si son falsas, el ministro y quienes aparecen mencionados tienen todo el derecho y también la obligación política de desmentirlas con documentación. Lo raro es que es harto sabido que quien reina en la salud pública privada, es el propio gobierno a través de sus distintos funcionarios y que un ministro de tan solo tres meses de gestión se transforme supuestamente en un existoso inversor inmobiliario de la salud, no debería escapar al ojo del gran hermano en el quinto piso.
Y si existen operaciones, corresponde conocer quiénes compraron, quiénes vendieron, quiénes alquilan, quiénes cobran y qué relación tienen esas personas con funcionarios públicos.
La transparencia no debería molestar a nadie. Mucho menos a quienes administran la salud pública.
Porque cuando el Estado recorta, cuando médicos se van, cuando hospitales pierden especialistas, cuando los camiones quedan estacionados y cuando el interior queda cada vez más lejos de la atención, cualquier crecimiento patrimonial de funcionarios o de sus entornos merece, como mínimo, explicaciones claras. De lo contrario, la sospecha ocupa el lugar que debería ocupar la información.
Y ahí aparece la paradoja más brutal de esta historia.
Formosa construyó durante años un relato político basado en la idea de ser la provincia de la mejor salud pública del país. Ahora, con Atencia al frente, la sensación que queda es que aquella consigna podría estar siendo reemplazada por otra mucho más irónica: de la mejor salud del país a la mejor inmobiliaria del país.
Porque médicos faltan. Especialistas faltan. Equipamiento necesita mantenimiento. Guardias están saturadas. El interior pierde capacidad de respuesta. Los camiones sanitarios permanecen estacionados.
Y, sin embargo, los cargos aparecen. Los nombramientos aparecen. Las estructuras políticas aparecen. Y los negocios inmobiliarios, al menos según las versiones que circulan, también aparecen.
Quizás Atencia no haya venido a solucionar el ciento por ciento de la salud. Quizás haya venido a administrar el achique. Y eso explicaría muchas cosas. Explicaría por qué los que trabajan sienten que son castigados. Por qué los que se quedan soportan cada vez más carga. Por qué los especialistas se van. Por qué el interior pierde servicios. Por qué las guardias se saturan.
Y por qué un sistema que durante años fue presentado como orgullo provincial empieza a parecerse, cada vez más, a una estructura sostenida por la inercia.
El problema, entonces, no es solamente Atencia. El problema es quién decidió que éste era el camino. Porque un ministro puede recortar. Puede reorganizar. Puede desplazar. Puede nombrar. Pero detrás de cada decisión existe una conducción política.
Y en Formosa esa conducción tiene un nombre y una historia demasiado larga como para atribuirle todos los problemas a un ministro que llegó ayer.
Si el gobernador quiere seguir hablando de la “mejor salud pública del país”, tendrá que mirar primero lo que ocurre en sus hospitales. Porque la salud pública no se mide por la cantidad de discursos. Se mide por cuántos médicos hay. Cuántos especialistas atienden. Cuántas ambulancias llegan. Cuántos servicios funcionan.
Cuánto espera un paciente. Cuánto tarda una derivación. Y cuántos profesionales todavía quieren quedarse.
El resto es propaganda.
Y los hospitales, por suerte, todavía no aprendieron a mentir.
